¿Discursos de odio?

En días pasados, se generó una polémica mediática a nivel nacional con motivo de las declaraciones del diputado federal Gabriel Quadri relativas a la diversidad sexual. Tópico que comento, desde el punto de vista de los precedentes jurisprudenciales adoptados por la SCJN.

1. La ‘Tremenda Corte’ ha adoptado el criterio de que “el derecho a defender la democracia constituye una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos del Estado, y comprende el ejercicio conjunto del derecho a la libertad de expresión y de los derechos político-electorales”. 

2. Por lo tanto, “el Estado está obligado a garantizarlo mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten a los ciudadanos su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, así como a adoptar medidas para garantizar su ejercicio en atención a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”.

3. Los discursos de odio “son un caso especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por razones como la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos, abogan por el exterminio de esas personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana”.

4. El discurso de odio “es contrario a los valores fundamentales en que se asientan los derechos humanos y la democracia constitucional, como la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que sus destinatarios ejerzan, en condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión. No obstante, de aquí no se sigue, sin más, que todo discurso de odio deba ser reprimido”. 

5. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta “si quien expresa un discurso de odio es una figura de influencia pública o no, el grado y el medio de difusión del mensaje; si se expresa en un foro de deliberación pública o en un ámbito privado en que están ausentes las razones de interés público que dotan a la libertad de expresión de un peso especial; si su expresión implica, o no, apología del odio o incitación a la discriminación… pues dada la relevancia que tiene la libertad de expresión, debe tenerse especial precaución para admitir restricciones a su ejercicio”. 

Ahora bien, la pretensión de la diputada federal de Morena, Aleida Alavez Ruiz, de presentar una denuncia de juicio político en contra del excandidato presidencial “por promover discursos de odio en contra de la diversidad sexual y la comunidad LGTTTBIQ+” es un despropósito mayúsculo.

En efecto, resulta ridículo que esta diputada afirme que “es inaudito y hasta vergonzoso que un representante popular se exprese de tal manera y comprometa así la seguridad y la vida de aquellas personas que viven su sexualidad libremente… (Ya que) el discurso de odio no sólo vulnera el derecho de las personas a vivir una sexualidad libre, sino también pone en peligro la vida de las mujeres trans”.

Al parecer, la diputada de Morena ignora (¿?) que la propia Constitución federal establece que los legisladores federales son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Y si acaso las declaraciones del diputado federal panista fueran a título personal, habría que precisar –de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales antes mencionados– si se trata de una participación ciudadana en asuntos públicos, ya que jamás será condenable el hecho de cuestionar puntos de vista antagónicos, ya sean de índole sexual, religioso y/o político.

Por mi parte, siempre he expresado –públicamente– mi oposición a la paridad sexual en materia electoral, porque es una práctica discriminatoria que afecta la calidad de la función pública. Postura que ha sido criticada como una opinión de un sujeto misógino. Pero no al extremo de ser considerada como un discurso de odio. Por supuesto que no…