Incluye el ataque a esposa e hijos

Los célebres códigos de respeto a la integridad y la vida de niños y mujeres contemplados en guerras y conflictos diversos han sido pasados por alto también para el caso que nos ocupa este domingo.

Literalmente no ha corrido la sangre pero el comportamiento hacia el enemigo es igual que si se tratase de pandilla inclemente.

Es la feroz persecución desatada por el gobernador del estado contra el alto funcionario del Poder Judicial estatal Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, contra su esposa y contra sus hijos.

Sabemos de primera mano que directa e indirectamente los operadores del gobernador Corral han atemorizado a los niños y amenazado con dejar sin trabajo y hasta procesar penalmente también a la esposa del magistrado judicial estatal.

Es una sucesión continua, sistemática, de atropello; ya no digamos a la separación de poderes, sino a la dignidad de las personas, sin escrúpulo alguno, bajo el manto protector de una pureza prístina y honestidad falsa.

Piensa el nuevo amanecer que esa bandera le otorga la más alta justificación para llevar las cosas a un extremo agudo de conflicto que rompe cualquier institucionalidad, sin importar que el mensaje enviado sea captado socialmente en toda su crudeza y cinismo. Los “victimarios” de ayer son convertidos ahora en víctimas.

Se esfuerzan entonces por no distinguirse en nada y superar con creces el pragmatismo ramplón y manipulador de un duartismo con sus magistrados oxigenadores o un reyismo con aquella zacapela contra Marco Emiliano Anchondo, que debió cerrar con mil candados la puerta de su magistratura un fin de semana para obtener desesperadamente un amparo.

En el fondo es el ansia y desesperación iracunda por el poder absoluto, al que no ha tenido acceso Javier Corral en pequeñas ínsulas –donde despachan personajes que no le son absolutamente nada gratos–, que se le escapan y le recuerdan al mismo tiempo la existencia de límites legales y morales –que son necesarísimos– en la esfera de su actuación como titular del Ejecutivo estatal, y que desde un inicio hasta en los mismos estertores de su mandato se empeña en pasar por alto.

Palidece el humanismo político de Efraín González Luna y ni qué decir de la ética que enarbolan los principios de doctrina del partido al que se supone pertenece Corral, y que mandatan utilizar sólo los medios adecuados a la consecución de fines éticamente valiosos, que no admiten ni justifican el uso de medios éticamente inadmisibles, que en el caso concreto han sido ignorados olímpicamente con singular malicia.

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La furibunda rabia se dejó ver desde la campaña electoral misma, con adjetivos mil en contra de personas e instituciones, por lo que al asumir la gubernatura, soltó la jauría para ir directa e inescrupulosamente a tomar posesión material, mediante interpósitos personeros, no sólo de los poderes legislativo y judicial, sino también de los órganos que se supondría gozan de una autonomía constitucional.

En específico, destituyó al mismito titular del Poder Judicial, Gabriel Sepúlveda, mediante un artilugio jurídico –un oprobioso artículo transitorio– operado desde una mayoría legislativa aplastante, y reestructuró el Consejo de la Judicatura para amarrar de manos al Pleno y convertir a los magistrados en simples dictadores de sentencias sometidos a una autoridad administrativa superior que gozaría de facultades omnímodas de sanción, incluso hasta llegar a la destitución.

Aquella operación terminó en un completo desastre, con un manazo de la Suprema Corte que evidenció el abuso de poder y la violación evidente y escandalosa a un principio fundamental de la organización política, que es la división de poderes.

Debió Julio César Jiménez Castro abandonar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para dar paso a la elección de un nuevo titular y así superar la crisis jurídica y política provocada por los caprichos y excesos de un gobernante. 

Por un voto estuvo a punto de ser destituido incluso el Consejo de la Judicatura, que tal vez hubiera evitado futuros dolores de cabeza.

Porque vino luego el nombramiento desaseado de los 54 jueces, en medio de una tormenta de amparos que exigían la nulidad de destituciones de togados que no debieron ser removidos y cuestionaban hasta el tuétano el procedimiento mismo, por encontrarse plagado de violaciones graves para favorecer la designación a contentillo.

El examen en todas sus fases, desde la elaboración, aplicación y resultados, pasando por los tiempos, fue un auténtico batuque evidenciado incluso en una denuncia penal, por el desaseo descomunal operado por la exconsejera Lucha Castro, casualmente la representante del gobernador en el órgano de gobierno judicial.

El exceso fue sin límite. La persecución a Sepúlveda no paró con la destitución ilegal, continuó mediante una acusación de peculado que involucró a otro duartista, Jorge Ramírez, ambos sometidos a un procedimiento fast track de separación del cargo por el Consejo de la Judicatura, gracias a sus facultades extraordinarias pero efímeras.

El ridículo de nuevo fue mayor. Ambos magistrados debieron ser repuestos en la magistratura, con pago de sus haberes, salarios y prestaciones con cargo a una administración pública que irónicamente promulga austeridad. No pudieron comprobar un supuesto peculado por siete millones de pesos.

Pero se crecieron al castigo. Los reveses inflamaron sus ansias de venganza, porque ahora intentaron furibundamente sólo contra el magistrado cuauhtemense una nueva batalla que resultó pírrica hasta el momento, bajo la modalidad de enriquecimiento ilícito, en el cual hasta con pluma cuata le revisaron pesos y centavos, todo para estrellarse esta semana pasada con la negativa de la comisión jurisdiccional de quitarle el fuero en el Congreso, y ahora van al Pleno en busca del rechazo al dictamen para tratar de cumplir las órdenes del jefe.

Está tendido el operador corralista Fernando Álvarez Monje en la consecución de los votos necesarios, la mitad más uno de los diputados presentes, que en la práctica tiene en la bolsa, con los “yucones” Máynez, los “Chuy” Velázquez y don Rubén. Ahí están los 17, pensando en que nadie falte.

La operación deberá ser ya no fina, sino efectiva, y con los consabidos compromisos, pecuniarios o en especie, viejos y nuevos, para sacar adelante la voluntad caprichosa del aún mandamás en palacio.

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La crónica del contexto y la peculiaridad del caso Jorge Ramírez retrata de cuerpo completo la insidia e iniquidad cotidiana donde, pese a los tropiezos, el nuevo amanecer hace chilar y huerto, insistimos, no sólo con otro poder público que goza de autonomía necesaria e indispensable para mantener equilibrios democráticos, que eviten la concentración del poder en un par de manos, sino que se ensaña personalizando de manera innecesaria los pleitos, persiguiendo incluso a la familia, esposa e hijos.

Burda actuación de quien protestó cumplir con la constitución y las leyes que de ella emanan, y que colgó, en muchas oficinas públicas donde aún permanecen, más de 500 cuadros con principios y valores éticos, que se empolvan y con el paso del tiempo son vistos como listados decorativos.

“Sujetaré mis actos a la ley, buscando siempre el sentido de justicia... procurando en todo momento dar a cada uno lo que por derecho y por razón le corresponde... Honraré mi cargo y mi persona en lo privado y en lo público, actuando siempre con honestidad, equidad... observando siempre el respeto a la dignidad de la persona humana... Me desempeñaré sin favoritismos personales, partidistas o de grupo, como servidor público lo haré con profundo sentido republicano y respeto a los demás poderes y niveles de gobierno...”.

Ha hecho sin duda todo lo contrario. Si no cumple con la ley, menos con una moral, que ha de suponer es un árbol de moras.