La militarización de México ha colocado primero a la violencia

Washington— En enero del 2007, justo unas semanas después de iniciar su mandato y de declarar “la guerra contra el narco”, Felipe Calderón, que ese momento era presidente de México, visitó una base militar en el estado de Michoacán vestido de soldado. Allí, elogió al ejército por sus primeros operativos de la estrategia que marcaría la narrativa de un país que reemplazó a Colombia como epicentro de la actividad de los cárteles de la droga.

De esa demostración de triunfalismo prematuro, lo único que ha quedado de esos 15 años ha sido el traslape entre el poder civil y militar representado en el uniforme del presidente. El resto del discurso de Calderón fue una profecía que se cumplió: el país que él creó, está inmerso en una emergencia de seguridad debido al poderío de los capos de la droga, y actualmente está sufriendo los años más violentos en la historia moderna.

En México, aproximadamente 350 mil personas han sido asesinadas, y más de 72 mil están desaparecidas —de acuerdo a cifras oficiales de enero del 2006 a mayo del 2021— no sólo debido a la militarización sino principalmente debido a que los soldados abandonaron sus barracas para combatir en una guerra ficticia.

El discurso oficial de hace 15 años dice que la violencia es causada por los enfrentamientos entre grupos del estado e ilegales. Sin embargo, este conflicto  ha definido actualmente la dinámica, y es imposible entender cómo es gobernado el territorio sin ella. Ése fue el caso en el pasado, y es el caso actualmente. El narcotráfico no ha empezado ni terminado con los infortunios de México.  Es un catalizador que arribó a un país que tiene una profunda historia de violencia e impunidad.

Los homicidios se han triplicado durante ese período, pero eso no ha frenado la creciente presencia del ejército. Las tropas que han sido desplegadas pasaron de 50 mil con Calderón a casi 130 mil con su sucesor, Enrique Peña Nieto, a más de 150 mil en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente, esa cifra incluye al ejército y miembros de la Guardia Nacional, una institución que nació de una promesa electoral para reducir la presencia del ejército a un cuerpo con un comando militar. Y si los soldados se convirtieron en oficiales de la policía en el 2006, ahora, en el Gobierno actual, también son constructores de la infraestructura pública, guardias de los puertos y aduanas, y un muro contra los migrantes. Cada vez es más común que un mexicano se cruce en el camino con un militar sin que el ejército haya cambiado una parte esencial de sí mismo:  su falta de rendición de cuentas.

Lo que es más, uno puede medir la influencia del ejército por la manera como ha permeado la dinámica de la guerra en todas las fuerzas de seguridad. La narrativa de la Guerra contra las Drogas ha servido como un paraguas para la histórica corrupción e impunidad en la manera como se hace justicia. Las ejecuciones cometidas por los que se esperaba iban a proteger a los mexicanos han ocurrido en los últimos 15 años bajo el término genérico de “muertos debido a las hostilidades”.

Estos son dos ejemplos: en el 2015, en Apatzingán, que se localiza en Michoacán, en donde Calderón empezó la guerra, los oficiales de policía mataron a por lo menos 16 personas que se defendieron con palos. En julio del 2020, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados ejecutaron a un hombre a sangre fría después de un tiroteo. En un video grabado por los mismos soldados, se escucha que alguien dice, “Está vivo”, la siguiente orden fue “Mátalo”.

Cuando uno investiga en los municipios mexicanos, lo que uno ve no es una guerra entre el estado y los criminales, sino pactos en donde los grupos ilegales están mezclados con los políticos locales en una frágil simbiosis en donde la violencia siempre es un recurso. En la reciente campaña electoral, más de 30 candidatos fueron asesinados.

México es también uno de los países más violentos a nivel global para los activistas ambientales:153 personas han muerto entre el 2008 y 2020. Los homicidios, que hace 15 años se concentraban en unos pocos estados, eventualmente se extendieron a icónicos lugares turísticos.  Eso incluye a Acapulco —que actualmente es una de las ciudades más violentas del mundo— y Los Cabos, en donde aparecieron seis cuerpos colgando de un puente en cierto lugar.

No hay duda de que la Guerra contra las Drogas ha hecho poco con las drogas.  Es el episodio mexicano de una política que el presidente Richard Nixon inauguró por razones de política interna.  Un episodio que Ronald Reagan llevó a su máxima expresión cuando los grupos insurgentes y el comunismo se extendieron por Latinoamérica en medio de la Guerra Fría. El mismo esfuerzo que todas las administraciones de Estados Unidos han seguido financiando.

Aunque López Obrador se queja acerca del apoyo que otorga Estados Unidos a las organizaciones de la sociedad civil —muchas de las cuales son grupos que están a favor de los derechos humanos— por ser una intrusión a la soberanía mexicana, el Departamento de Estado sigue apoyando al ejército mexicano en su guerra contra las drogas y migración.

En esta era del tráfico globalizado de sustancias ilegales, de soldados, de gente asesinada y desaparecida, sólo hay una sola constante:  México sigue siendo un significativo productor y distribuidor de drogas que satisface la demanda de Estados Unidos, el país que envía armas —alrededor de 2.5 millones de armas ilegales durante la década pasada— para luchar contra una fallida y dolorosa guerra.