Invitan a implementar políticas anticorrupción

Sanciones que van desde multas millonarias hasta la cárcel son las que empresarios podrían enfrentar de no contar con políticas de integridad o anticorrupción dentro de sus centros de trabajo, según explicó José Antonio Chávez Vargas, socio director de la firma de abogados Chávez Vargas Minutti.

“Siempre vemos el tema de la corrupción como algo que está ahí, pero debemos empezar por nosotros mismos, no por el miedo a la ley sino de ponerse a pensar qué se quiere de la empresa, de sus empleados, que no roben o pidan favores, lo primero es estar convencido y el principal reto es el convencimiento de dar el primer paso”, dijo.

Chávez Vargas indicó que a México pareciera que le duele dar ese paso de “no dar la mordida”. Por lo que ayer martes se llevó a cabo en Ciudad Juárez una plática en las instalaciones del Centro de Estudios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura (Cepia) sobre la importancia de las políticas de integridad.

El Artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que la política de integridad debe incluir por lo menos un manual de organización y procedimientos claros, un código de conducta, sistemas eficaces de control, vigilancia y auditoría, sistemas adecuados de denuncia, procesos de entrenamiento, así como mecanismos para asegurar en todo momento la transparencia.

El entrevistado explicó que es necesario que las organizaciones observen y se orienten mediante las disposiciones internacionales como son la ISO 37001:2016, la FCPA de Estados Unidos, UK Briebary Act, Normatividad y recomendaciones de la OCDE en materia de anticorrupción y anticohecho.

Además señaló que las empresas que deseen mantener relaciones comerciales o e servicios internacionales deberán establecer una política de integridad en términos del nuevo Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés).

Entre los beneficios por la implementación de estas disposiciones destacan el combate a la impunidad, incluyendo la extorsión, el cohecho y tráfico de influencias, fortalecer el clima de legalidad en el desarrollo de negocios, la identificación de procesos para la exposición de riesgos, entre otras.

La firma de abogados señala que las sanciones económicas por conductas relacionadas con soborno, corrupción o cohecho van de mil hasta un millón 500 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 126 millones 735 mil pesos, los cuales podrán tener carácter de un crédito fiscal para el infractor.

“Se trata de aplicar lo que la ley establece para evitar sanciones muy fuertes como la cárcel para los directores, hasta la inhabilitación o cierre de la empresa”, dijo Chávez Vargas.

El entrevistado afirmó que esta frontera es un motor económico de relieve para el país, por lo que consideró de suma importancia para el empresariado no dejar que malas prácticas afecten a las empresas en cuestión de utilidades.

“Yo creo que no hay empresa en Juárez que esté peleada con su dinero, porque estas conductas afectan en utilidades y en temas de prestigio. Entonces no hay un solo empresario que no quiera actuar para que sus empleados estén en ese entendimiento”, dijo.

elara@redaccion.diario.com.mx