Presentan controversia contra INE por freno a revocación

Ciudad de México— El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una controversia constitucional contra el Instituto Nacional Electoral, por la suspensión de actividades para llevar a cabo a cabo a cabo la consulta de Revocación de Mandato en abril del próximo año.

Al filo de las 14:33 horas se firmó el acuse de recibido de la demanda dirigida al Presidente de la Suprema Corte, el Ministro Arturo Zaldívar.

En tiempos de receso, el presidente de la Cámara de Diputados tiene la facultad de presentar controversias sin que medir la aprobación del Pleno.

"Con las facultades que me confiere la ley como presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del acuerdo emitido por el INE, en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato", informó Gutiérrez Luna .

El viernes pasado el diputado de morena indicó que presentaría la controversia para que la Corte determine si el INE violó una de sus resoluciones.

El INE determinó en su resolución que aplazaba la organización de la revocación de mandato por la falta de recursos en el Presupuesto del 2022.

Sobre ello, Gutiérrez Luna ha señalado que la Ley Federal de revocación de mandato establece claramente que el INE deberá garantizar la realización de este ejercicio y para ello "hará los ajustes presupuestales que serán necesarios".

En opinión del presidente de la Mesa Directiva, la resolución del INE constituye el incumplimiento de un mandato legal y la vez configura un fraude en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al evadir su cumplimiento.

En su argumentación, Gutiérrez Luna afirma que el INE debe respetar las atribuciones de los Poderes y órganos constitucionales, y debe comenzar con la observancia del decreto emanado por el Poder Legislativo en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Sergio Gutiérrez Luna también dicta denuncias administrativas y penales en contra de los seis consejeros electorales que votaron a favor del resolutivo, de las cuales aún no se ha informado sobre su presentación.