‘Proceso está plagado de errores’

El magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, acusó al gobernador Javier Corral de estar al frente del proceso de desafuero que se prepara en su contra y consideró que el procedimiento está plagado de errores porque se aplica retroactivamente una ley en su perjuicio, con un tribunal no establecido previamente y con reglas inexistentes. 

“Me hubiera retado al golf (Javier Corral), al tenis, a correr, a escupir o a lo que fuera pero no términos legales. Eso no era… el sufrimiento en que tiene a mi familia, eso me lo va a pagar completito”, afirmó el magistrado. 

Ramírez indicó que el lunes de la semana pasada fue emplazado del proceso que el Congreso del Estado emprende pero por parte de personal sin fe pública y que le dejó un disco que presuntamente contenía las pruebas en su contra pero que está vacío, por lo que consideró que lo dejaron sin medios de defensa. 

El magistrado Ramírez Alvídrez está acusado de haber incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito y el procedimiento lleva la comisión Jurisdiccional que preside la diputada del Partido Acción Nacional, Georgina Bujanda, e integrada por René Frías, diputado de nueva Alianza y actual presidente del Congreso del Estado; Rosa Isela Gaytán, coordinadora del PRI; Rocío Sarmiento, de MC, y Misael Máynez, del PES.

Da a conocer su patrimonio

Ramírez indicó que él es propietario de una casa en la ciudad de Chihuahua que adquirió en 3 millones 050 mil pesos, un terreno rústico en Cuauhtémoc de menos de una hectárea, comprado en 160 mil pesos; un terreno urbano también en Cuauhtémoc en el fraccionamiento El Campestre, así como dos automóviles Audi modelo 2018 que dice debe. 

Por lo que aseguró que su patrimonio es de 8 millones de pesos y afirmó que durante su desempeño como funcionario público ha obtenido cerca de 10 millones de pesos, por lo que consideró que su patrimonio está de acuerdo con sus ingresos. 

Ramírez fue diputado por el PRI de 2010 a 2013, también representante del entonces gobernador César Duarte Jáquez ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de 2013 a 2014 y desde el 2014 magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua. 

El magistrado indicó que en todo este período presentó sus declaraciones patrimoniales de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Pero, señaló, desde el 2017 es perseguido tras ganar dos controversias constitucionales y un amparo que le permitieron volver al cargo después de que trataron de removerlo. 

“Yo antes de llegar aquí era secretario del Ayuntamiento, no estaba tan pendejo ni era tan pobre, sí tenía más o menos con qué. Ellos dicen que yo tenía una casita allá en Cuauhtémoc, en la calle París. Esa casita ahora es una guardería… no, era una casa grande, bonita, ahí tenía mi despacho. De ganar lo que ganaba a ganar lo que gané y lo que le dan a un diputado claro que mi vida cambió y mucho. Pero mucho, viera qué bonito”, expresó.

Va contra diputados

El magistrado de la Primera Sala Penal presentó una recusación contra los diputados Bujanda y Frías al considerar que existe un conflicto de interés porque ella se desempeñaba como secretaria ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Frías “no es imparcial”. Además calificó a los diputados de ignorantes. 

“Yo para juzgar veo los hechos, lo que dice la ley, lo que se interpreta de la ley, la jurisprudencia, la jurisprudencia internacional, tratados internacionales, lo que dicen las cortes, los principios generales del Derecho y luego tomo una decisión. Usted cree que estos pobres saben de esas cosas, si van a tomar una decisión jurisdiccional, cree que le entienden. Cuando les dije que estaban aplicando una ley retroactiva no saben qué es, no saben que es un Tribunal previamente establecida no saben que no puede haber una ley que sea regresiva que tiene que ser progresiva… son ignorantes”.