Primero la grilla, después el Covid

-Primero la grilla, después el Covid

-El trancazo de la política a la justicia

-Pone CNDH visitadora al caso Duarte

-Misael ‘El Yukon’ causa estrés a panistas  

Impotencia y más enfado deben sentir los chihuahuenses al conocer que Javier Corral promovió una ley de cubrebocas, pero él mismo usa de manera discrecional dicho accesorio. En ocasiones sí y otras veces no, como quedó demostrado el miércoles en una sala de abordaje del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Eso no fue todo si continuamos en esa conducta despreocupada y contrastante desplegada por el gobernador ese mismo día. Apenas llegó a Chihuahua, se dirigió a su despacho de Palacio de Gobierno y de nuevo lo tomó de palacio electoral.

Todos los chihuahuenses permanecían a la expectativa de una prometida reunión del Consejo Estatal de Salud para modificar las severas medidas restrictivas decretadas hace 15 días.

En lugar de atender ese tema, Corral sostuvo una reunión con una exdiputada local del PRI, después comió con la presidenta del PAN en la entidad, Rocío Reza y en la noche sostuvo una cena con tres precandidatos panistas a la alcaldía de Chihuahua, Miguel Riggs, Miguel Latorre y Roberto “El Pony” Lara.

Nada que ver con el Covid y su crisis consecuente. Eso lo dejó para 24 horas después.

***

Un abismo de diferencia entre los jueces de Nueva York,  Richard Berman y la jueza Carol B. Amon para dos casos con implicaciones políticas de inédita resonancia mundial y oscura marca negativa para el cardex histórico de ese idealista concepto de “darle a cada quien lo que le corresponde” llamado justicia.

Berman superó todas las presiones que debían esperarse para un caso como el del famoso Jeffrey Epstein, el empresario acusado de violación y tráfico sexual por al menos 30 mujeres pero con relaciones con los Trump, los Clinton, monarcas de Inglaterra y gobernantes de un sin fin de países, Rusia entre ellos.

Epstein había librado la corte federal en Florida, pero no superó la atracción del caso por parte de Berman en Nueva York. El 6 de julio del año pasado fue recluido en una cárcel y sorpresivamente terminó quitándose la vida apenas un mes después, antes de iniciar el desfile de testimonios en su contra por la sala de juicios.

La jueza Amon consideró “graves” las imputaciones contra el poderoso secretario de la Defensa Nacional de México durante el período 2012-2018, Salvador Cienfuegos Zepeda, pero lo dejó libre por “un acuerdo” entre los gobiernos mexicano y estadunidense. Fue detenido el 15 de octubre y durmió en su casa de la Ciudad de México la noche del 18 de noviembre.

Innegablemente fue privilegiado el aspecto político sobre la justicia a pesar del grueso listado de supuestos delitos cometidos por el jefe del Ejército azteca durante el régimen de Enrique Peña Nieto.

Bien pudo la jueza escuchar o desmenuzar el expediente recibido por la Fiscalía de los Estados Unidos y buscar una salida más decorosa para un país que presume en el orbe la impartición de justicia como uno de sus bienes institucionales más preciados.

Queda claro que un sector del propio gobierno estadunidense decidió capturar a Cienfuegos e iniciar en su contra un proceso que necesariamente sería vinculado a los que son llevados contra “El Chapo” Guzmán, Genaro García Luna y otros tantos recluidos allá por lavado de dinero, tráfico de drogas... crimen organizado.

Pero también ha quedado establecido que la liberación de Cienfuegos es un triunfo de quienes en suelo norteamericano hacen negocios de todo tipo con el gobierno mexicano (el Departamento de Estado y la DEA), y en particular con los mandos de la Defensa Nacional, que colocaron en severos aprietos al presidente Andrés Manuel López Obrador hasta conseguir la decisión “política” de regresar a Cienfuegos, uno de los suyos.

Afirma el gobierno mexicano que la Fiscalía General de la República (FGR) dará seguimiento al expediente del general. Así será seguramente, pero para archivarlo. Si no pudieron siquiera iniciar el juicio en los EU, menos acá. La política levantada en hombros.

