Obstruyó Corral investigación de caso Miroslava

Chihuahua— A cinco años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, la obstrucción de la investigación por parte de la autoridad durante el quinquenio de Javier Corral, fue la constante al igual que la negativa para informar los avances de la misma y entregar la carpeta de investigación a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. 

Así se puede constatar en los posicionamientos que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica hicieron a lo largo del quinquenio pasado, en el que le pedían no sólo respetar el derecho de la familia a conocer el avance de la investigación, sino también permitir el actuar del Poder Judicial con libertad y respetar el derecho a la justicia pronta y expedita.

Hoy en día, el homicidio sigue sin resolverse del todo ya que, según la organización Propuesta Cívica, no hay policías suficientes para detener al resto de los involucrados y las indagatorias contra los actores políticos señalados han sido aparentemente abandonadas. 

Aunado a lo anterior, el vehículo utilizado por los delincuentes el día del asesinato permanece expuesto en un cajón común de estacionamiento en las instalaciones del C-4 en esta ciudad.

El auto de la línea Malibu color gris con placas ELH 8406 –una de las dos unidades usadas por los sicarios antes y después de perpetrar el crimen–, está “abandonado” y al alcance de todos en las instalaciones del complejo de seguridad en la capital del estado, cuando en teoría dicha unidad tendría que estar resguardada en un corralón como evidencia.

Según las indagatorias de la Fiscalía, dicho vehículo fue empleado por los delincuentes para hacer “rondines” por las calles aledañas a la casa de la periodista, desde dos días antes de concretar el homicidio. Posteriormente, se localizó en un domicilio ubicado en la calle Torres numeral 1914 de la colonia Villas del Rey.

Actualmente el mismo auto “con cola de pato, una calcomanía en el medallón trasero y una base de antena negra”, que según los agentes visualizaron al interior de una cochera luego de subirse a un tambo, está prácticamente al aire libre. Los detalles de la investigación, en contraparte, habrían sido guardados celosamente, según fuentes extraoficiales de la Fiscalía, al grado de que no toda la información llegó a manos de la Feadle.

Han pasado mil 825 días desde el jueves 23 de marzo de 2017, cuando Miroslava fue asesinada a balazos al salir de su casa. Tras un proceso lento en el que el Estado –bajo el mandato de Javier Corral– parecía no tener la intención de resolver el homicidio, sólo dos personas han sido procesadas y sentenciadas por el asesinato. Hay dos órdenes de aprehensión vigentes contra un líder del narcotráfico y su sobrino, pero no han sido ejecutadas debido a la falta de voluntad política y la incapacidad operativa de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión.

Además, señaló Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica –que ha acompañado el proceso de búsqueda de justicia para Miroslava–, pendiente está también la investigación en torno a los actores políticos que habrían sido parte del entramado criminal que culminó con la muerte de Miroslava. Allí tampoco se advierten avances.

En el Cereso de Aquiles Serdán, según confirmó la Fiscalía General del Estado, Juan Carlos Moreno, alias “El Larry”, y Hugo Schultz purgan una condena de 50 y 8 años respectivamente, en tanto que el autor intelectual de su muerte, señalado por la Feadle como Crispín Salazar, líder de “Los Salazar”, aún no ha sido llevado ante la justicia, al igual que los personajes de extracción panista ligados al exgobernador Javier Corral que presuntamente habrían “puesto” a Miroslava en manos del crimen organizado y luego de eso continuaron bajo el cobijo de la función pública.

En entrevista con El Diario de Chihuahua, Sara Mendiola dijo que el reclamo de justicia continúa y se mantendrá así hasta que todos los involucrados sean llevados ante un juez, sin embargo, más allá de las sentencias mencionadas, no hay avances.

