Tiene consulta sobre Corte un rumbo incierto

Ciudad de México— La consulta popular para que los Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos mediante el voto de la ciudadanía tiene una ruta difícil para su realización y que llegue a ser vinculante.

En los dos ejercicios anteriores que ha impulsado Morena prevaleció el desinterés de la población, pues no se alcanzó la participación del 40 por ciento del electorado para que el resultado fuera obligatorio asumirlo.

En la consulta popular del 2021 para llevar a juicio a los ex presidentes, con una pregunta que planteaba aclarar "decisiones políticas del pasado", logró 7.1 de participación ciudadana, poco menos de 7 millones de votos.

Hasta la fecha, el Ejecutivo federal no ha emprendido ninguna acción contra los ex presidentes de la República.

En el 2022 se llevó a cabo otro ejercicio de participación ciudadana, sobre la revocación de mandato del Ejecutivo federal.

Tras los resultados del año previo, Morena, Gobernadores y el propio Ejecutivo intensificaron la promoción del ejercicio para aumentar la votación.

De 92.8 millones de personas del listado nominal, hubo una participación del 17.7 por ciento. Solo 15.1 millones de personas se manifestaron a favor de que siguiera el Ejecutivo, la mitad de los 30 millones con los que ganó la Presidencia en 2018.

Un millón se manifestó a favor de la revocación. El resto, 76 millones de mexicanos, fueron abstencionistas. Sin lograr el porcentaje del 40 por ciento, el resultado fue nulo.

El Presidente se quedó en el cargo no porque la mayoría lo quisiera, sino porque no hubo la participación requerida para quitarlo ni para ratificarlo.

De lograr la organización de la consulta popular en agosto del 2024, Morena tiene que lograr que voten cerca de 37 millones de personas para que sea vinculatoria.

El primero en proponer la consulta popular fue el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, luego de que el Presidente López Obrador manifestara que los Ministros tienen que ser electos por el voto popular y no con el proceso actual, por medio del Senado, a propuesta del Ejecutivo federal.

Para ello, dio a conocer que los diputados presentarán la petición de la Consulta Popular, juntando firmas del 33 por ciento de los integrantes de la Cámara.

El miércoles, el Presidente López Obrador secundó la idea de la consulta popular, no solo para elegir a los ministros, sino también a los magistrados de distritos y los jueces.

Los especialistas en derecho han advertido que sería inconstitucional la propuesta porque la materia electoral no se puede poner a consulta ni el orden constitucional de la República.

El solo hecho de preguntar si los ministros tienen que ser electos con el voto universal, secreto y directo, ya es considerado como un tema electoral, lo que tendría que llevar al rechazo de la propuesta.

Además, si se busca una consulta para cambiar la forma de cómo está conformada la República, cambiando la esencia de integración del Poder Judicial, también se iría en contra del artículo 40 de la Constitución, han advertido los expertos constitucionalistas.

Sin embargo, el tema dará para amplias discusiones, pues toca a la propia Suprema Corte validar la consulta y aprobar la pregunta.

De acuerdo a la ley, luego de que los diputados presenten la petición de consulta popular, ésta debe pasar a la Comisión de Gobernación y generarse un dictamen.

La mayoría simple del pleno de la Cámara debe aprobar el decreto y tiene que ser ratificado por la otra Cámara del Congreso.

Luego se enviaría la propuesta de consulta a la Corte, para su validación.

Es ahí donde el pleno de la Corte estará a prueba, pues será juez y parte y deberá señalar si es procedente la pregunta que se proponga.

Ignacio Mier planteó preguntar si el pueblo tiene derecho a elegir a los ministros de la Suprema Corte, mientras que el Presidente López Obrador propuso preguntar directamente a la ciudadanía si quiere o no que se elijan a los ministros.

Dependiendo la pregunta y lo que defina la Suprema Corte, el proceso podría continuar, para que la consulta la organice el INE y se celebre hasta agosto del 2024.

La posibilidad de que haya más de un año para organizar la consulta popular permitiría a Morena mantener el debate sobre la actuación de los Ministros y que sea un tema que se explote durante la campaña presidencial, advierte la Oposición.

Existe el antecedente de que la consulta sobre los ex presidentes y el proceso de revocación de mandato fueron utilizados por los morenistas para realizar "asambleas informativas" en todo el País, citando a simpatizantes y militantes para hablar del tema.

Incluso, tales asambleas han servido para la promoción de precandidatos, como ha sido el caso del propio Ignacio Mier, que busca la gubernatura de Puebla y es el principal organizador de tales asambleas en el estado.

Aun faltaría a Morena destinar los recursos necesarios al INE para realizar la consulta popular.

En agosto del 2021 la consulta sobre ex presidentes tuvo un costo de mil 913 millones de pesos, usando los materiales y la logística del proceso electoral efectuado en junio de ese año.

Si se logra realizar la consulta popular, Morena aun tendría que lograr la suficiente participación ciudadana para que sea un proceso vinculatorio, que obligue al Congreso a legislar.

Cambiar la forma de elección de los Ministros de la Suprema Corte implica una reforma constitucional, para lo cual Morena debería tener el voto de las dos terceras partes del Congreso, que es mayoría calificada.

Aun cuando se obligara a legislar al Congreso, aun estaría a discusión si se puede obligar a los legisladores a votar a favor y hacer una reforma con determinado resultado.