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Se defiende ICE de informe sobre muertes y crueldad en centros de detención

El reporte, elaborado por la Unión Americana de Libertades Civiles, plantea que la dependencia opera los albergues sin una supervisión significativa del gobierno

Agencias
jueves, 19 septiembre 2019 | 15:28
Agencias

Washington – Kamyar Samimi murió bajo custodia federal en 2017 debido a la negligencia médica y abuso en un centro de detención de inmigrantes en Colorado, pero su escandalosa muerte no ha impedido que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) siga invirtiendo millones de dólares en empresas como GEO Group, a cargo de varios de esos centros en el país, publicó La Opinión.

Así lo argumenta un informe divulgado ayer por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Colorado, en el que asegura que ICE opera centros de detención sin una supervisión significativa del gobierno, incluyendo el de Aurora, donde falleció Samimi en diciembre de 2017, y Evalin Alin Mandza, cinco años antes.

Esa instalación está en manos de GEO Group, que a través de los años ha recibido jugosos contratos de ICE para la gestión de diversos centros de detención en Estados Unidos.

En ese sentido, el informe de ACLU quiere llamar la atención sobre los problemas en los centros de detención de ICE, muchos de ellos bajo administración de empresas como GEO Group. Hasta la fecha, 31 inmigrantes han fallecido bajo custodia de ICE durante la Administración Trump, incluyendo al menos siete niños.

El centro de detención en Aurora “viola los derechos humanos básicos de sus detenidos, principalmente los que solicitan asilo, a través del abuso y la negligencia médica, según el informe de ACLU, que es producto de una investigación de nueve meses.

El informe, titulado “Lucrándose con la crueldad: relatos de muerte, abuso y abandono en el Centro de Detención de GEO en Aurora”, pone los reflectores sobre el historial de abusos vinculados con el encarcelamiento de inmigrantes.

“La investigación reveló numerosas historias de incompetencia médica, descuido dental, cuidado de salud mental inadecuado, falta de recursos para detenidos discapacitados, así como un cuidado inferior, que contribuyeron al sufrimiento y muerte de Kamyar Samimi”, quien llevaba más de 40 años como residente permanente en EU, dijo ACLU.

La instalación donde murió Samimi alberga a cerca de mil 500 detenidos, la mayoría por infracciones migratorias civiles, pero ya encerrados por ICE en Aurora no tienen acceso a niveles adecuados de cuidado médico, nutrición, recursos legales o, en muchos casos, de la misma “decencia humana”, agregó la organización.

La ACLU pudo constatar a través de su investigación que el médico de GEO a cargo del cuidado de Samimi lo privó de la dosis de metadona que éste tomó con receta médica durante 20 años para tratar un problema médico. Esa decisión, que ACLU calificó como “medicamente injustificable”, le produjo síntomas de abstinencia tan debilitadores como torturadores, explicó Mark Silverstein, director legal del grupo en Colorado.

Según Silverstein, las investigaciones internas sobre la muerte de Samimi jamás cuestionaron el papel que pudo haber jugado el médico para “precipitar” el trágico desenlace. La ACLU interpuso una demanda para obtener el historial médico completo de Samimi.

Pero Samimi no fue la única víctima mortal: en 2012, Evalin Ali Mandza, de 46 años, murió de un ataque cardíaco en el mismo centro y, según un informe oficial, éste “no tuvo acceso a cuidado médico adecuado” durante su encierro, según ACLU.

Aún cuando la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha condenado las condiciones del encarcelamiento de migrantes a cargo de ICE, la agencia no ha exigido cuentas a GEO ni ha mejorado las condiciones en los centros de detención, según ACLU.

Pese a las deficiencias en el centro de detención, GEO registró un ingreso neto de $33,4 millones en el último trimestre de 2018, y en la actualidad tiene un valor de más de 2.3 billones de dólares, agregó.

La investigación interna de ICE destapó numerosas violaciones de las normas respecto a los detenidos pero, a comienzos de este año, la agencia procedió a ampliar la capacidad del centro de detención en Aurora de mil a mil 500 inmigrantes, muchos de los cuales languidecen allí durante años, dijo el informe.