“Seguimos con el reclamo y la exigencia a la Feadle para que ejecuten las órdenes de aprehensión contra un coautor material de nombre Jaciel N. y contra el autor intelectual que fue identificado también ya por las investigaciones como responsable de ordenar el crimen. Falta que se ejecuten las órdenes de aprehensión, que se lleven ante los tribunales, para que lleven un juicio, pero no ha habido avances porque al no ejecutar las órdenes los procesos no pueden empezar. Respecto a las líneas de investigación de los políticos probables involucrados, no hay más avances”, indicó.

Cuestionada respecto al motivo por el cual el caso se encuentra “estancado”, Mendiola hizo alusión específica a dos factores: la incapacidad operativa y la falta de voluntad política de las instituciones procuradoras de justicia. No hay policías suficientes para que la Feadle busque a los culpables y los detenga.

“Que no hayan ejecutado las órdenes de aprehensión obedece a un tema de voluntad política y capacidad operativa. La Feadle no tiene la capacidad operativa para generar esa ejecución de órdenes de aprehensión, no tiene el personal suficiente para generar operativos de esta magnitud”, dijo.

Continuó: “Este tipo de acciones, ejecutar órdenes de aprehensión contra sujetos con este perfil, requiere de una estrategia conjunta de otras dependencias del Estado mexicano. Tendría que haber auxilio de otras autoridades como la Guardia Nacional, una labor de inteligencia, y eso ya no depende del titular de Feadle sino de la FGR y, lamentablemente, advertimos que no hay voluntad política para sacar el caso de Miroslava de la impunidad, porque mientras todos los partícipes no sean llevados ante los tribunales de justicia, este caso nunca dejará el cajón de la impunidad”.

En lo que respecta a los actores políticos, ligados con Javier Corral y cuya participación se habría dado a sabiendas de quiénes eran los agresores y el riesgo que representaban, la entrevistada señaló que la investigación continúa, sin embargo, tampoco hay avances.

“La investigación sigue abierta, en las líneas de investigación de la Feadle no se advierten nuevos actos, medidas probatorias que pudiesen reforzar una probable responsabilidad contra estos actores políticos, y frente a esto la Fiscalía no puede iniciar un proceso contra estas personas sin pruebas”, expresó.

La Fiscalía del Estado, a través de la oficina de Comunicación Social, dijo que la investigación quedó en manos de la FGR y la carpeta conformada de manera local fue entregada a dicha dependencia federal. 

Por el momento, las dos personas sentenciadas cumplen su condena en el Cereso número 1 de Chihuahua, de donde se rumoró que podrían haber sido trasladadas a un Cefereso, sin embargo, tanto la directora de Propuesta Cívica como la Fiscalía confirmaron su permanencia.

“Hasta donde sabemos siguen cumpliendo su sentencia en el mismo centro penitenciario donde fueron recluidos desde el inicio. Hugo Schultz fue condenado a través de un procedimiento abreviado, que implica la renuncia a un juicio oral y poder controvertir mediante pruebas la acusación de la Feadle. Lo que concede un procedimiento abreviado es una reducción de años en la condena, pero ese beneficio ya está aplicado, tiene que cumplir con los ocho años ordenados por el juez”, señaló.

EL PASO A PASO

Un asesinato impune

*El 23 de marzo de 2017, según se asentó en el informe oficial, Miroslava salió de su casa ubicada en la colonia Infonavit Nacional, en su camioneta Renault Duster color guinda. Allí fue interceptada por un sujeto identificado como Ramón Andrés Zavala Corral, quien disparó un arma calibre .38 en múltiples ocasiones al pecho y cabeza de la periodista. 

Las balas se alojaron en su mayoría en la cabeza y el lado izquierdo del pecho. Se “ensañaron con ella”, dicen testigos que la vieron de cerca. Eran las 6:53 de la mañana y su muerte fue instantánea. El agresor huyó junto a sus compañeros utilizando para ello dos vehículos, uno de ellos era el Malibu gris.

Semanas antes, Miroslava había publicado la vinculación existente entre candidatos a alcaldes, tanto del PRI como del PAN, con el grupo de “Los Salazar”, ligado al Cártel de Sinaloa.

