Diario
Estado
viernes, 24 mayo 2019 | 09:35
Chihuahua.- Javier Mario Benavides González, señalado por ejidatarios de Sacramento de adjudicarse ilegalmente de la concesión de un pozo en dicho lugar, se desempeña actualmente como director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la Fiscalía General del Estado; sin embargo, no es el único puesto público que ha ocupado.
En la presente administración también estuvo dentro de la Comisión Estatal de Seguridad, en la cual intentó hacer modificaciones respecto al ataque al crimen con prevención y no con armas.
Benavides González fue también comisionado de Seguridad Pública en Juárez a finales de la década de los noventa, aunque previamente, entre 1996 y 1997 fue Coordinador de delegaciones foráneas de Tránsito del Estado; en 1995-1996 fue coordinador de Operativos del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y Subdirector de la Policía Municipal de Chihuahua entre 1983 y 1986, entre otros.
Miembro activo del Partido Acción Nacional desde 1979. Llegó a la presidencia del Comité Municipal del PAN en 1986 participando activamente en la Resistencia Civil de ese año. Benavides González ha sido objeto de diversas acusaciones públicas por presuntos vínculos con el ámbito delictivo, siendo uno de los casos más sonados el relacionado con Antonio Pinedo Cornejo, quien encabezó hasta hace unos meses la Coordinación de Comunicación Social del Estado.
En el año 2000, Pinedo, que entonces era director de la revista Semanario, y Luis Villagrán uno de sus reporteros, fueron detenidos acusados por Benavides del delito de difamación y calumnias, por la difusión de un reportaje donde se relataba cómo policías municipales al mando de Benavides escoltaban cargamentos de droga con destino a los Estados Unidos.
El expediente se consignó a la juez Cuarto de lo Penal, María Catalina Ruiz Pacheco, quien solicitó una orden de aprehensión en contra de Pinedo quien fue puesto en libertad al día siguiente con el depósito de una fianza de 15 mil pesos. Villagrán pagó una caución similar, pero él compareció de forma voluntaria ante la juez que ordenó su arresto.
Finalmente el denunciante otorgó el perdón y retiró la acusación en los primeros días de octubre.
El 19 de septiembre del mismo año, Benavides González renunció a la jefatura de la Policía Municipal, argumentando razones personales, pero archivos periodísticos establecen que regidores y representantes de sectores sociales estaban solicitando su salida debido a que no estaban conformes con los resultados que obtuvo en su gestión. El funcionario se retiró antes de que concluyera la administración municipal del panista Gustavo Elizondo (1998-2001). Datos periodísticos expusieron en su momento que también se le vinculó con la desaparición y el asesinato en mayo de 1993 de Felipe Javier “El Negro” Lardizábal Hernández, un agente encubierto de la PJE, corporación de la que entonces era director.
De acuerdo con lo documentado por esos archivos, colaboradores de Benavides González, como Roberto Corral Barrón (marzo del 2002) y Francisco Javier Sánchez Martínez (julio de 1998), fueron ejecutados por asuntos relacionados con narcotráfico. Sobre lo anterior el funcionario salió ante la prensa en 2016 para desmentir que tuviese alguna investigación en su contra; sin embargo, trascendió en medios de comunicación nacionales que la existencia de dicha investigación era verídica ante la agencia del Ministerio Público Federal con número de expediente 36/99 por delitos relacionados con el narcotráfico.
En octubre del 2016 fue nombrado encargado de la Comisión Estatal de Seguridad. Intentó hacer modificaciones dentro de la corporación, pero finalmente salió de la institución.