‘Mataron a mi hijo para quedarse con nuestra tierra’

Chihuahua— El 13 de junio de 2021 Raúl Chávez Palma fue asesinado junto con dos amigos en Santa Cruz, una comunidad situada entre los municipios de Morelos y Guadalupe y Calvo en la Sierra de Chihuahua. Su cuerpo estrangulado y con señales de tortura duró tres días en el interior del vehículo en el que viajaba porque sus familiares no podían acercarse a recogerlo. Los grupos criminales dedicados a la producción de enervantes los obligaron a huir del lugar.

La muerte de Raúl fue el clímax de un conflicto de casi dos décadas de antigüedad y que se recrudeció en los últimos tres años, dejando a la deriva a 56 personas de cinco comunidades colindantes entre los municipios señalados. Las víctimas fueron obligadas a abandonar casas, terrenos y todo tipo de bienes que los presuntos delincuentes tomaron y destruyeron, y se apropiaron de lo que quedaba: la tierra.

A cientos de kilómetros de su lugar de origen, aún con temor, desesperación y frustración ante la inactividad de la autoridad, las familias desplazadas hablan de lo ocurrido, de cómo han tenido que huir, refugiarse en lugares lejanos y ver la vida pasar sin que haya ninguna respuesta positiva para ellos. Mientras tanto, algunos se han refugiado con familiares en comunidades alejadas del lugar de los hechos y otros han tenido que huir debido al temor generado por los agresores.

“Después de matar a Raúl, quemaron las casas con todo lo que había adentro, saquearon la escuela, mataron animales e hicieron todo tipo de destrozos. Son muchas las personas que han corrido de sus casas, a los tarahumaras los han sacado de sus predios, pero no conformes con eso, también se han dedicado a violar niñas indígenas”, dijeron los afectados, cuyos nombres se omiten.

Aseguraron que los agresores son personas (hombres y mujeres) dedicadas a la siembra y trasiego de droga y su intención es amedrentar y correr a la gente del lugar para quedarse con la tierra y darle otro uso, con el cual los ahora expulsados no estaban de acuerdo.

“Quieren correr a la gente para dejar libres las tierras y sembrarlas de droga. Todo allí depende de una persona que los apoya, que no vive allí ni es nacido allí, pero sí es del estado de Chihuahua”, dicen los quejosos, que ahora forman parte de la estadística de despojo y desplazamiento forzado que va dejando la violencia y que, según la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, al cierre del primer semestre del 2021 sumó más de 500 personas.

Según el acta de defunción, fechada el 17 de junio en la Oficialía de Guachochi, Raúl Chávez Palma murió a causa de la “asfixia por ahorcamiento”, pero según los testimonios de quienes ahora están lejos de sus hogares, el hombre de 45 años de edad también recibió impactos de bala y su cuerpo quedó en el interior de un vehículo cerca de un punto denominado “Puerto de los Laureles”, donde aparentemente él y sus dos acompañantes fueron emboscados.

Después de asesinar a los tres hombres, indican los testigos, los agresores fueron a la casa de Raúl y la quemaron con todo lo que había en el interior, pero además se robaron los animales propiedad de la víctima.

“Quemaron otra casa en Puerto Amarillo y otra en rancho Ramírez, luego se llevaron los animales. Esperaron a que estuviera solo para matarlo”, dicen sus familiares, quienes no pudieron acercarse al lugar del asesinato porque los homicidas estaban allí.

“Nos quitaron las tierras, todo, no nos quedó nada. Tuvimos que huir cuando en la radio dijeron lo que había pasado y sólo de lejos miramos que las casas estaban ardiendo. Nadie se acercó a donde estaba Raúl hasta tres días después. Él quedó sentado frente al volante, el segundo hombre cerca de él, pero el tercero estaba afuera de la camioneta, carcomido por los animales”, dicen. 

A pesar de que el problema es añejo, señalan, con el paso del tiempo fue incrementando la presión para que abandonaran las comunidades. A Raúl ya le habían quitado una tienda Diconsa que manejaba, pero también los agresores solían quitarles el agua o en su defecto envenenarla.

Tras lo ocurrido, las familias acudieron a la Fiscalía a denunciar los hechos, sin embargo, hasta el momento desconocen qué medidas se han tomado o si algún día podrán regresar a su tierra.

“La fiscalía no ha hecho nada. Perdimos todo. La mayoría de los afectados se fue a Baborigame, pero otros andan huyendo por miedo y no se sabe dónde quedaron. Son 56 personas de las comunidades Santa Cruz, Puerto Amarillo, Los Ángeles, Sahuárare y Sitárachi. Mientras todos nosotros huimos, ellos viven en sus casas tranquilamente”.

