Opinión
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Morir en el Poliplaza...¿y pagar más?

Tenemos que Poliplaza pretendió aumentar a los 14 millones de pesos un 28.5 por ciento para el 2020

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 28 enero 2020 | 06:00

• Morir en el Poliplaza...¿y pagar más?

• Sigue Rogelio con la mano muy pesada

• Juntos reunieron 300 mil pesos y los votos

• Tachiquín logra extraordinario...y nada más

Son largos esos directivos de Poliplaza Médica. A finales del 2019 fueron recibidos en El Diario algunos testimonios sueltos sobre pacientes que llegaron a esas instalaciones hospitalarias  y recibieron atención de mala a pésima. El horror incluyó defunciones. Bien documentado todo.

La información recabada fue copiosa. Fueron varios los casos hilvanados y presentados a los lectores durante varias ediciones. 

Hablamos de Poliplaza no solamente como un hospital privado, sino como una empresa que se embolsa cada mes 14 millones de pesos del presupuesto público para atender a unos 10 mil empleados municipales, de los cuales una mayoría inmensa afortunadamente no requiere más allá de consultas básicas.

Semejante cantidad en automático nos hablaría de excelente calidad en el servicio para empleados que trabajan de sol a sol tapando baches, o reparando alumbrado... para los policías municipales que con frecuencia son víctimas de la delincuencia... nada de eso, puras quejas y hasta denuncias de toda índole.

Ha llamado por todo ello la atención el diferendo registrado desde el fin de semana entre los directivos de Poliplaza y la Presidencia municipal que por unas horas provocó falta de atención a los empleados del Ayuntamiento.

Batallamos para encontrar las razones porque si bien ayer la Alcaldía anunció que fue superado el conflicto y vuelto el servicio normal, en realidad nomás iniciaron las pláticas hacia un acuerdo definitivo que deberá llegar en las próximas semanas. Receta incompleta.

Tenemos que Poliplaza pretendió aumentar a los 14 millones de pesos un 28.5 por ciento para el 2020 en una suerte de chantaje hacia la Presidencia que sorprendió en Francisco Villa y Malecón. No pegó.

El Ayuntamiento presentó como única oferta el aumento equiparable a la inflación o la advertencia de suspensión del contrato por incumplimiento. Poliplaza tomó su cuatro por ciento, o un poco arriba, y listo.

Desde luego permanece el enojo de la alcaldía, y más de los empleados. El contrato con el hospital inició en julio del 2011 y termina hasta junio del 2026, con ajustes anuales de acuerdo con la inflación.

Cabada y su equipo parecen decididos al finiquito este mismo año si continúan las mismas actitudes, y sobre todo, el mal servicio.

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Sigue la mano pesada de Rogelio González Alcocer en la presidencia de la Canaco juarense. Ahora la tocó sufrirla a su vocero, Adir Bueno. 

Le fueron dadas las gracias por motivos no del todo claros más allá del humor complicado del también presidente en turno del Consejo Coordinador Empresarial.

Bueno tenía un cargo modesto como director de Comunicación Social y por lo tanto formaba parte de la escasa plantilla laboral que ostenta Canaco en esta frontera. Algo de él no le agradó a Rogelio y sin más lo despidió. Un antecesor del renunciado, Héctor Saavedra, duró menos de una semana.

Igual que para cualquier otra organización de semejante tamaño y trascendencia, Comunicación Social debe significar un vínculo importante de entendimiento con el mundo exterior del gremio representado.

Para el líder empresarial la connotación puede ser distinta. Quizá no requiere de vocero debido a que prefiere el trato y la comunicación directa con los medios informativos. 

Ayer, por ejemplo, se apersonó en la reunión de coordinación de seguridad pública en esta frontera y no hubo oportunidad de tener sus puntos de vista sobre la misma, acaso por lo apurado de la salida. Más tarde no hubo tampoco portavoz para sus puntos de vista. Hace falta pero Rogelio debe opinar lo contrario.

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Algún mensaje debería mandar a los morenos el hecho de que el dirigente estatal y el superdelegado federal, Martín Chaparro y Juan Carlos Loera, encabezaron la coperacha para mandar consejeros suficientes al Congreso Nacional Extraordinario realizado el domingo.

Los poco más de 300 mil pesos requeridos no salieron de las arcas del partido, cerradas con candado por la todavía secretaria de Finanzas del Comité Estatal, Martha Laguette. La mujer siguió instrucciones de Yeidckol Polevnsky y no aflojó un centavo para financiar la asistencia de chihuahuenses al cónclave convocado por Bertha Luján.

Por alguna razón superior a ellos, Chaparro y Loera trabajaron juntos, reunieron su gente, le invirtieron lo necesario para viajes, hospedaje y alimentos. 

Lo más importante es que los mandaron con instrucciones claras de seguirlos en la directriz de los acuerdos que encabezaron, a favor de instalar de forma provisional al barzonista Alfonso Ramírez Cuéllar como sustituto de Polevnsky.

Que hayan trabajado de la mano el dirigente y el delegado federal no es sólo porque hayan empatado sus respectivos intereses grupales; ellos son políticos, se dedican a eso de sacarse la lengua, tirarse manotazos, meterse el pie y luego sentarse a dialogar como si nada; pero además encima de ambos también hay grupos y un interés común con fuertes vínculos en el Palacio Nacional.

Por eso es que fueron juntos con el mismo objetivo, no sólo porque la dirigente que se niega a irse, Polevnsky, les represente una fuerza adversa. 

Ese acomodo desde luego le traerá beneficios a ambos. Acataron una instrucción que seguramente no acaban de digerir los que insisten en que la presidenta destituida debe quedarse al frente del partido.

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El presidente del Congreso del Estado, René Frías Bencomo, convocó a un período extraordinario para darle respuesta a la solicitud de juicio político contra el fiscal César Augusto Peniche. Será el jueves por la mañana, aprovechando la sesión de protocolo con la que se reciba el informe del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya.

Hasta esa sesión llegará la solicitud presentada por el exsecretario de Educación, el ahora preso Marcelo González Tachiquín, con la decisión ya tomada por prácticamente todos los partidos.

En la bancada panista que encabeza Fernando Álvarez Monje aceptaron que el asunto llegue hasta el Pleno, dada la insistencia de González Tachiquín a través de su abogado Héctor Villasana, en cuestionar la decisión de la comisión Jurisdiccional, a cargo de la también panista Georgina Bujanda.

Así, el Legislativo se habrá de erigir en tribunal superior a la Comisión que dictaminó echar a la basura la demanda del detenido.

El duartista, también exsecretario particular y exdirector de Pensiones del Estado, no logrará más que eso, un período extraordinario. En el resto de las bancadas también hay acuerdo en su contra.

Los priistas, por ejemplo, ni siquiera recuerdan quién es el tal Marcelo, menos conocen la pretensión real de desviar su asunto de los tribunales locales y federales, para irse a terrenos de la política. El exfuncionario debería tener otras prioridades en vez del intento de jalar reflectores a poco más de un año de su captura, en enero del año pasado. 

A los morenistas, por otra parte, no les interesa tomar batallas superficiales contra el nuevo amanecer. Ya hicieron el correspondiente compromiso la mayoría de los integrantes de la bancada al mando de Miguel Colunga.

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