Toca Chihuahua el sótano por mal gobierno

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Hasta el fondo quedó Javier Corral Jurado en la encuesta nacional presentada ahora por Roy Campos. Fue ubicado en dos materias a sólo un escalón del peor entre los 32 gobernadores del país. El sondeo corresponde a septiembre.

El primer golpe del mes a la imagen del régimen corralista fue colocado la semana pasada por la encuestadora Arias Consultores. No se levantó el gobernador de la lona respecto de meses anteriores (agosto hacia atrás) pero compartió malos créditos entre los últimos cinco o seis lugares, no en los últimos dos adjudicados por Campos.

En percepción económica, el 40 por ciento de los chihuahuenses encuestados dicen que está igual, el 32 por ciento que está peor y sólo el 22 considera que ha mejorado. Abajo de esas calificaciones sólo aparece Guanajuato.

Seguridad quedó por las mismas. Sólo 13 por ciento concluye que ha mejorado en Chihuahua, el 13 por ciento opina que está igual y el 51 por ciento dice que empeoró. Abajo de la administración corralista, sólo la de San Luis Potosí.

En agosto únicamente un 23 por ciento de los chihuahuenses estaba de acuerdo con el trabajo del gobernador Corral, según el sondeo de Campos; para septiembre esa cifra bajó al 22 porciento. 

La encuesta de Arias obtuvo una calificación aprobatoria de apenas el 18 por ciento ese mismo mes para el gobernador.

A Corral Jurado le faltan menos de dos años para concluir su período. Se va en septiembre del 2021. Ese año será eminentemente electoral, lo cual significa que le quedan aproximadamente 12 meses de control completo.

El dato es interesante porque nos lleva a la conclusión de que lamentablemente el rumbo del estado seguirá por las mismas. Lo que no hizo Corral en tres años tampoco lo hará en uno, menos cuando la ingobernabilidad que priva en la entidad tiene origen esencialmente en su conducta.

Es obvio que al gobernador lo que menos le importa son los resultados de las encuestas ni que las mismas constituyan un reflejo fiel de lo que piensan de su administración los chihuahuenses. 

Prácticamente los tres años se ha mantenido reprobado y su actitud no se ha modificado un milímetro. Reacciona con odio frente a cualquier crítica, juega golf y tenis en horarios que debieran ser de mucho trabajo, conoce a detalle la tremenda corrupción en sus áreas de seguridad y no ha movido un dedo para rectificar...

No existe voluntad de cambio.

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En ese sentido, continúa hundiéndose también en las redes sociales, particularmente en Facebook, su principal herramienta propagandística para llegar a Palacio de Gobierno en las pasadas elecciones para la gubernatura.

Luego de que las reproducciones de sus videos y enlaces se desplomaron hasta en un 80 por ciento en relación con las publicaciones de los primeros meses de su administración, ayer volvieron a tundir tras desalojar a un grupo de tenistas de las canchas públicas de la Ciudad Deportiva en la capital del estado. Los quitó para jugar él y sus colaboradores.

Consideraron los ciudadanos que se trata de otro abuso, similar al de la adjudicación de un terreno contiguo a una de sus propiedades en Juárez.

Se ha permeado con fuerza en la red de Zuckerberg, la triste pero real imagen de ‘peor gobernador que Duarte’.

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Ayer el independiente alcalde Armando Cabada se agarró al estilo mañanero del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dirigió el izamiento de bandera en la escuela secundaria técnica 33, se aventó un buen rollo sobre la reunión sostenida en Juárez en 1909 entre el presidente norteamericano William Taft y el presidente mexicano Porfirio Díaz. Dos años después fueron firmados aquí mismo los tratados que dieron punto final a la dictadura porfirista, dijo Cabada.

Pero del tema democrático colgó un mensaje particularmente a sus colaboradores pidiéndoles mantenerse “ a la altura de las demandas de la población”.

“No podemos perdernos en aventuras políticas personales que solamente nos alejan de nuestras obligaciones con la sociedad. En este proyecto independiente no caben las ambiciones personales, ni podemos colocarlas por encima de las responsabilidades ante los juarenses... Quiero ser muy claro en esto que les digo, no debemos usar los puestos que tenemos para promociones personales... Esto simplemente no lo voy a permitir”.

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El jueves presentará su primer informe de labores el rector de la Universidad Autónoma de Juárez (UACJ), Juan Ignacio Camargo Nassar.

