Urge AN no destruir pruebas en caso de hijo de AMLO

Ciudad de México— La denuncia que por un presumible conflicto de interés del hijo del Presidente López Obrador presentó esta mañana el PAN exige a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Anticorrupción que se impida la destrucción de pruebas y se resguarde la información financiera y bancaria necesaria.

"Iniciar con toda expeditez y oportunidad las indagatorias correspondientes, y realizar todas las diligencias que considere necesarias a efecto de conocer la verdad de los hechos que se señalan en el presente ocurso, acordando las medidas cautelares del caso para evitar la destrucción de pruebas por parte de los involucrados, solicitando inclusive bajo control judicial la información financiera y bancaria que corresponda atentos a la exhaustividad de una investigación de esta naturaleza", se lee en la denuncia.

A nombre de Marko Cortés, líder nacional del PAN, la denuncia fue presentada por el abogado del partido, Raymundo Bolaños, y lleva la firma de la secretaria general, diputada Cecilia Patrón; del senador Julen Rementería del Puerto; del diputado Jorge Romero; y del coordinador de los diputados, Enrique Vargas del Villar.

Con la denuncia, los panistas exigieron que no se moleste a los periodistas que dieron a conocer la investigación periodística del presumible conflicto de interés que pesa sobre la figura de José Ramón López Beltrán.

"Es fundamental para este denunciante el solicitar comedidamente que en los actos de investigación se realicen las diligencias necesarias sin que lo anterior implique que se inoportune a los periodistas que dieron a conocer la información, toda vez que dicha información se puede obtener de fuentes abiertas, tanto en México como en los Estados Unidos", dice la denuncia.

Con base en los elementos que aportó el reportaje, los panistas estiman que "pudieran resultar constitutivos de delitos ante el perfeccionamiento de un presunto conflicto de intereses, posible tráfico de influencias ante lo que se advierte como beneficio obtenido por la familia del más alto funcionario del Gobierno mexicano, con altos funcionarios de industrias petroleras con relaciones contractuales vigentes con el Gobierno mexicano, así como otros ilícitos cuya acreditación y calificación jurídica son facultades del Ministerio Público".

"Lo anterior implica la necesidad de que la Fiscalía General de la República, con el auxilio correspondiente de las autoridades mexicanas así como con la asistencia jurídica internacional con las autoridades de los Estados Unidos, inicie una investigación de los hechos a efecto de esclarecer a cabalidad cada uno de los extremos y, en su caso, imputar responsabilidad a las y/o los involucrados en cualquier acto constitutivo de delito y de ser procedente gestionar la reparación integral del daño", indica.