Hay 32 duartistas en procesos judiciales

Chihuahua— Un total de 32 personas, entre funcionarios y empresarios allegados al exgobernador César Duarte Jáquez o que tuvieron alguna participación en las denuncias de desvíos de dinero público, han sido llevadas ante la justicia, según la información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, sólo cinco de ellos siguen presos en el Cereso de Aquiles Serdán, mientras que otros han accedido a beneficios como libertad condicional o arraigo domiciliario.

En octubre del 2016 inició lo que desde el Poder Ejecutivo estatal se llamó “Operación Justicia para Chihuahua”, en respuesta al desvío de recursos por 250 millones de pesos durante la administración de Duarte, y que fueron utilizados presuntamente para financiar campañas del PRI, partido al que el exgobernador pertenecía.

Si bien el principal objetivo para la Fiscalía de Chihuahua era Duarte, la primera ola de detenciones se dio entre quienes tuvieron alguna participación en actos de corrupción que le costaron al Estado, según estimaciones de la actual administración, 6 mil millones de pesos.

El 27 de marzo del 2017 el exalcalde de Chihuahua, el también priista Javier Garfio Pacheco, fue detenido a la par de Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal y el exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez, lo que podría considerarse el arranque de dicha operación.

Según la Fiscalía, siendo secretario de obras Públicas, Javier Garfio Pacheco vendió terrenos de la reserva territorial a precios muy por debajo de su costo real y el daño al Estado ascendió a más de 300 millones de pesos. Garfio fue declarado culpable y condenado a una pena de tres años de prisión, por la cual estuvo sólo siete meses tras las rejas luego de que un juez de Control le concedió el beneficio de la condena condicional. El ex edil capitalino obtuvo su libertad en octubre del 2017 tras el pago de una multa de 435 mil 515 pesos. De igual forma, Garfio fue el primero en cumplir su condena el pasado 27 de marzo de este año aunque queda pendiente resarcir el daño patrimonial por 365 millones de pesos.

En el caso de Gerardo Villegas Madriles, la FGE buscó condenarlo por peculado por el desvío de 246 millones de pesos, y posteriormente por otra operación ilícita en la que se le acusa del desvío de 120 millones más, este último en complicidad con el exdirector de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García. Luego de que el 31 de julio de 2015, firmó el contrato con la empresa Kepler Soluciones Integrales por “asesorías en la aplicación de transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos”; no obstante, dichos servicios nunca fueron prestados. Hasta la fecha a Villegas Madriles se le han fincado cinco cargos distintos, lo que lo mantiene en prisión.

Ricardo Yáñez, por su parte, habría sido acusado de peculado agravado por el desvío de 246 millones de pesos durante su gestión en la Secretaría de Educación y Deporte, luego de que se contrataran diversos servicios, entre los que se encontraban talleres para padres de familia, que nunca se llevaron a cabo. Por ello fue condenado el 29 de noviembre del 2017 a cuatro años de prisión, una multa de 504 mil pesos y al pago del total del desvío. Obtuvo su libertad en agosto del 2019.

Dos meses después, tras ampararse para no ser detenido desde marzo, el 07 de mayo del 2017 fue capturado en su departamento de la Ciudad de México, Antonio Enrique Tarín, exdirector de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahua de Salud, y expresidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del estado. Tarín fue ligado a la empresa Grupo Fritag SA de CV, que fue proveedora de Gobierno del Estado durante la administración de César Duarte Jáquez y a la que se le benefició con un gran número de contratos de servicios en los que se constató sobreprecios e incumplimiento de términos en la entrega de productos adquiridos. Actualmente Tarín permanece en el Cereso Número 1 de Aquiles Serdán donde se le han fincado ya diez procesos en su contra.

El 10 de junio del 2017, fue detenida la exdirectora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, Karla Areli Jurado Bafidis, acusada de participar al igual que Yáñez en el citado desvío. Jurado Bafidis fue sentenciada en diciembre del 2017 a 3 años de prisión tras aceptar su culpabilidad, en juicio abreviado y obtuvo su libertad a mediados de junio pasado.

El día 21 del mismo mes, fueron detenidos el ex diputado del Partido Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes Ramírez junto a Iván Elí Sánchez

Jasso, este último como copartícipe en el desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario público al participar en la simulación de un contrato de prestación de servicios profesionales a favor de la empresa Building Consultoría Organizacional S&S S.A. de C.V. Ambos fueron sentenciados en enero del 2018, a una pena de tres años de prisión obteniendo el beneficio de la libertad condicional previo el depósito de 44 mil pesos de multa.

