Llegó en avión pero no al funeral del comandante

El gobernador Corral no tiene remedio

LA COLUMNA
de El Diario
miércoles, 06 marzo 2019 | 06:00

• Llegó en avión pero no al funeral del comandante


• Trabajo mataría abucheos... pero no hay trabajo


• Alerta por vivales de ‘Infonavit’ y ‘Morena’


El gobernador Corral no tiene remedio. Llegó en el flamante jet Cessna Citation del Gobierno estatal a Nuevo Casas Grandes para presentar su ‘informe regional’ pero ni por elemental educación o interés institucional hizo presencia en los funerales del director de Inteligencia de la Policía Municipal de Juárez, Adrián Matsumoto Dórame.

Matsumoto fue ejecutado el domingo en las calles de su ciudad natal. Murió con temple y clase de héroe. Al ver emboscada su camioneta por sicarios, bajó de la misma y evitó así que tocara la agresión físicamente a los familiares que le acompañaban. Su día laboral franco fue convertido en su día de muerte.

Su trayectoria y resultados por distintas corporaciones, incluidas estatales, lo hacían merecedor al menos de un saludo de despedida por parte del gobernador y sus colaboradores que estuvieron allá en ese Segundo Informe justo en momentos que las autoridades municipales de Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez participaban en las honras fúnebres.

Ni un gracias a la familia por elemental diplomacia o solidaridad.

Banda de guerra, escolta... decenas de policías municipales encabezados por el alcalde juarense, Armando Cabada, y el secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez, se apersonaron allá para el homenaje de rigor.  

Sobre todos ellos pasó el jet Cessna Citation de tres millones y medio de dólares que transportaba a Javier Corral Jurado. Aterrizó en la pequeña pista de la ciudad (tenemos la foto correspondiente de la aeronave en la versión digital de La Columna). 

Se equivocaron los neocasagrandinos al creer que llegaría el gobernador al funeral al menos por coincidir con su informe. Para eso no hay tiempo... ni ánimo.


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Lo que menos hay es ingenuidad en los gobernadores de oposición a Morena sobre las rechiflas y abucheos de que han sido objeto en los eventos masivos encabezados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Víctimas inocentes como para reventarse las venas y tirarse al piso no son.

El último de los atacados fue el chihuahuense, Javier Corral Jurado. Su ego superlativo e inclusive su dignidad fueron azotados por el sonoro coro de Morena que le gritó hasta enronquecer: ¡Fuera Corral!

Fue su viernes negro en ese escenario de la Plaza del Ángel, esmeradamente tallada durante la víspera con agua y jabón por empleados estatales al estilo Yalitza Aparicio pero sin nominaciones al Oscar ni mucho menos.

Desde ese día por la tarde sacaron los opositores a Morena y a su jefe AMLO los supuestos protocolos de ataque a los gobernadores en cada lugar visitado por el señor presidente con el supuesto objetivo de enaltecer su figura y aplastar a los invitados incómodos. Hicieron circular hojas aparentemente membretadas por Morena.

No ganaron los morenistas la Presidencia de la República por torpes. Obviamente no dejarán por escrito y menos con membrete indicaciones de esa naturaleza.

Lo que sí existe es un antagonismo político-electoral y hasta social entre las huestes morenistas y gobernadores surgidos del PRI o del PAN. Así que si los eventos de AMLO son masivos y organizados por el partido en el poder, no puede esperarse otra cosa que rechiflas y abucheos sin necesidad de instructivos ni tácticas subrepticias.

Ahora, ¿por qué los gobernadores aceptan esos nuevos esquemas implantados por el presidente de la República? Porque no tienen otra salida que poner la otra mejilla. Corral, por ejemplo, trae menos de un cuatro de aprobación ciudadana, AMLO goza de un 85 por ciento y todavía subiendo.

O los gobernadores se aclimatan o se friegan, dicho de forma por demás coloquial. Su trabajo ha sido tan malo que están penosamente reprobados en sus entidades y no tienen por dónde defenderse y menos confrontar al presidente.

Un gobernador con autoridad moral y política no aceptaría jamás ser denigrado sin defenderse. Corral ha dirigido algunos ataques al régimen federal morenista pero se los han devuelto al 100 por uno justo porque carece del respaldo generalizado de los chihuahuenses.

