Demanda México en EU por arma que mató a Miroslava

El arma con la que fue asesinada la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea es utilizada por el Gobierno de México para justificar una demanda que entabló en contra de 11 importantes fabricantes de armas con sede en Estados Unidos.

En la querella, de la que El Diario cuenta con una copia, se alega que los controles laxos contribuyen al flujo ilegal de armas a través de la frontera.

México acusa que estas empresas diseñan armas que son atractivas para los grupos criminales de su país.

Para ello cita la edición especial de la pistola Colt .38 Super, grabada con la imagen del héroe revolucionario Emiliano Zapata. Ese modelo de pistola se utilizó en el asesinato de la periodista investigadora en 2017, afuera de su casa en la ciudad de Chihuahua.

El arma lleva también inscrita una frase atribuida al revolucionario: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. El documento de la demanda destaca cómo Breach convirtió en la misión de su vida revelar la corrupción, el narcotráfico y sus redes, así como las violaciones a los derechos humanos.

“Es una cruel ironía: una pistola estadounidense embellecida con la imagen de un luchador por la libertad fue usada para silenciar la libertad de expresión en México”, así cita el texto al escritor y periodista Ioan Grillo, en un artículo publicado en el New York Times este año y que se titula “Desaceleren el flujo de pistolas a México”.

El arma que dio muerte a Miroslava Breach fue accionada el 23 de marzo de 2017, justo a la salida de la casa de la periodista en la capital del estado, en la calle Río Aros de la colonia Karike, donde se localizó una cartulina con un mensaje. La pistola no fue ubicada en la escena del crimen, pues se la llevó el tirador.

Posteriormente, el arma fue asegurada en la colonia Junta de los Ríos el 18 de abril de 2017, en la ejecución de un criador de gallos identificado como Gabriel Federico Ochoa Cárdenas, de 55 años.

Ochoa Cárdenas fue asesinado a balazos frente a un criadero de gallos ubicado en una casa vecina a donde vivía, en la esquina de las calles Río Yaqui y Río Bravo. 

Ahí se localizó la misma arma con la que se dio muerte a Miroslava. La tesis presentada por la Fiscalía estatal fue que había sido “sembrada” en el lugar de los hechos para desviar las investigaciones, tratando de incriminar a la víctima.

Por el crimen de la periodista hasta la fecha han sido sentenciados dos personas, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, y el exalcalde panista de Chínipas y exfuncionario estatal durante la administración de Javier Corral, Hugo Schultz Alcaraz.

A “El Larry” se le dictó el 21 de agosto del 2020 una pena de 50 años de prisión al ser declarado coautor material del asesinato de Breach Velducea.

A Schultz la justicia le impuso una pena de ocho años de prisión, por un acuerdo del Ministerio Público Federal con el acusado, para someterse a un procedimiento abreviado en el que reconoció su culpa y participación como facilitador del crimen, dado que proporcionó audios de la periodista, obtenidos ilegalmente, al grupo criminal que ordenó su ejecución.

Hasta la fecha el caso sigue abierto, dado que la familia de la víctima y la asociación civil Propuesta Cívica exigen que sean llevados hasta la justicia los autores intelectuales y otros que consideran copartícipes en el mismo grado que Schultz, que son los actuales funcionarios estatales José Luévano, exsecretario particular de Corral y actual director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa, y Alfredo Piñera, vocero de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.

Compensación monetaria

La demanda inusual, presentada en el tribunal federal de EU en Boston, busca una compensación financiera no especificada de las empresas, pero no está dirigida al Gobierno norteamericano.

Las autoridades mexicanas argumentan que las armas de fabricación estadounidense han provocado una explosión de homicidios en esa nación durante la última década. Alrededor de 2.5 millones de armas estadounidenses ilícitas han ingresado a través de la frontera durante ese período, según un estudio del Gobierno mexicano publicado el año pasado. La venta de armas legales en México está estrictamente restringida.

“Si no presentamos una demanda así y la ganamos, nunca van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y seguiremos teniendo muertes todos los días en nuestro país”, dijo el canciller de México, Marcelo Ebrard, en rueda de prensa.

Responden fabricantes

La Asociación de Comercio de la Industria de las Armas (NSSF) rechazó los argumentos del Gobierno mexicano, asegurando que todo el arsenal que se vende en Estados Unidos cumple con las leyes locales y estatales, así como con la verificación por parte del FBI.

“Las argumentaciones no tienen fundamento. El Gobierno mexicano es responsable por el crimen y la corrupción desenfrenada en su territorio”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF. 

“La actividad criminal en México es el resultado directo del tráfico ilegal de drogas, de  humanos y de los cárteles criminales que infectan a los ciudadanos mexicanos”, agregó, señalando que el país vecino busca un chivo expiatorio.

Relaciones Exteriores de México respondió a estos argumentos señalando que entre el 70 y 90 por ciento de las armas que se han incautado a los cárteles proceden de Estados Unidos. 

“Los demandados producen más del 68 por ciento de las armas procedentes de Estados Unidos, lo cual significa que cada año venden más de 340 mil armas, que fluyen de sus fábricas de Massachusetts y otros estados hacia los criminales al sur de la frontera”, precisa la Cancillería. 

avelez@diariousa.com