Diario
Chihuahua— El nombramiento de Francisco G. A. como fiscal de Derechos Humanos que le dio el exgobernador Javier Corral fue calificado como “de membrete” por el abogado Héctor Villasana Ramírez, ya que hasta el último día de la pasada administración estuvo en el equipo de la llamada ‘Operación Justicia para Chihuahua’, incluso haciendo visitas al Cereso de Aquiles Serdán, donde se encontraban recluidas las personas que fueron procesadas durante el quinquenio.
Villasana indicó que Francisco G. A., actualmente acusado por tortura, encabezó las investigaciones por presuntos actos de corrupción desde el inicio del quinquenio de Corral Jurado en su calidad de brazo derecho del exfiscal general César Peniche Espejel, y tuvo injerencia directa en la primera detención del exalcalde Javier Garfio Pacheco, así como de otras 31 personas, a pesar de que ya había sido designado como titular de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Expresó que estas detenciones fueron realizadas en los primeros tres años del gobierno de Corral, ya que después de ese momento, el objetivo prioritario fue la captura y extradición de César D. J.
Mencionó que hay declaraciones que lo identifican como una de las personas que acudían al penal de Aquiles Serdán a realizar interrogatorios a los inculpados, lo que se efectuó de manera ilegal, incluso ya como fiscal de Derechos Humanos.
Sin embargo, 31 de los 32 detenidos ya están fuera de prisión. En 17 casos, los acusados lograron modificar la medida cautelar y llevar su proceso en libertad mediante amparo, otros 11 se declararon culpables en procedimientos abreviados para obtener una sentencia reducida y tres fueron absueltos, Sergio Medina Ibarra, Jesús Alberto Zarazúa y José Lázaro Joaquín López Ramírez, quien murió por complicaciones de Covid-19 tras una atención negligente dentro del Cereso. Hasta este día solamente el exgobernador César D. J. sigue en prisión.
En lo que respecta a las irregularidades que se dieron en los procesos, el abogado expresó que fueron de diversas índoles, desde los interrogatorios en el penal a los detenidos hasta amenazas de fincarles más casos si no cooperaban.
Detalló que parte de sus acciones las realizó como funcionario adjunto de la Fiscalía General del Estado, ya que no tenía nombramiento definido, aunque se ostentaba como fiscal anticorrupción, y fue hasta octubre de 2018 que rindió protesta como fiscal de Derechos Humanos sin dejar de participar en la ‘Operación Justicia’, lo que el abogado calificó como una burla.
Agregó que ahora que se ha ventilado su nombre y la manera en que habría actuado para obtener testimonios, han surgido más personas que lo identifican como el responsable de haberlos interrogado.
Mencionó que otra de las posibles ilegalidades de las que tuvo conocimiento, aunque de manera extraoficial, fue el contubernio con el Poder Judicial para que todos los casos quedaran en un equipo de jueces que se prestaban para liberar órdenes de aprehensión, aunque fuera en la madrugada, y que estaban al tanto de los amparos que tramitaban para evitar una detención.
“No es un secreto que hubo reuniones entre los funcionarios estatales y la presidencia del Poder Judicial para desarrollar una estrategia para las detenciones”, dijo.
El jurista cuestionó que la defensa del exfiscal se queje de las actuaciones legales en su contra cuando su representado formó parte de la administración que buscó mantener a los funcionarios en prisión preventiva a toda costa, aunque los delitos que les imputaban no ameritaban dicha medida cautelar, sin dejar de lado que se iniciaron hasta 120 procedimientos administrativos que no han prosperado.
Añadió que a pesar de que la defensa del inculpado anunció que estaría libre en poco tiempo, la realidad es que el amparo que ha promovido, en el mejor de los casos, se resolverá a principios de abril, por lo que permanecerá recluido cuando menos otros cuatro meses.