Hay inquietud y ebullición al interior de la máxima casa de estudios tanto por la precaria situación económica como por presumibles cambios que el rector llevaría a cabo entre su equipo de colaboradores.

El aspecto económico básicamente tiene que ver con la negativa del Gobierno de Javier Corral para ponerse al corriente con adeudos que ya suman millones por cientos. Ese dinero faltante es indispensable en decenas de programas requeridos por la comunidad universitaria. De nadie se conduele el gobernador.

También ha trascendido que el rector ha planeado algunos cambios en su estructura jerárquica por necesidad de mayor entendimiento con sus colaboradores y, por lo tanto, mejores resultados en algunas áreas.

Son mencionados relevos en Planeación y Desarrollo Institucional, Vinculación e Intercambio, Producción Cultural, Subdirección de Comunicación Social, Investigación y Posgrado y Auditoría Financiera, Coordinación de Posgrado, Tecnologías de la Información.

Por supuesto, la sacudida será después del informe.

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Una nueva comandancia de la Policía Municipal y un parque de enormes dimensiones en el sector suroriente de la frontera serán dos proyectos que llevarán prioridad en el presupuesto del año próximo.

Ambos forman parte de los compromisos que ha hecho el independiente Armando Cabada dentro de la llamada Estrategia Suroriente para acercar servicios públicos a una zona que bien puede considerarse producto del error y ambición de anteriores gobernantes.

Tras el arranque de las mesas de trabajo de la estrategia el fin de semana, el reporte general del Instituto Municipal de las Mujeres, a cargo de Verónica Corchado, muestra una realidad ya conocida del sector, pero avanza en delinear objetivos y rutas de trabajo.

Según el diagnóstico, llevar los servicios públicos generales es más caro y complejo que a casi cualquier otra zona de la ciudad.

Pero en el caso de la seguridad y la protección civil se vuelve prácticamente una cuestión de vida o muerte para los miles de habitantes que se concentran en este polo.

Eso se agrava con la falta de un alumbrado público eficiente, problema de grandes dimensiones que demanda soluciones del mismo tamaño... soluciones que han sido bloqueadas una y otra vez por razones políticas.

De ahí la necesidad de una estación de Policía y Bomberos, además de la construcción de un megaparque que se convierta en espacio natural de convivencia para familias y vecinos.

La Estrategia Suroriente busca apostarle a una millonaria inversión en servicios para el sector, vialidades, programas preventivos de la violencia e infraestructura como la que se planea.

Se habla de entrada de unos 100 millones de pesos en varias inversiones, nada en comparación con lo que demanda la pacificación y orden que requiere una gran zona de la ciudad que además es el referente obligado en materia de violencia e inseguridad de la frontera.

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Cinco abogados ejecutados en el año llevaron al líder de los especialistas en materia penal, José Antonio Navarro Castañeda, a advertir a la Fiscalía General del Estado que los juristas tendrían que andar armados, así deban violar la ley.

Los casos de penalistas asesinados se encuentran en la impunidad, no hay uno solo que cuente con responsables presos o bajo proceso. Tampoco hay investigaciones certeras, ni siquiera la seguridad de que existan.

Comenzaron con Rogelio Martínez, esposo de la jueza Brissa Yadira Meraz, el pasado mes de junio; siguieron con Ernesto Ortega Martínez y Luis Alejandro Puentes en julio; Mario Azael Zamora en septiembre y Marco Iván Gloria en este mes de octubre.

Los homicidios motivaron el enérgico llamado la semana pasada de Navarro Castañeda a la Fiscalía General del Estado, para exigirle seguridad al gremio.

Además dio a conocer que la situación ha llevado a los abogados penalistas a andar armados como medida de defensa, dado que no se cuentan con garantías mínimas para trabajar en medio de este ambiente contaminado por la violencia.

Al reconocimiento de que deben estar al margen de la ley los abogados, debiendo transitar armados, se sumó la petición para analizar excepciones a la norma a fin de darle legalidad a esta medida desesperada a la que han recurrido los abogados.

Pero ni la psicosis que viven los penalistas ni la cantidad de casos, menos la confesión de la ilegalidad en la que caen obligadamente los juristas, ha llamado la atención de la Fiscalía. Ni se inmutan en la FGE ante la galopante violencia y la fomentada impunidad.