Pide EU en un solo documento vigencia de cargos y alegatos de extradición

El Gobierno de Estados Unidos busca que la Corte para el Distrito Sur de Florida resuelva de manera conjunta la solicitud de extradición a México del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez y sobre la vigencia o no de los cargos que se le imputan.

Esto, luego de que el pasado 30 de septiembre la defensa del exmandatario chihuahuense introdujo una moción para solicitar que la Corte desestime la petición de extradición, argumentando que varios de los cargos que se le atribuyen están prescritos.

“Ocho cargos de peculado y un cargo de asociación para delinquir están prescritos por el estatuto de limitaciones mexicano, y nueve cargos de peculado, incluidos dos no prescritos por el estatuto de limitaciones mexicano, están prescritos por el estatuto de limitaciones de los Estados Unidos”, indica el alegato de la defensa, introducida el pasado miércoles.

“Debido a que el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México requiere que los cargos subyacentes sean oportunos según las leyes de ambos, la demanda de extradición debe ser desestimada en cuanto a todos los cargos”, agrega la petición.

Ayer, el Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte un calendario “consolidado” de los alegatos finales en el procedimiento de extradición, y responder a los nuevos argumentos del chihuahuense en un solo documento.

“Debido a que la audiencia final de extradición le dará al Tribunal la oportunidad de pronunciarse sobre todas las defensas de certificación, no hay necesidad de una sesión informativa separada y/o una audiencia separada para resolver la moción de desestimación”, indica la posición de la parte acusadora.

“Por tanto, el Gobierno propone que esta Corte consolide el recurso de sobreseimiento (…) con el proceso final de extradición, donde la Corte considerará todas sus defensas”, agrega la moción de ayer, que también señala que la audiencia final es la única considerada en el marco legal del acuerdo de extradición.

Los argumentos de los abogados de Duarte señalan que, por ejemplo, el Código Penal de Chihuahua castiga el delito de peculado con seis meses a cuatro años de cárcel, siempre y cuando las cantidades sean menores a 500 salarios mínimos, en cuyo caso la pena aumenta a ocho años.

“Siete de los diez cargos de peculado suman menos de 500 salarios mínimos, por tanto, el plazo de prescripción es de tres años”, afirma el documento presentado por el despacho Bell Rosquete Reyes Esteban.

“En cuanto al estatuto de limitaciones de Estados Unidos aplicable a los cargos contra el señor Duarte, la investigación es mucho más simple. Para todos menos algunos delitos no capitales, el Gobierno federal impone un estatuto de limitaciones general de cinco años”, agrega.

El Gobierno de Chihuahua acusa a César Duarte de asociación delictiva y peculado por el presunto desvío de 96.6 millones de pesos de recursos públicos que, de acuerdo con los cargos, entre 2011 y 2014 fueron a parar a dos compañías ligadas al exmandatario.

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