Estado

No hay rastro de más de 3 mil en el estado

Desde 2014, cifras de desaparecidos son mayores cada año

David Cruz, El Diario
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Sandra Rodríguez Nieto
El Diario de Juárez

domingo, 30 agosto 2020 | 09:59

Aun cuando los policías estatales le dijeron que la desaparición de su hijo Adrián Favela podría obedecer a la “guerra de cárteles”, María Márquez recuerda que, después, uno de ellos le sugirió investigar por su cuenta un comentario difundido en un sitio de Internet en el que, entre 2008 y 2012, intercambiaban mensajes presuntos narcotraficantes. 

Con testimonios que apuntaban a la probable participación de policías ministeriales en el delito, en cambio, lo que ella sospechaba era que Adrián podría seguir vivo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte.

“Yo no dejé ni que me la mostrara. Le digo: ‘¿Sabes una cosa? Ese es trabajo tuyo, no mío. A ti te pagan por investigar y si tú ya sabes dónde está mi hijo, ¿por qué no vas y lo encuentras? Si tú tienes el poder, tienes la autoridad, tienes trocas, agentes, ¿por qué me mandas a mí a buscarlo allá?”, dice la madre de familia en entrevista.

Perpetrada la madrugada del 2 de octubre de 2012, la desaparición de Adrián Favela Márquez y de su amigo Adriel Ávila continúa sin esclarecerse, sumando su ausencia a la de más de 3 mil personas en Chihuahua cuyo paradero se desconoce y que, como muestra información oficial, desde 2014 se han contado en cifras mayores cada año.

Tan sólo entre enero y el 14 de julio de 2020, en el “Registro histórico de hechos de personas desaparecidas en el estado de Chihuahua” elaborado por la FGE, se presentaron en la entidad 435 casos que, a esa fecha del corte, tenían calidad de “vigentes”, cifra cercana al total de 468 registrados en 2019 y que casi triplica los 155 que aún persisten de 2012.

Comparada por períodos del Gobierno estatal, las estadísticas indican que, desde 2017 y hasta el 14 de julio de este año, en la entidad se han presentado mil 626 casos de desaparición forzada, o más de doble de los 746 casos vigentes y presentados en un período similar de la administración estatal pasada, entre 2011 y 2014.

Los datos agregan que Juárez es el municipio más afectado, con 829 reportes vigentes, seguido de Chihuahua, con 577; Cuauhtémoc con 524 y otras localidades con más de cien víctimas, como Nuevo Casas Grandes, Madera, Parral y Ojinaga.

Del total, muestra la información, 2 mil 868 casos corresponden a hombres y 501 a mujeres, sumando 3 mil 369 víctimas hasta el 14 de julio; la mayor parte, o mil 95 personas, entre los 18 y 30 años de edad, aunque también está el registro de 495 menores de edad; entre ellos 85 de cero a 12 años.

“No tiene para cuándo; quisiéramos decir ‘bueno, ya nos pasó a nosotros, pero no queremos que siga pasando, pero no ha habido poder humano que pare todo esto”, dice Márquez, que también recuerda cómo lo primero que hizo la FGE cuando acudió a poner su denuncia fue comprobar que su hijo, entonces de 27 años, no tenía antecedentes penales.

“Entonces, ahí se ve claramente que el Gobierno no coopera, no trabaja. Por eso digo: gobiernos van y vienen y seguimos sufriendo, sigue habiendo hogares donde faltan sus hijos”, agrega.

‘Querían que yo investigara’

La falta de seguimiento gubernamental ha dejado en las familias la carga de la investigación, por lo que éstas acumulan ejemplos de pistas no seguidas por las autoridades que, como señaló Márquez, son las que tienen recursos y facultades para acudir a donde ellos ya no pueden.

En un caso registrado en agosto de 2019 en Juárez, por ejemplo, los familiares de tres residentes de Riberas del Bravo a quienes se les perdió la pista cuando fueron de pesca al río, denunciaron que la FGE no buscó inmediatamente después de que ellos detectaron que el geolocalizador del teléfono de una de las víctimas indicaba el Valle de Juárez, uno de los sectores más peligrosos de esta frontera.

“Tres días estuvo y les dijimos dónde estaba y nunca quisieron ir”, dice a este medio el padre de uno de ellos.

“Dijeron que sí y en realidad nunca vimos (…) si hubieran ido en su momento, los hubieran encontrado, o algo hubieran encontrado”, agrega. 

