Este proyecto de ley migratoria nunca iba a solucionar el problema de la frontera

El domingo, los legisladores de Washington dieron a conocer el primer gran proyecto de ley bipartidista para reformar la política migratoria en una década. El próximo miércoles, el Senado podría someter a votación la propuesta, un plan de 118 mil millones de dólares que incluye 20 mil millones de dólares destinados a reforzar la aplicación de las leyes migratorias, pero las probabilidades de que llegue al escritorio del presidente son casi nulas. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que este proyecto de ley estaba “muerto desde su llegada” a la Cámara.

El país ya gasta más dinero en vigilancia fronteriza que en ningún otro momento de su historia. En las dos últimas décadas, el presupuesto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza casi se ha triplicado y el del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se ha duplicado. En la actualidad, el Departamento de Seguridad Nacional paga el sueldo de más de 19 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, al igual que el de una cantidad similar de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como costosos contratos con empresas privadas que filtran enormes cantidades de datos con rapidez. Y, sin embargo, los encuentros fronterizos en diciembre batieron récords.

De promulgarse, estas medidas harán poco para mejorar la manera en la cual Estados Unidos gestiona la migración, además de que no evitarán que los migrantes sigan llegando. Si con más dinero se pudiera evitar que la gente cruzara nuestras fronteras, ya habríamos pagado por la solución hace años.

El proyecto de ley, que el presidente Joe Biden apoya, reservaría casi 4 mil millones de dólares para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la división del Departamento de Seguridad Nacional que incluye a la Patrulla Fronteriza, se prepare para una “ola migratoria” mediante la contratación de más personal, el rembolso de la ayuda del Departamento de Defensa y el pago de horas extraordinarias a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Además, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, que gestiona la red gubernamental de centros de detención para migrantes, recibiría más de 7 mil millones de dólares para aumentar el número de personas que puede detener y deportar, contratar más personal y realizar el seguimiento de más inmigrantes mediante sistemas electrónicos de vigilancia.

Los demócratas, quienes siempre han abogado por que los inmigrantes tengan más opciones para entrar legalmente a Estados Unidos, pueden señalar las mayores oportunidades que ofrecería la legislación: 32 mil green cards para personas con parientes cercanos que ya están aquí legalmente y 18 mil visas de trabajo más para personas con habilidades en alta demanda durante cada uno de los próximos cinco años. El proyecto de ley no tocaría las facultades del Gobierno federal para otorgar permisos de permanencia temporal, un poder legal flexible que se remonta a décadas atrás. Los republicanos, molestos por el uso de los permisos de permanencia temporal por parte del Gobierno de Biden, esperaban limitar la discrecionalidad que gozan las autoridades migratorias para utilizarlos.

En su lugar, el proyecto de ley otorgaría a los funcionarios federales un nuevo e inmenso poder para controlar o limitar la inmigración. El presidente tendría autoridad para cerrar la frontera a la mayoría de los solicitantes de asilo si los cruces ilegales superaran un promedio de 4 mil personas en una semana. Si los funcionarios de inmigración detienen a 5 mil inmigrantes durante ese período, la ley obligaría a los funcionarios a rechazar a la mayoría de las personas que esperan encontrar refugio en Estados Unidos. En diciembre, los agentes detuvieron a alrededor de 9 mil 600 migrantes al día. Si las normas propuestas estuvieran en vigor, los funcionarios de Biden no habrían tenido más remedio que obligar a los solicitantes de asilo a permanecer en las ciudades fronterizas mexicanas, suponiendo que el Gobierno mexicano estuviera de acuerdo.

Donald Trump usó la pandemia para justificar el cierre de las fronteras del país y deportar de inmediato a los migrantes que intentaron cruzar de manera ilegal, con lo cual evadió los procesos legales reglamentarios. El Gobierno de Trump revivió el Título 42, una antigua ley de salud pública, y con ello envió oficiales de inmigración a la frontera entre Estados Unidos y México y evitó el ingreso de los migrantes antes de que pudieran poner un pie en Estados Unidos. Poco después, aparecieron campamentos improvisados en ciudades fronterizas mexicanas de los cuales el Departamento de Estado estadounidense advirtió a la gente que se mantuviera alejada.

Al negárseles la oportunidad de solicitar asilo, conforme a la ley federal, los migrantes hicieron lo que siempre habían hecho: cruzaron la frontera como pudieron incluso si eso implicaba violar las leyes migratorias.

Antes de que comenzara a aplicarse el Título 42 cerca del comienzo de la pandemia, se detenía a la mayoría de los migrantes en la frontera la primera vez que intentaban cruzarla. En lugar de construir un muro fronterizo, el Gobierno de Trump construyó una puerta giratoria. En el año posterior a la entrada en vigor de la política, la gran mayoría de las personas capturadas había intentado cruzar al menos una vez antes.

Tras meses de negociaciones a puerta cerrada, todo parece indicar que el Congreso desaprovechó otra oportunidad más de aprobar una reforma migratoria significativa. El proyecto de ley incluye algunas disposiciones loables sobre el aumento de visas y opciones de autorización de trabajo. Por desgracia, las disposiciones relativas a la vigilancia fronteriza son demasiado laxas para satisfacer a muchos republicanos, que preferirían el cierre total de la frontera y están demasiado alejados de la realidad como para mejorar la situación migratoria en la frontera. En lugar de facultar a los funcionarios federales para bloquear el paso de los inmigrantes en la frontera, el Congreso debería limitarse a mejorar su capacidad para procesar con rapidez a las personas añadiendo más jueces de inmigración y funcionarios de asilo, como sugieren otras partes del proyecto de ley.

Mientras la gente siga viendo en Estados Unidos una oportunidad para vivir con seguridad, prosperar económicamente o reunirse con amigos y familiares que ya consideran este país su hogar, no funcionará una mayor vigilancia policial. Superarán a las fuerzas del orden como siempre lo han hecho.