Expropiación a Ferrosur busca monopolizar y dejar fuera a IP

El decreto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se declara de utilidad pública la operación de tres tramos del Ferrocarril del Sureste (Ferrosur) para asignárselas a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, busca monopolizar y dejar fuera a la iniciativa privada (IP), consideraron especialistas.

Carlos Barreda Westphal, representante en México de Stella-Jones Corp, comentó que lo que se percibe con dicho decreto, es que el gobierno busca acaparar la operación portuaria integral de Coatzacoalcos y Dos Bocas, y sus conexiones con los ramales ferroviarios (entradas y salidas). 

"Además, se confirma un interés de dejar fuera a la iniciativa privada de estas actividades económicas tan importantes para el País, aun cuando perfectamente podría haberse diseñado un esquema de convivencia operativa", sostuvo.

En ese sentido, agregó que las implicaciones tras la publicación del decreto no son halagüeñas para el sector ferroviario, considerando las inversiones y proyectos que el ferrocarril requiere.

"Por ejemplo, cuál será la percepción de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) sobre este acto, y qué riesgo le implicaría el involucrarse o no en la construcción del ferrocarril de pasajeros Ciudad de México-Querétaro", cuestionó.

Destacó que si bien el decreto expropiatorio de los tramos Z, AZ y FA que dan conexión ferroviaria al Puerto de Coatzacoalcos encuentra fundamento en diversas causas de utilidad pública como lo expresa su texto, por lo que se tendrá que revisar minuciosamente los dictámenes que exige la Ley de Expropiación.

Además, comentó que se debe examinar qué da motivo o cuáles son las causas del acto expropiatorio, pues el Ferrocarril del Istmo todavía no se encuentra en operación.

Barreda Westphal, agregó que habrá que esperar si Grupo México Transportes opta por intentar impugnar el acto a través del juicio de amparo, de cuánto será el monto de la indemnización, y si todo esto traería el nivel de competitividad esperado en la región.

"Cualquier acto expropiatorio de bienes concesionados legalmente a una empresa privada no es visto con buenos ojos por parte del empresariado nacional e internacional, y mucho menos cuando su operación ha sido eficiente. Son actos que nublan el ambiente de negocios en nuestro país", puntualizó.