Dos meses después, el 23 de mayo, las investigaciones estaban empantanadas, por lo que organismos como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica (PC) demandaban resultados. No había detenidos u órdenes de aprehensión, a pesar del discurso adoptado por las autoridades locales en el que aseguraban tener identificados a los autores materiales e intelectuales. “Esto genera una seria desconfianza en las instituciones de Chihuahua”, señalaron.

*El 3 de noviembre de 2017, casi ocho meses después del deceso, las mismas agrupaciones expresaron su preocupación ante la resistencia de la FGE de Chihuahua, para transparentar la investigación. Denunciaron haber encontrado que la Fiscalía había preferido litigar el caso en los tribunales locales antes que dar el acceso a los familiares a la carpeta de investigación y resultados de la misma. La Fiscalía inclusive interpuso un recurso de revisión ante el amparo (1137/2017) otorgado a la familia para conocer la investigación, como una vía para retardar el acceso al expediente.

*El 19 de diciembre de 2017 se tomó nota del homicidio de Ramón Andrés Zavala Corral, en El Zapote, cerca del ejido El Sombrerito del Municipio de Álamos, Sonora, a 109 kilómetros de Chínipas. Faltaban pocos días para cumplirse nueve meses del homicidio de la periodista. Reporteros Sin Fronteras dijo en aquel momento que lamentaba que el presunto autor material hubiese sido asesinado antes que ser detenido, cuando las autoridades conocían de su identidad y paradero desde hacía seis meses. 

“¿Para quién y por qué fue mejor asesinarlo, antes que llevarlo a la justicia?”, cuestionó.

*El 25 de diciembre de 2017 fue detenido en Sonora Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, como uno de los autores materiales del homicidio de Miroslava. La detención se dio tras un operativo conjunto entre autoridades locales y federales.

*El 28 de diciembre los organismos antes mencionados hicieron un extrañamiento a la FGE de Chihuahua por la falta de legalidad en el caso. Reconocieron la relevancia de la detención de uno de los presuntos responsables del homicidio y pidieron que se investigara a fondo el vínculo entre el poder político y el crimen organizado, que fue el motivo del asesinato de la periodista. Manifestaron de nuevo preocupación ante el hecho de que la Fiscalía seguía obstaculizando los derechos de los familiares.

*El 24 de marzo de 2018, tras un año del asesinato, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras pidieron a la FGE dejar de obstruir el derecho de las víctimas y permitiera que el Poder Judicial hiciera su trabajo. Señalaron el retraso de la entrega de la carpeta de investigación a la Feadle, además de que, a esa fecha, ninguna de las partes involucradas había podido tener conocimiento pleno de los avances, pues la Fiscalía obstaculizó el acceso a la misma.

“Desconcierta el interés desmedido con que las autoridades locales quieren seguir ocultando la investigación que han presumido de ejemplar. ¿A qué le teme la Fiscalía chihuahuense, si su trabajo es ejemplar?”, cuestionaron de nuevo.

*El 26 de marzo de 2019, transcurridos 24 meses de la muerte de Miroslava, las organizaciones civiles en mención denunciaron la inexistencia de sentencias condenatorias contra los responsables, sólo un acusado en prisión preventiva, una orden de aprehensión pendiente de ejecutar, un tercer participante asesinado y ninguna identificación del autor intelectual. Las líneas relacionadas con la narcopolítica no habían sido agotadas y las acciones dirigidas a obstaculizar el curso de la investigación continuaban.

*El 10 de diciembre de 2019 se dio a conocer la fecha en la que iniciaría el juicio contra Juan Carlos Moreno Ochoa. Tras un año de postergarse, sería el 17 de febrero del 2020, convirtiéndose en el primer juicio oral realizado por el homicidio de un periodista. El juez reconoció que el Estado había vulnerado el derecho a la justicia pronta y expedita. El procedimiento estuvo suspendido alrededor de cinco meses por recursos legales interpuestos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la defensa del acusado.

