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El diputado Miguel Ángel Colunga denunció intereses en el propio interior de la Fiscalía General del Estado para entorpecer las investigaciones judiciales, por lo que llamó a los funcionarios a trabajar con mayor "responsabilidad, compromiso y profesionalismo".
Lo anterior, al darse a conocer nombres y fotos de la totalidad de las víctimas localizadas en un tiro de mina en el municipio de Aquiles Serdán, lo que ha causado indignación en familiares a quienes la dependencia había negado información reiteradamente.
"Hay que comentar que eso evidencia que hay personas al interior de la FGE que tienen intereses en que se entorpezcan los casos, y eso es evidencia de la gran filtración que existe, por lo tanto el trabajo no ha sido eficiente y efectivo".
El legislador y líder de bancada de Morena en el Congreso local insistió en que, además de las filtraciones, se ha visto en innumerables ocas iones detenciones mal hechas, argumento para que los abogados puedan alegar afectaciones al debido proceso que terminan en liberaciones y propician la impunidad.
"Por eso el programa Justicia para Chihuahua ha sido un fracaso. No existe un compromiso real, es pura publicidad. "Insisto, con la impartición de justicia, la legalidad y el respeto al estado de derecho, no se debe jugar", dijo.
En contraparte, la diputada panista Georgina Bujanda dijo que no existen indicios de filtración de información interna para ventilar a terceros los datos de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, pues se toma en cuenta el sigilo por tratarse de temas de alta complejidad.
La legisladora no abundó en responder en torno a las exigencias de familiares de personas localizadas sin vida en el interior de un tiro de mina, que demandan que la propia dependencia ventiló nombres y fotos de las víctimas.
Una usuaria de Facebook identificaza como Liz S. expuso que no hay la certeza de que dos de las personas de quien la Fiscalía General del Estado proporcionó a medios informativos, sean sus parientes, simplemente porque en la Fiscalía no les han brindado información. Ante esto, Liz S. catalogó una de las publicaciones como una mentira.
Bujanda, por su parte, hizo un llamado a los medios de comunicación a tener cuidado con el trabajo informativo que se desarrolla, en especial en apego a los protocolos de Atención a Víctimas, que resguardan datos sensibles.
Cabe mencionar que no es la primera vez que la Fiscalía difunde información sensible que termina por entorpecer los casos judiciales. En el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea la dependencia entregó información extraoficialmente respecto a la investigación del crimen unos días antes del inicio de la audiencia contra un copartícipe.
En su momento el entonces secretario general de Gobierno del Estado, César Jáuregui, y el gobernador Javier Corral reprobaron dichas filtraciones. "Pareciera haber alguna contradicción, se dice que no hay información, por un lado, y por otro lado que existen filtraciones, ciertamente son muy incomodas averiguaciones que deben de guardar un sigilo, precisamente para que sean exitosas la presentación de personas ante la justicia que han participado en este crimen tan artero", declaró Jáuregui.
La propia familia de la periodista se inconformó cuando los datos salieron a la luz, debido a que no tenían acceso a dicha información, además de que ponía en riesgo su integridad. Otro caso reciente es el de Ramiro Córdova, abuelastro de la pequeña Alondra N., quien desapareció sin dejar rastro la noche del 18 de septiembre del 2018 y cuyo principal sospechoso es Ramiro.
Las indagatorias que situaban al individuo se dieron a conocer anticipadamente desde el interior de la Fiscalía General del Estado y permitió que se sustrajera. En sus declaraciones Córdova Cárdenas admitió que era muy cercano a la niña, que ella lo trataba como si fuera su abuelo, pero aseguró desconocer las circunstancias de la desaparición.
El sujeto terminó huyendo y hasta la fecha no ha sido localizado, por lo cual la fiscalía mantiene una pesquisa con recompensa para su localización.
Funcionarios de la Fiscalía General del Estado informaron que la filtración de datos es una práctica habitual principalmente por parte de ministerios públicos que desconocen los protocolos de protección a la identidad de las víctimas y que han propiciado liberación de detenidos y oportunidad para que los indiciados puedan sustraerse de la justicia.
"Por un lado se victimiza y por el otro es como un "pitazo" a determinados indiciados para advertirlos de una indagatoria en su contra".
Otro caso en el cual se ha difundido información irresponsablemente es en el rapto y homicidio de la niña Camila.
Oficiales ascritos a la investigación difundieron datos como el vehículo Ford Fiesta blanco que se la llevó del exterior de su casa. Asimismo, presionados por presentar avances de la búsqueda realizaron un retrato hablado de una persona mediante datos erróneos brindados por el verdadero culpable, proporcionados por él para distraer la investigación.
Los propios encargados de la investigación filtraron los videos que demostraban la culpabilidad del secuestrador y homicida, mismos que fueron localizados en el aparato, material que fue recuperado de la memoria interna del teléfono e incluso borrados gracias a la utilización de la tecnología con que dispone la Fiscalía General del Estado.