***

Si le faltara complejidad al caso del exgobernador César Duarte, detenido desde julio en Miami, Florida, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió una nueva queja dirigida a todas las autoridades estatales involucradas en el proceso en su contra.

A través del abogado Juan Carlos Mendoza Luján, apoderado legal de Duarte, el exmandatario promovió el recurso ante la instancia nacional. El día 28 de octubre pasado -el registro oficial de la CNDH puede verse en la versión digital de La Columna- fue asignada Cinthya Arlette Juárez Luna, de la Segunda Visitaduría General, como visitadora del caso. Ella es quien ha comenzado a sacar ronchas con la revisión de expedientes y peticiones de información.

La queja formal alega violaciones diversas a las garantías del ahora recluso en Estados Unidos, desde su derecho a la defensa hasta el de presunción de inocencia, por actuaciones que le adjudica a la secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, a la fiscal Anticorrupción del Estado, Gema Guadalupe Chávez Durán y a su agente del Ministerio Público adscrito, Arturo Matán González, así como a los jueces de control que libraron órdenes de aprehensión.

A Vargas Ruiz la acusa de omitir los procedimientos administrativos contra Duarte y sus funcionarios, para que todo se hiciera por la vía penal; mientras que al MP de esconderle información de las causas en su contra, lo que deriva en problemas graves para preparar una defensa.

En el caso de los jueces del Distrito Morelos la queja es porque rechazaron darle datos de los expedientes contra Duarte a sus abogados, con una chicanada de risa: les dijeron que solo podían dar información al acusado y no reconocían a nadie como representante de él, como si no supieran en los tribunales para qué son los abogados.

Obviamente la queja también señala al fiscal general César Augusto Peniche y a Javier Corral como actores principales de los expedientes contra el “duartismo”, término del que, por cierto, también se duele el ballezano que pelea contra la extradición.

Acusa al gobernador actual de la invención del concepto “duartista” y su vinculación inmediata con actos de corrupción.

Por detalles así la queja avanza en la CNDH y puede convertirse en el principal obstáculo que tenga la justicia corralista para cumplir su única promesa de campaña.  

***  

Más estrés le causó al coordinador de la bancada panista, Fernando Álvarez Monje, que al pastor de Encuentro Social, Misael Máynez, la dimisión de la diputada Martha Josefina Lemus del artificial grupo del PES en el Congreso del Estado. A punto del infarto lo puso la amenaza de que otro diputado de la misma fracción, Obed Lara, renunciaría a su militancia.

El pasado miércoles durante la reunión de la Junta de Coordinación Política se supo del abandono de Lemus a la bancada de Máynez, que ha sido protegido por Acción Nacional durante toda la legislatura a punto de componendas inmorales. También Lara advirtió su renuncia al grupo, pero se contuvo porque el diputado de la Yukon tiene a dos o tres familiares recomendados de su compañero en una opaca y discreta nómina del Legislativo.

Así, solo la juarense Lemus Gurrola abandonó la bancada del PES, de la misma forma que lo hizo hace meses Marisela Sáenz, quien luego se sumó al grupo del PRI que coordina Rosa Isela Gaytán.

La primera hasta ayer se asumía como independiente, pero podría irse a alguna otra de las bancadas.

El problema para Máynez Cano es que su gente se le va entre acusaciones de que hace transas no con 10 o 20 mil pesos al mes, sino con cientos de miles que le chorrean de las áreas administrativas del Congreso y no solo vía nómina. Eso debilita la de por sí mermada imagen del legislador que sostiene irregularmente las siglas del PES, que por ley ya no existe, a la vez que crece su asociación Chihuahua Líder, diseñada para seguir haciendo negocios.

El problema mayor, sin embargo, es para Álvarez Monje, que con una diputada menos en el PES pierde la mayoría tanto en las votaciones ponderadas al interior de la Junta de Coordinación como posiblemente en el pleno. Y no son momentos como para perder el control del Legislativo, donde de por sí son complicados los controles.