Policías nomás para cuidar mascotas y tenis

• Policías nomás para cuidar mascotas y tenis

• Ahora sí comienza carrera por el Tribunal 

• Morenistas van a sudar para explicar recortes

• Hallazgos feminicidas frenan Alerta de Género

Lo ocurrido el sábado en la tradicional Deportiva de la ciudad de Chihuahua sustancialmente fue el ataque directo, feroz e irracional del gobernador Javier Corral Jurado contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Su defensa ayer en Palacio de Gobierno fue pobre y cínica. A su estilo.

Sacó de sus casillas a Corral que cerca de las nueve de la mañana un reportero se aproximara cámara en mano hasta la cancha de tenis e intentara tomar fotografías del encuentro que desarrollaba con otras personas.

En persona el gobernador ordenó a sus policías escoltas detener al periodista Gabriel Venzor (de La Opción) e investigarlo “por narco”. Fue agredido, detenido por más de una hora y robado su celular. Brutal el ataque para el gremio periodístico y la sociedad en general.

Corral ha dejado sus cabales. No soporta que el periodismo libre e independiente demuestre que para él ha sido más importante viajar en avión, en helicóptero; jugar golf y tenis, que atender sus deberes como gobernador.

Su única defensa frente a su incapacidad para brindar seguridad a los chihuahuenses, salud, educación, saneamiento de sus finanzas estatales, es la agresión contra quien o quienes informan de ello: los periodistas.

Tenemos en la versión digital de La Columna tres fotografías, dos de ellas de no buena calidad, pero bastante ilustrativas de que Corral ha perdido la razón. Un policía de sus escoltas paseando a su perros Greta y Galo mientras él jugaba tenis. Fue el mismo sábado por la mañana, minutos antes que fuera agredido el periodista.

En el espacio que usa Corral de estacionamiento había por lo menos seis vehículos; dos de él y sus acompañantes en el tenis y cuatro de la Fiscalía General del Estado para su resguardo.

Hoy mismo presentamos en El Diario un amplio análisis sobre el saldo de la violencia registrada en todo el estado durante los tres años y fracción de Corral al frente de la gubernatura. Ha quedado demostrado que son pocos los policías combatiendo a la delincuencia, y esos pocos son usados para cuidar a sus mascotas, Greta y Galo.

El sábado no fue el de la Ciudad Deportiva el único incidente relacionado con libertad de expresión. En Valle de Zaragoza tuvo Corral una visita cuasiprivada con la alcaldesa del lugar para revisar los trabajos de una clínica (previamente habían inaugurado obras ante la población general).

De manera natural, la alcaldesa llevaba a su equipo de fotografía y video. Todo fue borrado por el jefe de escoltas, Jesús Manuel Escamilla; la razón: él no había recibido instrucciones del gobernador para las tomas. Ni disculpas del mandatario por el abuso tremendo.

Ha sido perdida, además del sentido de la responsabilidad, la cordura.

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Llegaron a los cinco años de antigüedad desde su polémico nombramiento como magistrados “oxigenadores” y ahora pueden aspirar a presidir el Poder Judicial.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Pablo Héctor González Villalobos, tiene sólo un año más en el puesto al que llegó a relevar a Julio Jiménez Castro. Tiene un Pleno algo cómodo con 30 magistrados de los cuales hacen mayoría los impuestos por el nuevo amanecer, igual que en los cinco del CJE.

Pero –hasta ahora replegados– 13 beneficiarios del sexenio pasado han adquirido el requisito indispensable de los cinco años como magistrados para ser considerados aspirantes a encabezar la judicatura estatal.

Algunos de los 13 han hecho alianzas con el corralismo o le tienen lealtad a González Villalobos. No todos. Éstos podrían ser los más académicos y centrados.

Además hay otros con reconocida antigüedad y carrera en el Poder Judicial, con aspiraciones y necesidades que el corralismo no tomó en cuenta o no cubrió políticamente. Tienen colmillo y esperan el relevo para tratar de subir en la escalera judicial. Son los de este apartado los que creen que tienen derecho a aspirar ahora que el Gobierno de Javier Corral entra a la recta final dando tumbos, para variar.

Luego están los que son abiertamente antisistema. Son los duartistas que encabezan Jorge Ramírez y Gabriel Sepúlveda, a los que hasta la fecha no ha podido aplastar el nuevo amanecer, pese a los intentos que hubo y los que siguen vigentes para destituirlos, con orden de aprehensión de por medio.

De los 13 tal vez queda la mitad que comparte un mismo origen, pero no ha perdido el tiempo en estos cinco años para trabar acuerdos con, por ejemplo, los que sienten que les asiste el derecho de antigüedad.

Se supone que los números no dan para una mayoría anticorralista. Pero eso es ahora, cuando apenas arranca la carrera por el Poder Judicial que habrá de concluir en octubre de 2020. 

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Los legisladores federales de Morena preparan el terreno para volver a Chihuahua luego de la polémica desatada por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Dicen que llevan como parte de la estrategia el ataque a los gobiernos municipales y estatales por sus lloriqueos, pero eso no parece suficiente para contrarrestar la opinión negativa que se generó con el PEF en todo el norte del país.

Van a sudar para explicar los recortes al gasto en materia de seguridad, campo e infraestructura, principalmente porque hay mucho ruido por el incremento en programas sociales directos con base en el sacrificio de otros rubros.

La tarea de cuadrar números la tienen Jorge Villarreal Pasaret, Ulises García Soto, Sebastián Aguilera Brenes, Heraclio Rodríguez y Teresita de Jesús Vargas, cada uno desde la posición que ocupa en comisiones.

En números gruesos Chihuahua tendrá 55 mil 192 de participaciones y aportaciones federales en 2020, lo que representa mil 552 millones de pesos más que lo presupuestado para 2019. 

El incremento es de apenas 2.8 por ciento, negativo en términos reales con un estimado de inflación que rondará el 4 por ciento.

Tendrán que explicar por qué consideran un incremento lo que en realmente es un decremento, ya que es evidente el abandono al norte del país por el que muy poco pudieron hacer los legisladores morenistas, incluso el más aguerrido como el “Yako”, que hasta amenazó con levantarse en armas si le pegaban a los programas de inversión en el campo.

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Es la gran cantidad de factores que propician la violencia feminicida en Chihuahua la que, paradójicamente, tiene frenada la emisión de la Alerta de Género.

No es que falten argumentos para sustentar el mecanismo sobre el que tiene la última palabra la Secretaría de Gobernación. Es lo contrario: sobran y hace falta documentarlos para ponerlo en marcha en la entidad.

En los últimos días las promotoras de la alerta, como Emma Saldaña del Instituto Chihuahuense de la Mujer y la diputada panista Blanca Gámez, han presionado para que no quede congelado el estudio que sustenta la declaratoria.

Pues bien, por el lado de la academia que trabaja en la argumentación apuntan que no sólo el incremento de cero feminicidios en 2015 y 2016 a 40 el año pasado y 27 en el actual es un factor determinante para dictar la alerta.

La emisión conlleva sugerir cambios y recomendaciones en la política criminal y preventiva. Aceptarlos o no estaría en la cancha del Gobierno del Estado.

Hay también una extensa cadena de omisiones que va desde las policías municipales hasta la Fiscalía de la Mujer, a cargo de Wendy Chávez. Ello también debe documentarse no sólo para exhibir un actuar deficiente de la autoridad, sino para proponer alternativas para enfrentar el problema.

En una de ésas la alerta sale hasta con recomendaciones para remover funcionarios que al menos por omisión han sido cómplices en el incremento de la violencia contra las mujeres.