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Estado

Juicio contra Francisco G. A.

Acreditaron 19 testigos tortura de exfiscal

Interrogatorios fueron en la Casa de Gobierno entre febrero de 2017 y noviembre de 2018

Orlando Chávez / El Diario de Chihuahua

miércoles, 30 noviembre 2022 | 08:23

| Casa de Gobierno ubicada en la avenida Zarco, en donde se realizaban los interrogatorios | Francisco G. A. | El inculpado (izquierda) junto al exgobernador Javier Corral (extrema derecha)

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Chihuahua- La acusación por tortura por la que fue vinculado a proceso el exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A., fue realizada por la víctima de identidad reservada JJBP1/2021, pero también está basada en otras 19 declaraciones que aportaron información al caso.

Entre ellas figuran otras cinco personas que narran hechos similares a la de la denunciante, además de funcionarios expertos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de un organismo especializado en Derechos Humanos.

Los testigos con identidad reservada fueron clasificados como DEFJ5/2021, JOA3/2021, DCVJ/2021, WPOA5/2021 y MAMA6/2021, pero además fueron mencionadas Yuridiana Ríos González, agente del Ministerio Público, Yanis Aguirre Hernández encargada de la Comisión Ejecutiva a Víctimas del Estado de Chihuahua y Samantha Enríquez Hernández del Departamento de Cibernética.

A estos se sumaron las expresiones de Rafael López Parra, director Administrativo de la FGE; Fabricio Antonio Payán, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Análisis Financiero y el comandante Carlos Javier Pineda, exjefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de la Zona Centro.

El grupo lo complementaron la psicóloga Jovana Morales; el psicólogo forense José Martín Mata Hernández; Jorge Enrique Parrilla Conterro y Adalberto Méndez López, abogados en Derechos Humanos; Adán Ernesto Flores Velazco, también abogado especialista en Derechos Humanos y César Contreras González, director de Acción Territorial de Vinculación Ciudadana y Políticas Públicas.

La semana pasada dio inicio el proceso en contra del exfiscal con la audiencia de formulación de cargos, en la que el agente del Ministerio Público leyó la declaración de la a víctima de identidad reservada JJBP1/2021, quien mencionó que fue testigo protegido e imputado en los “Expedientes X”, por lo que aportó información para armar los casos de la Operación Justicia para Chihuahua que impulsó el entonces exgobernador Javier Corral.

En su narración, el denunciante explicó fue sometido a interrogatorios en los que se aplicó tortura psicológica, los cuales se llevaron a cabo en la Casa de Gobierno, ubicada en la avenida Zarco de la ciudad de Chihuahua, entre febrero de 2017 y noviembre de 2018. “Francisco G., a fin de obtener información y datos de pruebas relacionado a los delitos de peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades, causó sufrimiento al testigo con identidad reservada JJBP1/2021”, fue parte de lo expuesto por el MP.

Agregó que, “tenía calidad de testigo protegido e imputado... la agente del Ministerio Público, Elisa Peña Yáñez, ejerció intimidación, coacción mediante gritos de forma violenta, con amenazas de que enviarían a la víctima y a su familia a la cárcel; lo incomunicaron con largas jornadas de interrogatorio sin comer, tomar agua ni ir al baño, coacción que se dio al momento citar a la víctima en la Casa Zarco”.

Las declaraciones de la persona denunciante fueron respaldadas por las de otra persona que expresó pasar por la misma situación, pero para mantener su identidad bajo reserva se le dio la clave DEFJ5/2021. Entre lo leído por el Ministerio Público, el testigo mencionó:

“Duré trabajando para el Gobierno del Estado durante cinco años y ocho meses… estuve en el área administrativa de la Secretaría de Hacienda hasta que nuestro jefe, el secretario Jaime Herrera, nos pidió a todos la renuncia a los que éramos jefes de departamentos, coordinadores y directores, que porque había nueva administración y tenía que entregar ese puesto”.

“En marzo del 2017 íbamos a la Ciudad de México acompañando a mi jefe… estando en la fila y tres personas nos piden nuestras identificaciones, arrestaron a mi jefe y se lo llevaron en una camioneta, sin que nos dijeran por qué… me enteré por los medios que estaban arrestando a todos los exfuncionarios… tramité un amparo y la dije a la Fiscalía que no tenía nada que ver, pero fue cuando inició que una unidad empezó a rondar mi casa en la ciudad de Chihuahua, día y noche ponían plantón”, dijo.

Apuntó que le fue ordenado que acudiera a la Casa de la avenida Zarco, en donde desde que ingresaba empezaban los interrogatorios, los cuales en muchas ocasiones eran encabezados por Francisco G. A. “Me metieron a una sala y me comenzaron a grabar, me empezaron a cuestionar de mi trabajo, me gritaban y se reían de mi porque llevaba un amparo pero me decían que no me servía de nada, que si ellos querían me podían detener a mí y a toda mi familia, fue hasta a las 23 horas que me dejaron ir pero me dijeron que me buscarían y que no hablara con nadie”, apuntó.

Otro, identificado como DCVJ/2021, aportó parte de su experiencia como testigo protegido, en la que la manera de operar del exfiscal y su equipo fue casi la misma, ya que primero había un contacto inicial, para posteriormente empezar con los interrogatorios en el 2017.

“Luego de esa reunión (inicial) las llamadas a distintas horas y las reuniones fueron constantes. Diciéndome que pasarían por mi agentes ministeriales, cerca de la Casa de Gobierno… llegaron tres agentes por mí llevaron a la casa”. Expresó que una vez en la casa, “lo dejaban en una sala por horas y que le gritaban si lo que les decía no los convencía”.