De la misma forma, en la indagatoria por la desaparición de cuatro integrantes de una familia que viajaba de Ahumada a Juárez el 10 de diciembre de 2019, después de ocho meses no había resultados de las muestras de ADN encontradas en el vehículo en el que viajaban.

“Les exigí que me dieran resultados de esas pruebas encontradas en la camioneta para ver si eran de mi familia o de otras personas. Que están en proceso para dármelas, y todavía no me dan nada”, narra uno de los familiares que, por seguridad, pidió no ser identificado.

“Revisaron las cámaras y dijeron que la que estaba ahí estaba volteada hacia arriba, que tomaba nomás que al cielo”, agrega.

A la madre de Bryan Vázquez Soto, desaparecido en 2018 en la colonia Puerto La Paz, a los 16 años, le parecieron más efectivas las redes sociales para la búsqueda y desde 2019 administra en Facebook la cuenta “Desaparecidos de cd juárez comparte”, donde tan sólo entre el 24 y el 26 de agosto pasados había casi una decena de reportes.

“Siempre iba a Fiscalía y me decían que ‘si no tiene noticias’; querían que yo investigara, y yo les decía que ellos debían investigar”, dice en entrevista la madre de Bryan, que también pide no ser citada por su nombre.

“La última vez que fui no encontraban el reporte de desaparición, y me dijo el policía que no tenían información de él; estaba a puras vueltas”, agrega. 

‘Sin voluntad política’

Después de más de una década de acompañar a familias afectadas por la desaparición de personas, y pese a la creación de diversas entidades de gobierno, representantes de organizaciones de derechos humanos tienen clara la causa de la omisión en las investigaciones: falta de voluntad política.

“A veces uno quiere decir ‘son negligentes, no saben, están mal preparados’, pero creo que más que eso no quieren. ¿Por qué tenemos a los agentes menos preparados en la investigación de desaparición de mujeres? ¿Y por qué hay muy buenos agentes de Policía Ministerial en investigación de secuestros y extorsiones?”, cuestiona Adriana Linares, antropóloga del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac).

“Entonces, depende de quién sea la víctima es la voluntad política para solucionar las cosas. Eso es lo que consideramos: no hay voluntad política, concretamente para encontrar a las mujeres desaparecidas”, añade.

En entrevista, Linares menciona que, para 115 casos de mujeres desaparecidas en Juárez y que tiene bajo investigación la unidad responsable en la Fiscalía de Género, sólo existen seis elementos de Policía Ministerial asignados.

“De la Fiscalía de Género me acaban de entregar un informe de actividades de abril a julio de lo que hicieron en los diferentes reportes de desaparición, y con pretexto del Covid, tres de los casos que representamos llevan una acción por mes, ¡una! Dime si eso es voluntad política o si eso actuar con diligencia”, dice Linares.

“Otra cosa: reportamos una avistamiento de una posible víctima, que se encuentra en Tijuana. Cuando llamé a los ocho días para saber resultados, la respuesta es que no habían investigado porque el agente de la Policía Ministerial encargado estaba de vacaciones; ocho días después no habían podido hacer nada”, agrega.

Esta falta de actuación inmediata, dice la entrevistada, reduce las posibilidades de localización.

“Cuando vayan dentro de un mes ya no está, y una posibilidad de localizarla se derrumbó completamente por la falta de eficacia, eficiencia, personal, herramientas técnicas, voluntad de realizar su trabajo”, dice.

“Pero, entonces, ¿dónde está el jefe? ¿dónde está la fiscal de género que debería ser la encargada de que su personal trabaje? ¿Dónde está el fiscal especializado, o el fiscal general, para que vigilen que verdaderamente se trabaje, donde están?”, cuestiona.

En abril de 2019, y en cumplimiento a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en el estado de Chihuahua se creó la Comisión Local de Búsqueda, con la misión de coordinar investigaciones que no deben agotarse, dice el marco legal, sino “hasta que se determine la suerte o paradero” de las víctimas.

Datos entregados a través de una solicitud de información indican que el órgano realizó 93 intervenciones en 2019, de las cuales se localizó a una persona con vida y 20 cadáveres.