También en junio de ese año fue detenido en Puebla el empresario Germain Lezama Cervantes, penalmente responsable del delito de peculado agravado, a quien le fue impuesta una pena de tres años de prisión y al pago de más de un millón y medio de pesos por concepto de reparación del daño. Aunque por su primera condena recibió beneficio de libertad condicional, permanece en prisión por estar vinculado a proceso en otra causa penal en el que se le acusa del desvío de 120 millones de pesos.

Uno de los casos más emblemáticos fue el arresto de Alejandro Gutiérrez, La Coneja, exsecretario adjunto del PRI, quien tras su arresto el 20 de diciembre del 2017 pasó 9 meses recluido en el penal Aquiles Serdán y posteriormente en arraigo domiciliario portando una tobillera de geo-localización. Lo anterior por el desvío de 1.7 millones de pesos del estado con fines de proselitismo, a través de dos contratos de prestación de servicios que implicaría la división del monto total en dos pagos para realizarlos como una compra directa.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez proporcionó los conceptos y las facturas facilitando para ello, las empresas de su propiedad denominadas Jet Combustibles S.A de C.V y Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V. Por este delito Gutiérrez fue condenado a tres años de prisión el 13 de mayo del 2019 a los que se añaden los meses que pasó recluido, y condena que pugna en libertad.

La llamada “operación justicia para Chihuahua”, mantiene en prisión actualmente además de los ya citados, al exsecretario de Educación y Deporte, Marcelo González Tachiquín y al exsecretario de la Sección 8ª del SNTE, Alejandro Villarreal Aldaz.

El primero en ser detenido, en junio del 2018, fue Villarreal, a quien se le acusó del presunto desvío de cinco millones de pesos mediante la supuesta simulación de procesos para la entrega de bonos a maestros jubilados por el Día del Maestro y becas para hijos de agremiados a la Sección 8; por el desvío de 3 millones de pesos y otra causa más por el presunto desvío de 3.5 millones de pesos bajo la simulación de la compra de placas fotovoltaicas para el hotel Sntenario de la Sección 8.

Por los casos anteriores fue puesto en libertad el día 12 de octubre, tras pagar una fianza de 2 millones de pesos y el depósito en garantía de 7 millones de pesos. Sin embargo el 18 de octubre por la noche fue detenido otra vez con una nueva orden de aprehensión en su contra por el presunto desvío de 1.5 millones de pesos. Desde el 2 de abril del 2019 enfrenta su quinta acusación de peculado, por lo que permanece recluido en el Cereso. Mediáticamente ha mantenido una constante exigencia por que se le deje de perseguir políticamente, por lo que ha realizado huelgas de hambre, y recientemente pidió que se le realizara una prueba de Covid-19 ante una serie de síntomas que dice ha presentado.

Por su parte González Tachiquín fue detenido el 8 de enero del 2019, por el desvío de hasta 150 millones de pesos a través del programa insignia de su administración como secretario de Educación, el Plan Villa, que pretendía dotar a escuelas del estado de instrumentos musicales y equipos deportivos, mismos que nunca llegaron a las escuelas.

Aunque ha sido absuelto por el supuesto crimen de enriquecimiento ilícito, y un juez ha determinado que se le levante su prisión preventiva por la primera causa penal, González Tachiquín, continua preso en el Cereso de Aquiles Serdán acusado de peculado agravado por el presunto desvío de un millón 200 mil pesos en la adquisición de agendas para personal docente.

A finales del 2019, en el mes de diciembre, se registraron al menos tres detenciones más entre las que destacan la del extitular de gobierno de la administración Duartista, Raymundo Romero, quien se encuentra ya en libertad, así como el notario público parralense Fernando U. R., por el delito de falsedad de documento público y el empresario Jesús Alberto Z.P., acusado de recibir mediante operaciones simuladas más de 17 mdp a través de un contrato de compra de cobijas.

Según cifras oficiales del Gobierno del Estado, hasta diciembre del 2019 se contabilizaban un total de 31 personas, se han logrado 14 sentencias condenatorias en contra de 11 personas por el delito de Peculado Agravado y se encuentran en proceso penal 19 personas más. Por su parte el Fiscal del estado ha anunciado que en próximos días se llevarán a cabo un nuevo bloque de detenciones.

PISARON LA CÁRCEL...

Javier Alfonso Garfio Pacheco

Exalcalde de Chihuahua 3 años de prisión cumplida- Libre

Ricardo Yáñez Herrera

Exsecretario de Educación 4 años de prisión- Libre

Karla Areli Jurado Bafidis

Exdirectora administrativa SECYD 3 años de prisión - Libre

Iván Elí Sánchez Jasso

Empresario 3 años de prisión- Libre

Fernando Mariano Reyes Ramírez

Exdiputado, 3 años de prisión – Libre

Pedro Mauli Romero Chávez

Exsecretario de finanzas del PRI estatal 3 años y cuatro meses de prisión- arraigo domiciliario

Raymundo Romero

Proceso en libertad