Revive Veracruz 'ultrajes' y persigue opositores

Veracruz.- Declarado inconstitucional desde 2016 y derogado en otros estados, el delito de ultrajes a la autoridad fue desempolvado por el Gobierno morenista de Veracruz desde el pasado proceso electoral en contra de opositores políticos.

El gobernador Cuitláhuac García propuso el pasado 11 de febrero una reforma al Código Penal estatal para endurecer los años de cárcel contra quien cometa ese delito. Dominado por Morena y aliados, el Congreso local aprobó la modificación.

El delito se penalizaba con 6 meses a 2 años de prisión, pero ahora tiene agravantes que contemplan penas de entre 5 y 7 años de cárcel.

Bajo esta tipificación, este año han sido detenidos el diputado priista oaxaqueño Gustavo Díaz Sánchez, el ahora diputado federal perredista Rogelio Franco Castán, el ex candidato a Alcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez, y el empresario Eduardo Cázares Sort.

Por su ambigüedad, la Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad desde 2016, mientras en Ciudad de México, Chihuahua y Quintana Roo ha sido derogado.

Itzia Miravete, coordinadora del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, consideró como grave que el Gobernador García haya pugnado por incrementar las penas en un delito considerado ambiguo, peligroso y que podría ser utilizado como herramienta para agresiones de policías, sin ningún castigo.

Aseguró que la Administración estatal morenista propuso la reforma al delito con la justificación de que los uniformados estaban siendo cada vez más agredidos por ciudadanos, pero señaló que se olvidó que Veracruz vive un contexto de violencia, homicidios y desapariciones donde los policías son señalados.

"El delito es tan ambiguo que deja a interpretación de la autoridad lo que daña, hemos visto que se ha utilizado contra contexto de protestas o utilizado contra periodistas, que si cubren violaciones a derechos humanos, un periodista puede ser detenido por ultrajes, al final termina siendo un tipo penal que es violatorio de derechos humanos e inhibe la libertad de expresión", señaló.

"La dinámica que hemos visto en el País con este tipo penal es que, mientras más estados se comprometen a garantizar los derechos, está siendo derogado ésto, en Veracruz no sólo no lo están derogando, si no lo reformaron para agravar más la pena y se agregan nuevos conceptos o elementos que lo hacen todavía más ambiguo".

El 4 de mayo pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la modificación en la ley que quedó registrada en el expediente 66/2021, además de que legisladores de Oposición presentaron una en el expediente 59/2021.

Entre las entidades que todavía tienen vigentes esta tipificación del delito, Veracruz es una de las que tiene las penas más altas y sólo Baja California lo supera con hasta 10 años de prisión para servidores públicos que cometan "ultrajes contra instituciones públicas".

Otras entidades que tienen vigente estas sanciones en su Código Penal son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos,Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.