Prioridad del Gobierno federal es militarizar al país, señala Causa Común

El proyecto de Presupuesto 2021 del Gobierno Federal, en términos de seguridad, le apuesta a la militarización del país, aumentando el presupuesto para las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y reduce en términos históricos los subsidios en seguridad para los estados y los municipios, dio a conocer el organismo Causa en Común. 

Dicho documento establece que para la Secretaría de la Defensa Nacional, el incremento sería del 15.7 por ciento, superando los 112 mil millones de pesos y, para la Secretaría de Marina, de 2.1 por ciento, rebasando los 35 mil millones. 

Además, la Guardia Nacional, que es una extensión de las Fuerzas Armadas, tiene asignado casi 36 mil millones, un aumento de 17.7 por ciento, lo que equivale al presupuesto de la Secretaría de Marina. 

Sin embargo, una de las principales fuentes de financiamiento para la seguridad en los estados y municipios son los subsidios del Gobierno federal: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun, fondo general del cual se pueden ocupar recursos para seguridad) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg). 

El organismo nacional mencionó que desde el inicio del actual gobierno, estos subsidios (FASP, Fortamun y Fortaseg) se han reducido año con año, o han registrado incrementos marginales que no permiten fortalecer las capacidades de las policías locales. 

En este sentido el proyecto de Presupuesto 2021, mantiene al FASP en términos reales, mientras que el Fortamun se reduce en un 4.6 por ciento, mientras que en el caso de Fortaseg no aparece etiquetado en el proyecto de presupuesto, lo que significaría que 300 municipios del país dejarían de recibir 4 mil millones de pesos, esto significa que, por primera vez, un gobierno federal define claramente el abandono de las policías locales del país. 

También son graves las reducciones presupuestales para el Sistema Penitenciario Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de -0.8, -4.7 y -13.4 por ciento, respectivamente. 

Resulta inadmisible que, en el actual contexto de violencia, y considerando la debilidad en que se encuentran tanto la CEAV como la CNDH, se insista en su destrucción. 

Causa en Común señaló que en lo referente a seguridad, el Gobierno federal acelera sus definiciones esenciales: militarización extrema, abandono de las policías locales, olvido de víctimas y desprecio por los derechos humanos. 

Por lo anterior reiteraron que la militarización es incompatible con nuestra democracia y no resolverá la crisis de inseguridad; que la opción larga y costosa, pero viable, es el rescate y fortalecimiento de las policías; que ninguna definición de seguridad funcionará sin una auténtica política social y de prevención; y que la atención a víctimas y la defensa de los derechos humanos no son optativos, sino obligación de cualquier gobierno en nuestro país. 

En cuanto al Fortaseg cinco municipios del estado de Chihuahua recibirán más de 100 millones de pesos del subsidio, según el presupuesto de 2020, recurso que no será entregado para el año siguiente al desaparecer el rubro. 

El actual recurso comprende una cantidad de 3 mil 921 millones 700 mil pesos, que se distribuye entre cada uno de los doscientos ochenta y seis (286) municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México seleccionados como beneficiarios. 

Los municipios del estado de Chihuahua que son beneficiados con el Fortaseg son ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Delicias, cuyos alcaldes acudieron a la ciudad de México. 

La ciudad fronteriza recibirá 35 millones 611 mil 273 pesos, Chihuahua 25 millones 904 mil 970.40 pesos, Cuauhtémoc podrá recibir hasta 11 millones 723 mil 725, Parral 11 millones 489 mil 32 y Delicias tendrá 9 millones 561 mil 995. 

Estos recursos son de acuerdo a Población; Estado de Fuerza; Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales; Tamaño del Problema; Eficiencia en el Combate a la Delincuencia; Capitalidad, y Contención de resultados.