Los quejosos aseguran que la Policía sabe perfectamente quiénes son los agresores porque cuentan con un listado de nombres de los involucrados que, además de los hechos mencionados, se han dedicado a robar a los indígenas.

“Al principio nos apoyaron pero ahorita ya no sabemos cómo está todo. En julio hubo una reunión en Guadalupe y Calvo con nosotros pero sólo llevaron un médico para que nos atendiera. No sabemos qué es lo que va a pasar, si vamos a regresar a nuestras tierras o no. Lo único que queremos es que nos entreguen las tierras. Hay mujeres y niños afectados, mujeres enfermas de los pies que no pueden ni caminar, andan en muletas. Pedimos a la autoridad que se haga justicia porque tenemos miedo de lo que pueda pasarnos si ellos siguen libres y mientras eso pase pues no podremos volver”.

La mayoría son de municipios serranos

Según cifras de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, al cierre del primer semestre del 2021 sumaba un total de 545 personas en condición de desplazamiento forzado, de los cuales el 57.2 por ciento eran mujeres.

El reporte de la dependencia indica que son 233 hombres y 312 mujeres desplazadas por la violencia en el estado en donde se incluyen 43 personas de origen rarámuri, 139 ódamis, 362 mestizos y un menonita.

El documento indica que entre las causas asociadas a estos desplazamientos están los delitos denunciados de homicidio, tentativa de homicidio, despojo, robo, robo de vehículo, fraude, daños, amenazas, lesiones, desaparición y privación de la libertad. 

A lo anterior se suman personas que no denunciaron un delito, en cuyos casos dijeron haber salido de su contexto de violencia e inseguridad en el que percibían que su vida o la de algún miembro de su familia estaban en riesgo.

En lo que respecta al lugar de origen de las víctimas, la mayoría son de municipios enclavados en la Sierra de Chihuahua, aunque también se tomó nota de afectados provenientes de Durango.

De esta forma, 3 personas provienen del municipio de Pueblo Nuevo, Durango; 7 de Los Lirios, Durango, y 11 de Guanaceví, también en Durango. Además, 382 son del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua; 4 de Guazapares, 43 de Uruachi, 9 de Cuauhtémoc, 29 personas de Balleza, 35 de Saucillo, 11 de Madera y 11 más de Morelos.

Las principales localidades de destino de las personas en situación de desplazamiento forzado son Chihuahua capital con 117 casos, la comunidad de Baborigame en el municipio de Guadalupe y Calvo con 142 casos, Hidalgo del Parral con 239 casos, 4 personas emigraron a la localidad de Huejúcar, Jalisco; 16 a Aguascalientes, 14 optaron por Delicias, 5 por El Vergel, municipio o de Balleza y 8 eligieron Camargo, Chihuahua.

Se hace poco por ellos

El pasado 2 de julio del presente año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) recibió una lista de 64 personas (recabada por el ejército) que abandonaron de manera forzada sus comunidades y se encontraban desplazadas en la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.

Posteriormente, el 12 de julio se llevó a cabo el encuentro entre la autoridad y las familias afectadas en las instalaciones del albergue municipal de aquel municipio, recabándose un total de 30 entrevistas únicas, 106 formatos únicos de declaración, con un total de 34 núcleos familiares atendidos. 

Las familias expusieron sus inquietudes, que iban desde la necesidad de contar con seguridad permanente en las comunidades hasta la importancia de contar con una base militar como existía anteriormente. 

Fue reiterativa la necesidad de regresar a su lugar de origen para iniciar la siembra de maíz y frijol; de lo contrario, en el mes de enero no tendrían alimentos. También hablaron sobre la necesidad alimentaria y de ayuda durante el desplazamiento, solicitaron que el programa “sembrando vida” no se suspendiera por el desplazamiento y tener acceso a programas de ayuda. Asimismo denunciaron abusos de autoridades, señalando que habían ingresado a casas haciendo destrozos. 

Sin embargo, hasta el momento es poco lo que se ha hecho por ellos.

Durante dicho evento la gobernadora indígena ódami de San Jerónimo mencionó que había 127 familias de pueblos originarios de 13 comunidades cercanas a Santa Rita que no pudieron salir, ya que no tenían redes de apoyo, pero se vieron obligados a salirse al monte por 2 ó 3 días cuando llegó el operativo de autoridades. Además señaló que se quedaron sin alimento porque no permitían el traslado para surtir la tienda Conasupo. 

Tan sólo en 2019, alrededor de 100 familias (300 personas) fueron obligadas a desplazarse de tres comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, de acuerdo con el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México 2019, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Testimonios de personas desplazadas, así como lo documentado por organizaciones civiles y dependencias estatales, establecen que el principal detonante del desplazamiento forzado en la región es el control del territorio por parte de los grupos que se dedican al tráfico de drogas, mismos que han diversificado sus actividades y ahora también manejan la tala ilegal.