Infligió corralista tratos crueles e inhumanos

Chihuahua, Chih.- El exfiscal de Derechos Humanos Francisco G. A., detenido ayer como presunto responsable del delito de tortura, ingresaba a las celdas de los exfuncionarios estatales detenidos mediante la denominada “Operación Justicia” para ejercer actos de presión que le permitieran obtener declaraciones en contra del exgobernador C. D.

Así mismo, en el caso de testigos protegidos, estos eran citados en la Casa de Gobierno en donde los tenían hasta 12 horas sin agua y comida para que declararan en contra del exmandatario, de acuerdo con lo declarado por el abogado Héctor Villasana, quien lleva la representación jurídica de varios exfuncionarios que han denunciado actos de tortura.

Marcelo G. T., exsecretario de Educación, quien estuvo recluido en el Cereso estatal de Aquiles Serdán, afirmó que Francisco G. A, fue el “brazo ejecutor” del corralato, pues era quien exigía y cobraba extorsiones, fabricaba expedientes y delitos contra los detenidos y se encargaba de operar las torturas.

En su caso, dijo que le exigió la cantidad de 100 mil pesos mensuales para no ser detenido, esto bajo amenazas en contra de su familia, indicándole “Tu casa está limpia, pero te la podemos ensuciar”.

Mientras que, el exauditor Jesús Manuel E., declaró que, les exigían firmar documentos en blanco para poder acusar al exgobernador C. D., además de que los mantenían 23 horas dentro de la celda y sin permitirles dormir, además de que eran vigilados mientras se bañaban.

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la realización de la audiencia de formulación de imputación y será desarrollada este día a las 9 horas en la Ciudad Judicial, con base en la acusación que obra en contra de G. A., que establece que entre los años 2017 y 2018, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público, ejerció actos de tortura en perjuicio de una víctima de identidad reservada.

Francisco G. A., fue ingresado ayer al Cereso Estatal No. 1 de Aquiles Serdán en dónde habrá de permanecer hasta que un juez determine su situación jurídica, la FGE garantizó que, durante la estadía de esta persona en el centro de reclusión, se resguardará su seguridad, brindando trato igual y apegado a los derechos humanos como cualquier otra persona privada de la libertad. Fue en marzo de 2017 a través de un video pre grabado en su despacho, cuando el entonces gobernador Javier Corral Jurado, anunció el inicio de la denominada Operación Justicia para Chihuahua, con la que se buscaba sancionar y castigar al exgobernador C. D., y exfuncionarios que se vieron involucrados en actos de corrupción, de acuerdo con las acusaciones que enfrentaron , “el exgobernador y sus cómplices hicieron uso del poder para el beneficio personal”, afirmó en ese entonces Corral Jurado.

Como jefe de los ministerios públicos que llevarían a cabo las indagatorias y la integración de las carpetas de investigación fue designado Francisco G. A., quien coordinó la Operación Justicia, fue a través de esta posición, desde dónde ejerció actos de presión, intimidación, tortura y amenazas en contra de los exfuncionarios estatales, a quienes en muchos casos se les exigió el pago de una cantidad a cambio de no ser detenidos y que declararan en contra del exgobernador C. D.

De acuerdo con el abogado Héctor Villasana quien realizó la defensa jurídica de Gerardo V., Antonio T., Alejandro V., Marcelo G, T., y Javier G., todos estos detenidos y vinculados a proceso, G. A,. actuó con base en la fabricación de delitos en contra de sus representados, si no accedían a declararse culpables y cómo medidas de presión utilizó amenazas en las que se incluía a las familias de los detenidos, así como el aseguramiento de bienes y otros mecanismos con tal de obtener lo que buscaban.

Así mismo, dijo que hay constancia de que, en lo que respecta a los testigos protegidos y demás implicados, estos eran citados en la casa de gobierno, en dónde los tenían resguardados hasta por doce horas, sin alimentos, sin agua y sin acceso a su teléfono celular para obligarlos a declarar en contra del exgobernador C. D.

Francisco G., ingresó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, como agente del Ministerio Público en el 2005, de 2009 a 2016 fue encargado Jurídico de la Unidad Modelo de Atención al Delito y posteriormente designado titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mueres víctimas de Delito por Razones de Género (FEM).