¿Cómo cree el mandatario estatal que puede competir en popularidad con el presidente si éste viaja en vuelos comerciales y él ha usado la flotilla aérea del Gobierno estatal casi 500 ocasiones en lo que va de su gobierno... o cuando AMLO gana 108 mil pesos mensuales y él arriba de 170 mil?

Frente a todo eso no se requieren instructivos para un exitoso abucheo aunque verbalmente existan. Adjudicar los ataques a toda una maquinaria oscura es una salida muy fácil pero por completo autoengañosa. La realidad es que no hay trabajo y por lo tanto no hay aceptación ciudadana.

Los silbidos salen de Morena... y de todas partes.


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Vivales que dicen ser de Morena y del Infonavit traen un negociazo al amparo de la Cuarta Transformación con las casas abandonadas que abundan en Juárez, Chihuahua, Parral y Camargo.

Al menos de esos cuatro municipios hay quejas de la lucrativa e ilegal actividad que, se supone, no es propiamente de alguien del partido o de esa instancia pública federal, pero sí tiene nexos con nuevos o futuros funcionarios que sólo están a la espera de ser nombrados de forma oficial.

Un trámite ante el Infonavit que en la realidad vale dos pesos, como la investigación formal sobre la propiedad legítima de algún inmueble abandonado, es cobrado en 100 pesillos a familias humildes sin techo, que han caído en las garras de un supuesto licenciado Cárdenas y un intermediario que se identifica como Norberto Jurado.

A ellos, cuya identidad desconocen en el Infonavit y se ignora qué tan real sea, los han visto muy activos en la zona suroriente de esta frontera, pero igual en los fraccionamientos abandonados de la llamada capital del mundo, dándoles viviendas solas a familias que luego dejan al garete.

Cada ocho días tienen reuniones informativas en las que sacan el sable para los incautos, a los que atrapan supuestos asesores de Morena que les juran habrán de darles una casita por la módica cantidad con la que investigan cuáles están desocupadas.

Sobra decir que en las reuniones elogian al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros personajes conocidos del partido en el poder, sólo para hacer más creíble la farsa.

El fenómeno de los vivales crece, se expande, se multiplica, por el evidente vacío de poder en el Gobierno federal, pues más allá de algunos cuántos mandos ya nombrados, el aparato está descabezado.


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En el bote de la basura de la Suprema Corte de Justicia quedó aquella máxima constitucional de que el crédito sólo puede usarse para inversión productiva y no para pagar gasto corriente.

Con el aval brindado al artículo 35 de la Ley de Deuda Pública de Chihuahua, con ocho votos a favor y tres en contra, la excepción a la norma permite la contratación de deuda para usar en gasto corriente y financiar las necesidades de liquidez de gobiernos estatales y municipales.

Impone, eso sí, la restricción de que sólo pueden ser créditos pagaderos a un año a más tardar y con la prohibición de que no pueden contratarse en los últimos tres meses de un período de gobierno.

La reforma a la Constitución Política de México de 2015 en esta materia abrió la puerta a esta posibilidad de endeudarse para gastar sin invertir, para enfrentar los problemas urgentes de liquidez que se le presentan a todo Gobierno, como pagar a proveedores cuando aún no ha llegado el presupuesto federal y solventar la carga de nóminas de servicios públicos indispensables, como las de un hospital. 

Luego en 2016 la norma secundaria estatal, durante la administración de César Duarte, se adecuó para permitir esos créditos, pero la entonces Procuraduría General de la República se inconformó y promovió una acción de inconstitucionalidad, que el pasado lunes fue resuelta por la SCJN.

Sólo tres magistrados se opusieron, Fernando Franco, Juan González Alcántara y Norma Piña; los demás la dejaron pasar, abriéndole el camino a los gobiernos gastalones.

La ley duartista y la Corte, de esta manera, terminaron por favorecer a la administración actual, a la estatal de Javier Corral y a las de los municipios, que no se saben de otra más que pedir prestado ante la cada vez menor disponibilidad de recursos.

Si ya lo hacían antes de tener el aval de la SCJN, qué no harán con permiso constitucional.