*El 18 de marzo de 2020, casi tres años después de la muerte de Miroslava, el juez Néstor Pedraza Sotelo emitió fallo condenatorio contra Juan Carlos Moreno Ochoa. La decisión del juzgador se dio luego de un mes de juicio oral durante el cual comparecieron 62 testigos. Tanto la Feadle como Propuesta Cívica solicitaron al juez la imposición de 70 años de prisión.

*El 22 de agosto de 2020, Juan Carlos Moreno Ochoa fue sentenciado a 50 años de prisión por un juez federal, quien determinó que el delito se cometió con las agravantes de premeditación y alevosía ordenando la permanencia de Moreno Ochoa en el Cereso de Aquiles Serdán.

*El 17 de diciembre de 2020, la Feadle cumplimentó la orden de aprehensión contra Hugo Schultz, a quien se le imputaba su probable participación como auxiliar al autor intelectual y autores materiales en el homicidio de Miroslava. A él se le atribuía la probable facilitación de información al grupo de delincuencia organizada que ordenó y ejecutó el homicidio. 

*El 22 de diciembre de 2020 una jueza de Control dictó auto de vinculación a proceso a Hugo Schultz. La juzgadora determinó que existían datos de prueba suficientes que el Código Nacional de Procedimientos Penales establecía para la vinculación de dicha persona.

*El 15 de junio de 2021, el exalcalde de Chínipas Hugo Amed Schultz fue sentenciado como partícipe auxiliador en el homicidio de Miroslava Breach. Se le condenó a ocho años de prisión, la reparación integral del daño, consistente en la compensación económica y una disculpa pública de viva voz.

Alerta por inseguridad

México, el más mortífero para la prensa

Desde hace tres años, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en asesinato de periodistas, por arriba de países que enfrentan conflictos armados. El problema se agrava cuando la impunidad prevalece. Además, los asesinatos de miembros de la prensa están llevando a un oscurantismo informativo cada vez mayor.

“Suena terrible y es terrible. Un contexto demasiado atroz, lamentable para la prensa. México sigue lastimosamente ocupando el primer lugar en el mundo como el país más mortífero para los periodistas. Todavía en 2017 y 2018 hablábamos que Siria y Afganistán estaban por arriba de México, que ocupaba el tercer lugar. Por tres años consecutivos, México superó a estos dos países que están en un conflicto armado, mientras que nosotros estamos en una democracia aparente y que suceda esto, que la prensa esté viviendo esta violencia sistematizada, pone en riesgo no sólo la vida de los periodistas en el país, sino también a la sociedad. Esta última pierde mucho en el acceso a la información”, dijo.

“Desde que asesinaron a Miroslava –prosiguió– no sabemos más de la narcopolítica en Chihuahua, que ella denunció públicamente a través de sus investigaciones, y que desgraciadamente es por eso que la asesinan. Antes hablábamos de que Tamaulipas era una zona silenciada donde ya no había periodismo de investigación, de denuncia, y ahora vemos que ya no sólo es Tamaulipas, hay diversos estados que se están convirtiendo en zonas de silencio, periodistas que están prefiriendo callar sus investigaciones para proteger su vida, su integridad y la de sus familias”.

El periodismo en territorio nacional vive bajo la sombra de la muerte y de la impunidad. Los entes procuradores de justicia se muestran indolentes ante los delitos contra la prensa, dando como resultado un mensaje casi de libertad para que los criminales actúen.

“El periodismo vive en amenaza. Estamos en una situación en la que los periodistas están replegados ante la amenaza constante de muerte y, frente a esto, lastimosamente también tenemos los altos índices de impunidad”, indicó.

“Las fiscalías del país no están ejerciendo investigaciones efectivas que conlleven a identificación tanto de autores materiales como de autores intelectuales, y frente a esto no hay un mensaje claro de las autoridades a los criminales. El mensaje sigue siendo: agredir a un periodista en México no tiene un costo de justicia. Tenemos más del 98 por ciento de impunidad tratándose de asesinatos de periodistas y en el delito de desaparición de periodistas la impunidad es del 100 por ciento. En nuestro país no se ha esclarecido un solo caso de periodistas desaparecidos. Frente a una violencia sistemática contra la prensa tenemos fiscalías inservibles, inoperantes, indolentes para atender este tipo de delitos cometidos contra periodistas”, aseguró.