“Últimamente hay un acercamiento con la comisionada, pero en un plan todavía muy general, que se vaya enterando de los casos que tenemos (…) dos o tres va a atraer, pero de 9 o 10 que tenemos; no nos queda por qué no hay una atracción de todos”, dice Oscar Enríquez, sacerdote y director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

“Mi valoración al presente es que hay una respuesta creando instituciones, pero no creo que haya eficacia en cuestión de localización de personas y de investigación seria, y menos de dar con el paradero; llevamos como nueve o diez casos y en ninguno ha habido avances después de años”, agrega Enríquez.

Linares, por separado, señala que la comisión quedó dentro de una fiscalía especializada que a su vez está dentro de la FGE, en una jerarquía inferior a la otorgada en otras entidades; además de que Chihuahua, una de las entidades con más personas desaparecidas en el país, sigue sin ajustar su marco legal ni crear el resto de lo ordenado en la ley general, como la “declaración especial de ausencia”, con la que se busca garantizar los derechos de las víctimas. 

Enríquez agrega que la impunidad en la que están, lo que estima un 95 por ciento de los expedientes, es otro elemento que permite que el delito siga cometiéndose.

“Precisamente, creemos que recurren más a la desaparición que a la ejecución extrajudicial porque la desaparición tarda más tiempo en llegar a nivel de publicidad, puede permanecer un tiempo oculta”, dice.

“Tiene que ver con la colusión de autoridades con el crimen organizado y con los altos niveles de impunidad, y por ahí van los patrones: si no hay investigación, pues van a seguir dándose los hechos”, agrega el sacerdote.

Dolor que no termina

No saber si su hijo o hija come cuando se está frente a la comida, si tiene dónde dormir cuando llega la noche o –la más dolorosa de la dudas– si todavía está con vida, son pensamientos descritos por familiares de personas desaparecidas.

El desgaste por la incertidumbre sobre el paradero de cada ser querido impacta en casi todos los niveles, dicen los defensores, dañando con el paso del tiempo la salud, la economía y las relaciones de los afectados por este delito que, agregan, es la peor de las violaciones a los derechos humanos.

“Tenemos muchos casos de cáncer, de hipertensión, de fibromialgia, que es el dolor generalizado en los músculos; creo que todos los que tienen víctimas de desaparición están enfermos”, dice Linares.

“Es un dolor que no termina. Una característica de la desaparición es que es un delito pluriofensivo y continuado, que no termina porque no hay ningún avance, y las familias sufren y se ve el deterioro físico, psicológico”, coincide Enríquez.

La falta de actuación de las autoridades, como han reportado las familias víctimas de los homicidios, aumenta el dolor de las ausencias, agregando entre los afectados sentimientos de impotencia y enojo.

“Las madres están desgastadas, están hartas, tienen muy poca tolerancia para hablar con las autoridades, porque están desesperadas, porque no les dan razón de dónde están sus hijas”, dice Linares.

“No logran la paz ni el equilibrio que tenían antes, y por eso cuando se ve la indiferencia, la frialdad, la simulación, de ministerios públicos y fiscales, se dan cuenta que son instituciones que simulan que trabajan por la justicia”, añade Enríquez, cuyo centro de derechos humanos asesora a María Márquez en la búsqueda de su hijo.

Ella explica que el caso fue clasificado en 2019 como “desaparición forzada” por la probable responsabilidad de agentes de la FGE, y sólo después de casi ocho años de exigencia, marchas y protestas. 

En entrevista el pasado 24 de agosto, agrega que, a casi una década, uno de los recordatorios más dolorosos de la ausencia es la silla vacía que coloca ante la mesa en cada celebración de Navidad o de cumpleaños, convivencias que retomó sólo después de años y cuando se dio cuenta, dice, que tenía que rescatar al resto de su familia. 

“Si ellos me veían a mí llorar, sentía que paraba a todo mundo, y tuve que tomar una actitud de decir ‘aquí la fuerte soy yo, porque si no, los derrumbo a todos”, dice Márquez.

“Mi hijo siempre está en mis pensamientos, en mis oraciones. En las fiestas lo recordamos siempre, en las fechas de Navidad siempre hay un lugar que es el de él, siempre. A la hora de la oración, ahí está él”, agrega. 

En números

435 desaparecidos entre el 1 de enero y 14 de julio de 2020

1,626 casos de desaparición forzada desde 2017

Municipios con más reportes

1.- Juárez 829

2.- Chihuahua 577

3.- Cuauhtémoc 524

Pocos investigadores

La Fiscalía General de Género tiene que indagar 115 casos de mujeres desaparecidas, pero sólo tiene asignados 6 elementos de la Policía Ministerial.