Diario
El Paso
lunes, 23 septiembre 2019 | 06:00
Tres años después de la muerte de su hijo, David Wood vio al conductor acusado –de chocar a su hijo en la carretera en 2014 y de abandonar la escena– finalmente recibir un veredicto de culpabilidad, pero el castigo no era lo que él o los fiscales que manejaban el caso habían esperado.
El Estado encontró a Joseph Cantú culpable de no detenerse y prestar ayuda, un delito grave de segundo grado, en 2017. Por esto sólo recibió seis años de libertad condicional y servicio comunitario, pero no tiempo en la cárcel, por la muerte de Philip Wood, un atleta de la Universidad de Texas.
Los padres de Philip querían una sentencia más dura para personas como Cantú, a pesar de que no afectaría el caso de su hijo, por lo que fueron a la Legislatura de Texas. Su batalla de cinco años terminó este mes cuando entró en vigencia el Proyecto de Ley 2502 de la Cámara.
La nueva ley creó una sentencia de prisión mínima obligatoria de 120 días para cualquier persona que reciba libertad condicional por no detenerse y prestar ayuda en casos que resulten en la muerte de alguien.
Al final del juicio de Cantú en 2017, los fiscales solicitaron cuatro meses de cárcel, una solicitud denegada por el juez, quien en su lugar condenó a Cantú a 12 días de reclusión dos veces al año en el cumpleaños de Philip Wood y el aniversario de su muerte. En una apelación posterior, un juez rechazó el requisito de prisión de 12 días.
Los fiscales solicitaron la sentencia de cuatro meses para hacer que el castigo sea equivalente a la sentencia automática cuando un acusado recibe libertad condicional por homicidio por intoxicación, lo que consideran un delito equivalente.
Pero después del juicio, Wood comenzó a presionar por un cambio en el Código Penal del Estado que haría que el castigo automático por los dos crímenes fuera igual.
El representante estatal Joe Moody, demócrata de El Paso, se hizo cargo de la causa y fue autor del HB 2502, que fue aprobada casi por unanimidad durante la sesión legislativa de primavera.
“Uno nunca se recupera de la pérdida de un hijo, como puede imaginar; él era nuestro único hijo”, dijo Wood. “No fue un proceso fácil o agradable, pero creemos que intentamos en la medida de lo posible hacer cosas, aunque en medio de una mala experiencia, para mejorar las cosas para otras personas”.
Agregó que espera que la historia de la familia sirva como disuasivo.
Durante el testimonio ante el Comité de Jurisprudencia Criminal de la Cámara en marzo, Moody dijo que esperaba que el proyecto de ley sirviera para disuadir a los conductores ebrios y para que alguien no abandonara la escena de un accidente con la esperanza de obtener una sentencia menor.
El Estado elevó el delito de no detenerse y prestar ayuda al mismo cargo que el homicidio por intoxicación durante la sesión legislativa de 2013, pero no se les impusieron penas de prisión obligatorias equivalentes en ese momento.
“Durante mucho tiempo, hubo un incentivo perverso en la ley de Texas. El castigo por atropellar a alguien y luego huir de la escena fue menor que el castigo por homicidio por intoxicación”, dijo Moody en la audiencia del Comité de marzo.
“La ley básicamente alentaba a cualquier conductor ebrio, que se preocupara más por la autoconservación que por hacer lo correcto, a abandonar la escena y dejar a alguien muerto o muriendo al costado de la carretera... nuestras leyes no deberían promover el mal comportamiento”.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Travis fue una de varias entidades que se registraron para respaldar el proyecto de ley, junto con otras oficinas de DA en todo el estado.
Wood fue alentado por los miembros de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Travis, quienes pensaron que la penalidad adicional por ‘golpear y correr’ “marcaría la diferencia una vez que se corriera la voz”.
“Sentimos que estas dos ofensas tienen consecuencias igualmente trágicas y horribles, por lo que nos parece muy apropiado que tuvieran los mismos castigos”, dijo Matthew Foye, fiscal de Distrito asistente del Condado de Travis.
Una portavoz de las Asociaciones Combinadas de Aplicación de la Ley de Texas, Jennifer Szimanski, dijo en un comunicado que su organización “respaldaba plenamente el proyecto de ley, porque la coherencia dentro de los estatutos es importante para mantener resultados claros y concisos en el sistema de justicia desde oficiales de primera línea hasta el proceso judicial”.
Foye, quien ayudó a enjuiciar el caso de Cantú, reconoció la posibilidad de que la ley podría no tener un efecto disuasorio al principio y que podría requerir un juicio de alto perfil en el futuro para crear conciencia entre el público.
Mientras tanto, Foye dijo que su oficina está trabajando con la familia Woods para encontrar formas de crear conciencia sobre la ley.
“Eso sucede con el sistema de justicia penal a veces, donde no ocurre hasta que hay un cambio en la ley y alguien es condenado y castigado por eso y la gente comienza a darse cuenta, ‘Oh, Dios mío, realmente puedes meterte en problemas por esto, “o puedes obtener una penalización más severa por esto al final”, dijo Foye. “Es por eso que estamos tratando de ver qué podemos hacer para ayudar a la familia Woods a correr la voz en el frente para quizás disuadir antes”. (The Texas Tribune)