Las cuentas pendientes de García Luna

Ciudad de México.- Después de tres días de deliberaciones, el martes 21 de febrero los integrantes de un jurado de la Corte del Distrito Este de Nueva York declararon culpable al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber cometido cinco delitos, cuatro de ellos de narcotráfico al haber dado protección durante dos décadas al Cártel de Sinaloa.

El exfuncionario intentó infructuosamente convencer al jurado de su inocencia y por eso renunció a negociar con la Fiscalía una aceptación de culpabilidad que le hubiera garantizado una pena menor a la que ahora enfrentará que va de un mínimo de 20 años a un máximo de cadena perpetua.

El juez Brian Cogan anunció que el próximo 27 de junio dará a conocer la sentencia, es decir, cuántos años deberá pasar García Luna en la cárcel por los delitos de conspiración para poseer, importar y distribuir cocaína, así como por pertenecer a una empresa criminal, en este caso el Cártel de Sinaloa, y por haberle mentido a las autoridades migratorias.

César de Castro, el abogado que encabeza la defensa, adelantó que presentará una apelación debido a que considera que el caso carece de pruebas creíbles y fiables. "El Gobierno se tuvo que conformar con un caso sustentado en algunos de los delincuentes más notorios y despiadados que han testificado en este tribunal. Estados Unidos no tenía pruebas fehacientes para corroborar sus testigos", dijo tras conocer el veredicto. El juez Cogan le dio hasta el 7 de abril para presentar la promoción.

La apelación no es el único pendiente que tiene García Luna, quien está recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, pues también enfrenta en Miami, Florida, una demanda de carácter civil presentada por el Gobierno mexicano que le reclama 745.9 millones de dólares presuntamente producto de actos de corrupción.

La acusación presume que esa fortuna la amasó el exfuncionario a través de una red de socios y empresas que obtuvo 30 contratos para proveer distintos sistemas de seguridad a la Policía Federal, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al CISEN y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Esos contratos comenzaron a otorgarse en 2009, cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, y continuaron hasta abril de 2018, cuando el exfuncionario ya se había instalado en Miami dispuesto a vivir cómodamente.

"Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos", aseguró el pasado 9 de febrero Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además de García Luna fueron acusados su esposa Linda Cristina Pereyra; el exsubsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad Pública, José Francisco Niembro González, la cónyuge de este último, Martha Virginia Nieto Guerrero; así como los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub.

El exmando policiaco tiene además tres órdenes de aprehensión vigentes en México, una por enriquecimiento ilícito por un monto de 27 millones de pesos, la cual fue reactivada el pasado 30 de enero por orden de un tribunal colegiado; una más por tráfico de armas, ya que presuntamente permitió la implementación del operativo "Rápido y Furioso" y, la tercera, por haber otorgado concesiones de penales federales en condiciones de desventaja para el Estado.