Opta Trump por unilateralismo migratorio

Washington— La Administración del Presidente Donald Trump avanza en su agenda de control migratorio de manera unilateral, forzando acuerdos sin concesiones en el plano internacional, frente a países como México, así como en el plano interno haciendo a un lado al Capitolio.

Desde el inicio de su Presidencia, la política migratoria de Trump ha estado marcada por cambios unilaterales en forma de regulaciones, memorandos y decretos, y en los últimos 4 meses el Mandatario optó por presionar en el exterior de la misma manera: forzando a otros países a limitar migración sin otorgar algo a cambio.

"Es muy difícil para un sólo país contrarrestar las amenazas (de Estados Unidos) dado que no es una negociación multilateral", señala Cristobal Ramón, analista senior especializado en temas de migración en el Bipartisan Policy Center.

Entre junio y julio, Trump logró, bajo amenazas de imponer aranceles a mercancías mexicanas, que México aceptara un pacto para frenar la migración desde Centroamérica y que el Gobierno guatemalteco aceptara, en principio, albergar a solicitantes de asilo de otros países en su territorio.

Originalmente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró tras el acuerdo para endurecer las medidas de control migratorio mexicanas que sólo si estas fracasaban México avanzaría a una discusión regional sobre asilo para que todos los países tomaran responsabilidad.

En los hechos, Trump no esperó a Ebrard, e inició contactos de forma individual con las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica y otras como Colombia y Panamá buscando -como logró en el caso guatemalteco- la retención de migrantes en territorios antes de dejarlos avanzar hacia EU.

"(El Gobierno mexicano) no ha aprovechado esa oportunidad y pienso que es una oportunidad perdida, porque si Trump continúa tomando estas conversaciones uno a uno, la ventana... para llegar juntos en una base regional, una base multilateral se va a estrechar", advirtió Ramón.

Este 10 de septiembre, el canciller Ebrard sostendrá un encuentro bilateral con el Secretario de Estado Mike Pompeo en Washington, donde abordarán los resultados de las estrategias de control en la frontera México-Guatemala y la frontera México-EU.

Con las cifras finales aún pendientes, EU comunicó ya al Gobierno mexicano que sus estimaciones son que el número de migrantes arrestados o declarados inadmisibles en agosto sería de entre 60 mil y 65 mil, lo que significa 45 por ciento de reducción desde el pico de mayo.

Tras el acuerdo, Trump aceleró además por la vía unilateral la expansión del programa de devolución de solicitantes de asilo de terceros países a territorio mexicano, conocido como Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) sumando más de 37 mil migrantes este año.

De acuerdo con un análisis de Human Rights First, organización civil de apoyo a los solicitantes de asilo, el ritmo de devolución bajo el MPP antes del acuerdo de junio entre Ebrard y Pompeo era de 213 retornos al día acelerándose en agosto hasta 473.

El unilateralismo en materia migratoria de la Administración Trump también está presente en el plano doméstico donde, desde su inicio en enero de 2017, ha pasado por encima del Congreso para buscar limitar no sólo la migración indocumentada sino la legal.

En una de sus primeras acciones que deberá decidir la Suprema Corte, Trump canceló en 2017 el Programa de Acción Diferida para jóvenes indocumentados (DACA), creado por el presidente Barack Obama en 2012 que hoy protege de la deportación y da empleo a 535 mil mexicanos.

Pero más allá de los indocumentados, Trump ha modificado cientos de regulaciones, órdenes ejecutivas y memorandos para atacar el núcleo fundacional de la política migratoria de EU desde 1965: la migración por lazos familiares de la que millones de mexicanos se han beneficiado.

"Todo palidece frente al potencial que tiene una medida para reducir el número de personas que puede traer a sus familiares para reunificación", comenta Charles Wheeler, el director de la Red Católica de Acción Legal para Inmigración (CLINIC, en inglés) un grupo pro-migrante en EU.

Aproximadamente, 66 por ciento del 1.1 millón de personas que obtienen una Tarjeta de Residente Permanente en EU - "Green Card" en inglés- la obtiene por lazos familiares; del total que obtuvieron tal estatus en 2017, 170 mil eran personas nacidas en México, el país con más presencia.

Sin apoyo suficiente en el Congreso para una reforma que limite la inmigración por lazos familiares, Trump empuja ahora otras medidas como una nueva regulación programada para iniciar en octubre que limitaría la entrada de personas pobres a EU que no puedan probar que no serán carga pública .

"Creo que este es el cambio más fuerte: Cuando uno ve la regulación final sobre carga pública, se ve un potencial para eliminar a todas las personas de bajas calificaciones que de otra manera no habrían podido volverse inmigrantes (legales a EU)", dijo Wheeler sobre la nueva regulación.

De acuerdo con cálculos del Migration Policy Institute, 69 por ciento de los migrantes legales mexicanos no lograrían superar el umbral económico para demostrar que no serían una carga pública; la nueva regulación establece un umbral de 250 por ciento de la línea de la pobreza en EU.

Según el mismo análisis, el potencial de mexicanos que en 2017 no superarían el umbral de pobreza establecido en la nueva regla serían alrededor de 205 mil mexicanos.

A decir de fuentes oficiales, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador aún estudia la posibilidad de apoyar por la vía legal con un recurso de Amicus Curiae (Amigo de la Corte, en español) alguna de las demandas de grupos y Estados contra la regulación de carga pública.

Desde diciembre de 2017, la Administración del entonces Presidente mexicano Enrique Peña Nieto presentó un recurso de Amicus Curiae ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para apoyar una demanda de diversos Estados de EU que busca evitar la cancelación del programa DACA.