Aún cuando las autoridades pusieron en cuarentena a los migrantes por brotes de varicela y paperas, el centro a cargo de GEO todavía sólo tiene un médico contratado a tiempo completo, según ACLU.

ICE dijo en una declaración escrita que su instalación en Aurora se maneja “de forma humana, limpia y profesional”, que pasó una inspección independiente en octubre pasado, y que las acusaciones de ACLU “simplemente no se apoyan en otras numerosas inspecciones” que también le han dado el visto bueno.

La muerte de cualquier detenido bajo custodia de ICE “es trágica, y nuestro personal hace todo esfuerzo por evitarlas”, agregó la agencia, al indicar que la instalación en Aurora solo ha tenido dos muertes en más de 30 años.

En el año fiscal 2018, ICE ha registrado nueve muertes en sus centros de detención, del total de más de 396,000 detenidos.

GEO se defiende

En declaraciones a Noticias Telemundo, Pablo Páez, vicepresidente ejecutivo para relaciones corporativas de GEO, explicó que no podía comentar específicamente sobre las nuevas acusaciones pero que ACLU mantiene “una posición política generalmente en contra de alianzas público-privadas”, y el informe lo confirma.

Según Páez, el centro en Aurora ha operado con acreditación nacional más de 30 años bajo gobiernos demócratas y republicanos, tiene aproximadamente 46 puestos médicos, y ofrece servicios las 24 horas del día, los siete días a la semana.

Los profesionales también reciben talleres de capacitación que, además de temas de salud, abarca asuntos de derechos humanos, y en la actualidad el centro está en el proceso de llenar más vacantes, pese a la escasez de personal de salud, subrayó.

El ejecutivo no habló concretamente de la muerte de Samimi pero insistió en que GEO tiene políticas para el tratamiento de la abstinencia de opiáceos, que además cumplen con las normas de ICE para el tratamiento de drogadicción y desintoxicación.

Múltiples casos de abuso

Para Denise Maes, directora de política pública de ACLU en Colorado, los casos de incompetencia o insuficiente cuidado médico muestran que ICE y GEO “carecen de la voluntad y habilidad para proveer siquiera el cuidado más básico” para los migrantes detenidos.

“Este informe tiene enfoque nacional porque estos centros de detención en manos privadas no actúan con transparencia o rendición de cuentas al público. Ese es el juego de ICE, que las cosas sean menos transparentes, envueltas en secretismo”, dijo Maes a Noticias Telemundo en entrevista telefónica.

“El hecho es que tienen un sólo médico para 1,400 detenidos; es lo que (GEO) nos dijo y lo que pudimos comprobar. No sé dónde están los otros 45 profesionales que mencionan porque no están presentes allí… los detenidos tienen que hacer citas por Skype”, precisó Maes.

“Con este informe queremos que los legisladores estatales implementen nuestras recomendaciones, todas pensadas para crear más transparencia y rendición de cuentas”, agregó.

En uno de los casos documentados por ACLU, Diana López, una solicitante de asilo se quejó de un enorme dolor de diente pero nunca logró que la llevaran a un dentista. La mujer intentó sacarse el diente por sí sola y otras compañeras en su celda ayudaron a limpiarla.

A un detenido que sufría de depresión, su psicólogo le dijo que “nadie se preocupaba por él” y que debería mejor firmar su deportación voluntaria.

Mientras, Fabián Vásquez, que padecía de sordera, comenzó a mostrar síntomas de confusión y aislamiento al no recibir los aparatos auditivos para oír bien, y Elías Salgado sufrió depresión por “las represalias, castigos arbitrarios y abandono” que experimentó en el centro de Aurora.

También está el caso de Miguel Angel Avila Arce, que aseguró que un guardia de seguridad le quebró varios dedos al aplastarle la mano con la puerta de la celda.

Por ello, el informe incluye recomendaciones para mejorar las condiciones en el centro de detención en Aurora; más fondos para la representación legal de los detenidos, y que se disminuya la colaboración de la policía local con ICE, entre otras.

La hija de Samimi explicó que trabaja con ACLU en la campaña contra ICE porque no quiere que otras familias sufran como la suya, y que cesen los abusos en los centros de detención.