En este escenario, y tras los múltiples factores en contra que se han tenido en el camino de búsqueda de justicia para Miroslava, incluida la negativa del Estado a informar a la familia y la presunta intromisión de éste denunciada por las agrupaciones defensoras de periodistas, ¿qué se puede esperar entonces?

“Seguiremos haciendo esa exigencia ante la Feadle, ante la FGR, para que realicen las labores que les corresponde realizar, labores de inteligencia para localizar geográficamente a estas personas y ejecutar las órdenes de aprehensión. Sabemos que los contextos son difíciles, que hablamos de un líder del narcotráfico y su sobrino y que esto hace mucho más difícil la localización geográfica y la posible ejecución, pero eso no tiene por qué ser un obstáculo para que la FGR no haga lo que le corresponde hacer. No queremos que la Feadle se dé por bien servida con las dos sentencias que ya existen. Faltan dos más y tienen que ir por ellos”, enfatizó Mendiola.

El contexto laboral para los periodistas en México es adverso, no sólo por los criminales reconocidos como tales, sino por la indiferencia social –convertida también en un factor de agresión– y el discurso oficial que alienta la violencia contra la prensa.

“A la sociedad me gustaría decirle que la indiferencia también mata y cada vez que agreden a un periodista, los amenazados y agredidos también somos la sociedad. Como decía Javier Valdés: el periodismo en México camina solo, porque no hay una sociedad que lo acompañe”, puntualizó Mendiola.

Continuó: “Creo que como sociedad tenemos esa deuda con los periodistas, personas que arriesgan su vida, su integridad, por obtener la información, por investigar y por informar a su sociedad y creo que el periodismo en este país no está valorado por la sociedad. Y frente a este olvido social también se suma el discurso político actual que encabeza el presidente de la República y que genera aún más un contexto de violencia, discriminación, desconfianza social ante los periodistas y la labor que realizan. El presidente tendría que hacer un alto a los discursos de odio, estigmatizantes, que los expone a más inseguridad y violencia ya que su labor y deber como mandatario de un Estado sería defender a los periodistas, porque no se puede entender la conformación y fortalecimiento de una democracia sin periodistas”.

Agregó que también es necesario señalar que las autoridades, las fiscalías, tienen que cumplir con su deber, ya que pareciera que frente a la incapacidad del Estado mexicano para poner un alto a los crímenes contra periodistas, ahora lo que está generando son investigaciones tan rápidas que generan desconfianza.

“Nos preocupa si realmente las investigaciones se están generando de manera seria y sin actos corruptos y si realmente los detenidos son los responsables materiales de los homicidios. De repente pareciera que las fiscalías ya investigan y lo hacen de una manera muy efectiva y expedita, pero es la otra cara que nos empieza a preocupar, si verdaderamente estas investigaciones están apegadas a la realidad o son fabricaciones de las propias autoridades para tener una respuesta discursiva y decir que los crímenes están saliendo de la impunidad. No habrá impunidad, dijo el presidente López Obrador”, expresó.

“También señalar que los casos no dejan esa categoría de impunidad hasta que todos los que participaron en el crimen, tanto en la ejecución como en la planeación, son llevados ante la justicia, sólo en ese momento podremos hablar de que no existió impunidad”.

Según informes de Propuesta Cívica, durante el actual sexenio se han registrado 51 asesinatos de trabajadores de medios de comunicación. Además del registro de homicidios, la agrupación también ha dado cuenta de desapariciones, amenazas, criminalizaciones y acoso judicial del que son objeto los trabajadores de los medios de comunicación.

“Creemos que documentar el contexto de violencia que enfrentamos forma parte de un trabajo de memoria y lucha contra el olvido que como organización asumimos”, indicó.