“Terminaba firmando lo que me decían, más no lo que era la verdad, nunca en presencia de un abogado… en todo momento me intimidaron, me dejaban más de 14 horas encerrado, incomunicado, sin celular, sin agua, esto ocurría todos los días por tres o cuatro meses… actualmente me siguen molestando”, dijo en una declaración de julio del 2021.

En otra de las declaraciones, el testigo protegido JOA3/2021 expuso que hubo otros implicados en los interrogatorios. Entre los nombres que figuraron estuvieron los de Javier López, Claudia Chávez y una persona que identificó con el apellido Peña, quienes lo amenazaron y presionaron de diversas maneras para enriquecer los casos.

La agente del Ministerio Púbico apuntó que en la declaración, el testigo externó que algunas de las expresiones que le hicieron fue: “que me iba a cargar la fregada, que sólo los que robaron mucho dinero no estaban detenidos, yo iba a pagar por ello. Tenía que declarar respecto a lo que ya sabía, esto según ellos”.

“Que iba a ir a la cárcel, que me iban a destruir las empresas de mi familia, mis hermanas, que en la cárcel me iba a hacer garras, que no sabía lo que me esperaba, que si cooperaba me iban a mandar a la penitenciaria que está en la calle 20 de Noviembre porque si me mandaban a Aquiles Serdán me iban a matar los demás detenidos de los Expedientes X”, fue el comentario narrado en otra declaración.

Por su parte, el testigo con la identidad reservada MAMA6/2021, precisó que: “tenía 14 años de experiencia en el ramo financiero y se desempeñaba en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, renunciando en abril del 2017 por petición de Eduardo Fernández, subsecretario de Egresos bajo el argumento de que su firma aparecía en diversos documentos que eran parte de expedientes por presuntas irregularidades en el gobierno de César Duarte”.

“El testigo fue citado por primera vez en enero del 2017 por la agente del Ministerio Público, Priscila Aguilar, quien lo citó en la Casa de Gobierno ubicada en la avenida Zarco, haciéndolo esperar durante 2 horas en la banqueta y expuesto al sol… en el encuentro se le hizo saber que no existían elementos para considerar que tuvo algún beneficio personal por irregularidades en su cargo, por lo que se le invitó a colaborar como testigo en las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua, sin embargo, se le presentaba información errónea que él busco aclarar ante las personas que lo interrogan”, dijo.

Añadió que los encuentros se realizaban en una sala en la que únicamente había un escritorio y una silla, en ocasiones con presencia de hasta 9 personas y despojándolo previamente de su teléfono celular hasta por ocho horas seguidas.

Uno de los puntos que destacó en la audiencia fue que cinco de las posibles víctimas de presiones para que fueran testigos, efectuaron las evaluaciones del Protocolo de Estambul. En este punto figuran las participaciones de Jovana Morales, psicóloga; José Martín Mata Hernández, psicólogo forense, Jorge Enrique Parrilla y Adalberto Méndez López.

El grupo de expertos emitieron un dictamen en el que se estableció que: “las víctimas tuvieron diversas afectaciones físicas, psicológicas y sociales, como insomnio, migraña, crisis de ansiedad, gastritis, colitis, problemas renales, ginecológicos o afectaciones en la vida sexual; las afectaciones psicológicas fueron baja autoestima, ansiedad crónica, trastorno post traumático, pensamientos suicidas, y las sociales: pérdidas de empleo, estigmatización social, consumo de alcohol y de comida incontrolado, afectaciones en general a sus proyectos de vida”.

Según expuso el Ministerio Público, el equipo de expertos estuvo en la ciudad de Chihuahua entre los días 6 y 10 de junio del 2022, y entrevistaron a las presuntas víctimas quienes, de manera voluntaria, se sometieron al protocolo. “Se observó consistencia en todas ellas respecto a algunos de los hechos, la forma de ser requeridos y las acepciones de su persona y familia que siguen presentes, todas las personas víctimas son consistentes que desde el 2017 fueron requeridas por agentes de la FGE para presentarse a declarar pero nunca en las oficinas sino en la anterior Casa de Gobierno, la Casa Zarco”, detalló.

“Gritos, malos tratos, amenazas, incomunicación, aislamiento, falta de alimentos y bebidas, privación de ir al baño, acciones que se recrudecían cuando sus declaraciones no eran satisfactorias con lo que los agentes querían y que no contaron nunca con la presencia de su defensor jurídico durante los interrogatorios”, refirió el agente en la lectura.

El sábado, en la audiencia de vinculación, fue leída la declaración de un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Análisis Financiero, identificado como Antonio Payán, en la que narró que, “más de 100 testigos con identidad reservada fueron citados en el gobierno de Javier Corral, durante los años 2016 a 2021 en la Casa de Gobierno, ubicada en la avenida Zarco y calle 24, donde fueron presionados para que denunciaran a exfuncionarios duartistas así como empresarios, y donde algunos pasaron a ser acusados por actos de corrupción”.

Según la lectura de las declaraciones por parte del MP, la participación de Yuridiana Ríos González, agente del Ministerio Público, así como de otros de los mencionados en la lista de testigos, fue la de recoger las declaraciones de las víctimas con identidad protegida. La agente Ríos González, trabajó con Samantha Enríquez en la recopilación de la información que fue publicada en medio de comunicación respecto a hechos irregulares en la Casa de la Zarco, generando un archivo de 13 notas con fechas del 11 de octubre de 2021 y 23 de enero de 2022, en las que se describía que el inmueble era un centro de interrogatorios.

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