La historia de fracasos en política fronteriza pesa sobre el Congreso

Washington– Un grupo bipartidista de senadores se reúne a puerta cerrada desde hace varias semanas para elaborar un paquete de medidas fronterizas y migratorias en respuesta a las crecientes demandas para solucionar la crisis migratoria. El presidente de la Cámara de Representantes lo apoya a pesar de las críticas de la izquierda. El resto de la Cámara, controlada por los republicanos, es harina de otro costal: los conservadores de extrema derecha muestran su poder y exigen restricciones drásticas.

Esa era la situación en 2014 cuando un impulso importante en el Congreso para promulgar cambios de largo alcance a la ley migratoria parecía estar muy cerca de rendir frutos, pero no prosperó.

Y es probable que ahora estemos ante un escenario similar, cuando los legisladores luchan por llegar a un acuerdo sobre una nueva medida de seguridad fronteriza. Tras meses de debates en privado, el Senado, liderado por los demócratas, está a punto de llegar a un acuerdo bipartidista, pero no está claro si contará con suficiente apoyo republicano para avanzar, y los republicanos de la Cámara de Representantes, alentados por el ex presidente Donald Trump, ya amenazan con que lo echarán por tierra.

En retrospectiva, quienes han participado en negociaciones anteriores dicen que es frustrante que hayan estado tan cerca de promulgar leyes importantes sólo para verlo fracasar, no una, sino dos veces en las últimas dos décadas. Afirman que, si las propuestas se hubieran convertido en ley, hoy la frontera estaría a salvo y el país podría haber dejado atrás la constante y encarnizada lucha por la inmigración.

“De haber promulgado cualquiera de esos proyectos de ley, hoy no tendríamos estos problemas”, declaró el senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham, miembro fundador de numerosas “pandillas” de legisladores que han tratado una y otra vez, sin éxito, de llegar a acuerdos fronterizos, en particular en 2007 y 2014.

“La mayor parte de este problema sería al menos manejable”, aceptó el senador de Illinois Dick Durbin, el segundo demócrata más importante del Senado y uno de los principales defensores de darles una vía al estatus legal a quienes fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos en la infancia.

Cuando George W. Bush fue reelegido presidente en 2004 con un importante apoyo hispano, vio la oportunidad de reformar el sistema migratorio y de convertirlo en un logro emblemático de su segundo mandato. Empezó a insistir en el tema en 2006 en un discurso en el Despacho Oval.

Un grupo bipartidista de senadores encabezados por Ted Kennedy de Massachusetts y Jon Kyl de Arizona se puso a trabajar y presentó un proyecto de ley descrito como un “gran acuerdo” que cambiaba nuevas restricciones fronterizas por una vía a la ciudadanía para millones de personas. Sin embargo, los republicanos conservadores atacaron la legislación con los argumentos ya conocidos de que recompensaría a quienes habían llegado ilegalmente a Estados Unidos y no haría lo suficiente para blindar la frontera. Meses de trabajo cayeron en el filibusterismo bipartidista del Senado en junio de 2007.

El siguiente gran impulso se dio en 2013 y 2014. La reelección de Barack Obama en 2012 sacó a relucir el declive del atractivo republicano para los votantes hispanos y convenció a los líderes del partido de que debían adoptar una reforma migratoria para detener esa caída.

Mientras se iniciaban sin mucho alarde las negociaciones en la Cámara de Representantes, en el Senado surgió un “Grupo de los Ocho” bipartidista. Por el lado republicano, incluía a John McCain, de Arizona; Marco Rubio, de Florida, una figura emergente con credibilidad hispana y conservadora, y Graham. Entre los demócratas estaban los senadores Chuck Schumer, de Nueva York, así como Durbin y Michael Bennet, de Colorado.

Lo que surgió tras meses de deliberaciones fue la Ley de seguridad fronteriza, oportunidad económica y modernización de la inmigración de 2013, con mil 200 páginas. Vinculaba una vía de 13 años hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados a unos estrictos parámetros de seguridad fronteriza. Establecía un nuevo programa de verificación de empleados para proteger los puestos de trabajo de los trabajadores sin estatus legal y creaba nuevos programas de visados para trabajadores en virtud de un acuerdo entre empresas y sindicatos.

A diferencia de 2007, el proyecto de ley fue aprobado por el Senado con una fuerza sorprendente, al obtener 68 votos, entre ellos 14 republicanos y todos los demócratas. Schumer dijo entonces que el nivel de apoyo obligaría a la Cámara de Representantes a retomar la cuestión, una dinámica similar a la actual, en la que los senadores esperan que una sólida votación en el Senado impulse cualquier plan por encima de la resistencia republicana en la Cámara de Representantes.

Pero hace una década, como ahora, la situación en la Cámara era compleja. El presidente John Boehner, de Ohio, un republicano tradicional con poderosos vínculos con el mundo empresarial, estaba dispuesto a considerar una reforma migratoria. Pero se enfrentaba a la influencia cada vez mayor de los republicanos de extrema derecha en sus filas, que habían hecho de la lucha contra la inmigración ilegal un tema emblemático, por lo que actuó con cautela.

En junio, el representante republicano de Virginia Eric Cantor, líder de la mayoría, fue derrotado en unas elecciones primarias sin precedentes por un contrincante que lo atacó por estar a favor de la amnistía para los inmigrantes ilegales.

“Esa noche, supe que estaba acabado”, comentó el representante republicano de Florida Mario Diaz-Balart, quien ha estado presente en varias negociaciones sobre el tema migratorio y es uno de los principales defensores del plan. “La gente que había apoyado lo que habíamos hecho empezó a decir: ‘Mira, esto es un problema’. Eso fue lo que lo echó abajo”.

Bennet todavía lamenta el fracaso. “De haber aprobado eso, el país estaría hoy en una situación mucho mejor de la que estamos, es una tragedia”, dijo.

Mientras el Congreso intenta llegar a un acuerdo para asegurar la frontera y liberar la ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, el fondo de la discusión se ha desplazado bastante hacia la derecha. Nadie habla de un camino hacia la ciudadanía, sólo de cómo asegurar la frontera sur y frenar la ola de inmigrantes que buscan el estatuto de refugiado. Es un cambio notable para los demócratas y el presidente Joe Biden, pero parecen dispuestos a ceder terreno sustancial tanto para reforzar la seguridad fronteriza como para lograr la ayuda a Ucrania. La cuestión ahora es si las consideraciones del año electoral impedirán cualquier acuerdo bipartidista.