Texas es un estado forajido y tiene que enfrentar la justicia

San Diego– Estos son tiempos peligrosos. La determinación de la administración Biden está siendo puesta a prueba. Debe imponerse ante la situación.

La autoridad de Estados Unidos está siendo desafiada desvergonzadamente por un Estado fuera de control y la Casa Blanca debe responde firme y decididamente.

Cualquier cosa menos será vista como una debilidad, lo cual sólo envalentonaría al adversario. Si el equipo Biden piensa que la situación es complicada en este momento, sólo esperen un poco más. Si la administración pone la otra mejilla, la amenaza será más grande y peligrosa.

Eso, a su vez, probablemente resultará en una catástrofe, incluyendo la pérdida de vidas. La única manera de dominar a un acosador que te pega es pegarle dos veces tan fuerte que nunca volverá a molestarte nuevamente.

Ahora es el momento de que el presidente Biden le pegue fuerte al Estado de Texas, que se comporta como un forajido. Al Estado de la Estrella Solitaria se le han subido los humos.

Hay que tomar en cuenta los recientes sucesos en la frontera entre Estados Unidos y México. Note que no dije “la frontera entre Texas y México”.

Los límites internacionales son para separar dos países soberanos, no un país y un estado que tiene el delirio de ser su propio país.

Los oficiales de Texas están tratando de usurpar ilegalmente la autoridad del Gobierno federal para aplicar las políticas de inmigración de Estados Unidos.

Los soldados de la Guardia Nacional de Texas están colocando alambre con navajas para impedirle el paso a los migrantes.

De acuerdo con la administración Biden, esos soldados también están impidiendo que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tengan acceso a áreas estratégicas cerca de la frontera.

Una de esas áreas es Shelby Park, un parque público que es propiedad del Ayuntamiento y se encuentra en la ciudad fronteriza de Eagle Pass.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha utilizado el parque como un lugar para detener migrantes. El mes pasado, en una acción que nos dejó a punto de tener una crisis constitucional, el gobernador republicano Greg Abbott desplegó la Guardia Nacional del Estado para tomar control del parque.

Desde entonces, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las tropas han impedido que agentes de la Patrulla Fronteriza ingresen al parque.

El Departamento de Seguridad Interna, DHS por sus siglas en inglés, le dio al procurador general de Texas Ken Paxton la oportunidad de permitir que los agentes federales tuvieran acceso al parque.

Pero Paxton no cedió. Dijo en una carta que envió al DHS que Texas “tiene el derecho constitucional de autodefenderse”, dándole una respuesta corta y directa a la administración. “Su petición ha sido denegada”, dijo.

Para los texanos, esa insurrección tiene sentido. Ellos aseguran que la administración Biden no está vigilando la frontera entre Estados Unidos y México, por lo menos no de una manera que los haya dejado satisfechos. Así que Texas asegura que puede hacerse cargo de este trabajo.

Aunque fuera del Estado de la Estrella Solitaria, nada de eso tiene sentido. Los mismos que restringen la inmigración y que insisten en que la frontera está abierta y que la administración no está aplicando la ley también se alarmarían sobre el número de arrestos en la frontera.

De acuerdo con el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los agentes de la Patrulla Fronteriza enfrentaron a más de 300 mil migrantes en diciembre. Si la frontera estuviera realmente abierta, ese número hubiera sido de cero.

Lo que es más, en los últimos años, funcionarios de Texas han asegurado que la administración Biden no está aplicando la ley federal de inmigración.

Así que ahora, al intimidar a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, ¿están impidiendo que la administración haga eso? Eso es ilógico.

Además, usualmente los republicanos defienden una estrategia estricta de interpretación de la Constitución. El documento fundacional señala llanamente en el Artículo 1, Sección 8, que la inmigración cae dentro del ámbito del Gobierno federal. ¿Qué pasó con los estrictos intérpretes de la ley?

Finalmente, la Constitución también prohíbe a los estados que hagan tratados con países extranjeros y que impriman su propio dinero. Si Colorado o Maine firman tratados e imprimen su propia moneda porque el gobierno federal no está haciéndolo, ¿Podría ser eso legal? No.

¿Qué debe hacer Biden? Los libros de Historia tienen la respuesta. En 1963, el gobernador de Alabama George Wallace también desafió al Gobierno federal. Rechazó la decisión de la Suprema Corte en 1954 en el caso Brown contra el Consejo de Educación que anuló la discriminación en las escuelas públicas. En una decisión propia, Wallace se paró en la puerta de la Universidad de Alabama para impedir que dos estudiantes afroamericanos ingresaran al edificio.

El presidente John F. Kennedy reaccionó duramente. Como comandante en jefe, Kennedy federalizó la Guardia Nacional de Alabama y ordenó que removieran a Wallace.

Biden debería hacer lo mismo con Texas, federalizar la Guardia Nacional de Texas y quitarles la autoridad a esos insurrectos.

Claramente, los republicanos de Texas no han pensado en esto. Eso me recuerda a los miopes texanos que se refugiaron en el Álamo en 1836. ¿Cómo terminó esa historia?