Diario
El Paso
martes, 12 febrero 2019 | 06:00
Albuquerque, Nuevo México – Miles de páginas que incluyen los archivos personales de más de dos docenas de sacerdotes acusados de abuso sexual de menores han sido entregadas a la procuraduría de Nuevo México, según dijo el lunes la Diócesis de Las Cruces.
Los funcionarios de la diócesis identificaron a otros 13 sacerdotes que han sido el sujeto de creíbles acusaciones mientras prestaban servicio en otras diócesis.
El obispo Gerald Kicanas, dijo que los documentos fueron dados a conocer tras una revisión de los archivos personales del clero y del personal que estaban en poder de la diócesis. Aunque cierta información fue censurada debido a cuestiones de privacidad, Kicanas dijo que la acción forma parte de los esfuerzos de la diócesis por corregir los errores del pasado.
“Estoy consciente de que el no haber dado atención al daño ocasionado a los menores dentro de la casa de la fe ha escandalizado, afectado y enfadado a muchos de nuestros feligreses católicos y a otros”, según dijo en una declaración.
Disculpas y más acusaciones
Kicanas pidió disculpas a aquellos que por el transcurso de muchos años han resultado afectados y a aquellos cuyas denuncias fueron ignoradas, pero dijo que los funcionarios de la iglesia tienen que hacer mucho más que sólo pedir disculpas y “dar muestra de nuestra determinación de una manera cuantificable”.
La apertura de estos documentos tiene lugar justo ahora que la Iglesia Católica está lidiando a nivel global con un escándalo de abuso sexual de amplia envergadura. La semana pasada, la más grande asociación de hermanas religiosas en Estados Unidos hizo un llamado a una reforma de la estructura de liderazgo de la iglesia, conducida en gran parte por hombres, luego de que el Papa Francisco reconociera el problema de sacerdotes y obispos que abusan sexualmente de las monjas.
En Nuevo México, la Arquidiócesis de Santa Fe está lidiando con un procesamiento de bancarrota, y un ex sacerdote, que se encuentra en la lista de la arquidiócesis de aquellos creíblemente acusados, fue arrestado el viernes bajo cargos de haber secuestrado y violado a un niño de seis años a mediados de la década de los ochentas.
Los fiscales estatales presentaron el lunes una moción solicitando que Marvin Archuleta, de 81 años, permanezca bajo custodia mientras espera su juicio. Archuleta aún no ha contratado a un abogado.
Otros nombres
En noviembre, la diócesis de Las Cruces dio a conocer los nombres de 28 sacerdotes que han sido creíblemente acusados de abuso sexual. Dichos nombres fueron dados a conocer al público después de que la procuraduría general del estado pidiera revisar los archivos personales en busca de cualquier material que pudiera estar relacionado con acusaciones anteriores o recientes de abuso.
También se enviaron cartas a la arquidiócesis de Santa Fe y a líderes de la iglesia en Gallup solicitando “la revelación y transparencia total” de dichos archivos.
La solicitud tuvo lugar tras el reporte de un gran jurado que decía que más de 300 sacerdotes católicos abusaron de por lo menos mil menores por el transcurso de siete décadas en seis diócesis de Pennsylvania. Dicho reporte estipulaba que figuras de alto rango dentro de la jerarquía de la iglesia sistemáticamente encubrieron tales denuncias.
La procuraduría dijo el lunes que la diócesis debió haber entregado los documentos el pasado otoño. La dependencia señaló específicamente a la información en torno a Lucas Galván, un ex sacerdote que según los fiscales había sido previamente condenado de abuso sexual en Colorado y aun así se le permitió estar en compañía de menores mientras trabajaba en Las Cruces.
El diácono, Jim Winder, vicecanciller de la diócesis de Las Cruces, dijo que él espera que la revelación de los documentos conlleve a una mayor investigación y que los funcionarios de las iglesia estén abiertos a que los fiscales estatales escudriñen los archivos.
“La gente ha estado rogando de que la iglesia sea honesta. Este es un gran paso en la dirección correcta”, dijo Winder sobre la revelación de los documentos.
Winder también señaló a ciertas normas que fueron aplicadas por la iglesia y al establecimiento de un comité que revisa cada denuncia de conducta sexual inapropiada recibida por la diócesis, la cual sirve a casi un cuarto de millón de feligreses en el sur de Nuevo México. El panel es conformado por miembros del poder judicial, la Policía, profesionistas médicos y de salud mental y otros en la región.