El colmo: cierran juzgado por violencia

Por la inseguridad en el noroeste de Chihuahua, el Consejo de la Judicatura estatal determinó suspender de manera temporal las actividades del Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial Guerrero ubicado en el municipio de Valentín Gómez Farías.

“Se hizo del conocimiento de este colegiado la situación de inseguridad que impera en la región noroeste del estado, donde se encuentran asentados algunos de los Juzgados Menores Mixtos, generada por los constantes actos de violencia (…) lo cual ha llevado a diversas autoridades encargadas de la seguridad pública a retirar a sus funcionarios y funcionarias de las zonas”, dice el acuerdo aprobado el 30 de marzo.

“En tal sentido, este colegiado reconoce que un esquema efectivo de seguridad y protección para las y los juzgadores, sus familias, así como el personal administrativo y de apoyo que coadyuva a la impartición de justicia, constituye un elemento mínimo para que puedan desarrollar óptimamente su función”, agrega el documento, disponible en el sitio electrónico del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El mismo resolutivo –generado en sesión privada del pleno del Consejo de la Judicatura– dispone la modificación de plazas de dos empleadas, menciona que la carga de trabajo será absorbida por el Juzgado Menor Mixto ubicado en el municipio de Ignacio Zaragoza y que las medidas surten efecto a partir del próximo 3 de mayo.

“Se suspende temporalmente la actividad del Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial Guerrero con sede en el municipio de Gómez Farías, absorbiendo la competencia y carga laboral que éste reporta el Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial Galeana con sede en el municipio de Ignacio Zaragoza”, dice.

“A efecto de dar certeza jurídica a las personas justiciables, respecto del debido control de los expedientes (…) se instruye a la visitaduría de este Poder Judicial, con el fin de que su personal se constituya en los nombrados órganos jurisdiccionales para que, en coordinación con sus titulares y personal a su cargo, realicen la entrega física de los expedientes y den cuenta con las actas respectivas al Consejo de la Judicatura, para la ágil localización”, agrega.

El área de comunicación social del TSJ no tuvo ayer disponible más información sobre la medida.

Tanto Gómez Farías como Zaragoza estuvieron dentro de los municipios del occidente de Chihuahua cuya seguridad pública fue asumida de manera temporal por el Gobierno del Estado en febrero de 2017, con el argumento de que “es del conocimiento de la población y de las autoridades que el crimen organizado ha estado operando en esos lugares sin que las Policías Municipales puedan hacer un frente efectivo contra los desplazamientos de grupos armados en esa región”.

La violencia en la zona, sin embargo, continuó y, al cabo de cuatro años, la propia Fiscalía General del Estado (FGE) ubica estos dos municipios como el límite entre las regiones en las que opera la delincuencia organizada en el noroeste de Chihuahua. 

“Después de la intervención del Estado en la Policía y el ingreso de fuerzas del Estado a la región, ambas organizaciones marcaron su territorio de influencia, reculando ‘La Línea’ hacia Casas Grandes, Buenaventura, Galeana, y el ‘Cártel del Jaguar’ (Sinaloa) en la zona de Largo Maderal (Madera)”, dijo a principios de este mes el titular de la FGE, César Augusto Peniche Espejel.

“Zaragoza y Gómez Farías quedaron en el límite entre ambas organizaciones, de ahí las constantes incursiones de unos y otros en esos poblados, tratando de amedrentar a la población para que no presten ningún tipo de ayuda a sus rivales”, agregó Peniche, entrevistado luego de una emboscada en la que fueron asesinados cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en La Concha, en Temósachic –también incluido en el decreto de febrero de 2017.