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Nacional
martes, 30 julio 2019 | 06:16
Ciudad de México— La Fiscalía General de la República va tras Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Enrique Peña.
Un juez federal del Reclusorio Sur citó para el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas a la exfuncionaria para comparecer en una audiencia donde será imputada por un delito relacionado con la Estafa Maestra.
La Fiscalía General de la República pretende imputar en la audiencia a la también extitular de la Sedatu por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.
El jueves pasado, los fiscales federales Teresa Maldonado Rodríguez y Mario Fonseca Barrera, de la Subprocuraduría de Delitos Federales, solicitaron la audiencia de imputación al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018.
Al día siguiente, el juez administrador giró el citatorio.
El delito atribuido a Robles lo comete el servidor público que tiene "conocimiento de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad por cualquier acto u omisión, y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades".
La sanción prevista para este ilícito es de dos a siete años de cárcel y de 30 a 150 días multa, según el artículo 214, fracción tercera, del Código Penal Federal.
La Estafa Maestra es un esquema que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y la FGR, emplearon más de una decena de dependencias federales para desviar 5 mil 875 millones de pesos a través de la simulación de contratos con instituciones educativas.
El pasado 6 de mayo, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que este caso lo investigaban por delitos de Estado y delincuencia organizada, este último con prisión preventiva oficiosa.
Robles es ahora el personaje de más alto perfil que ha sido imputado por la FGR en la Estafa Maestra, aunque para llegar a ella la Fiscalía acumuló 21 investigaciones diversas desde 2015 a la fecha contra funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y universidades públicas.
Desde noviembre a la fecha, la Fiscalía ha obtenido cinco vinculaciones a proceso por este asunto; además, los jueces determinaron no procesar a dos imputados por falta de elementos, y en dos casos la FGR se desistió de las citas a audiencia con el propósito de reformular las imputaciones.