Impugnan usuarios cancelación de NAIM

Clientes de transporte aéreo han promovido 13 demandas de amparo, seis de las cuales ya fueron admitidas

Reforma
domingo, 26 mayo 2019 | 09:00
Reforma

Ciudad de México— Usuarios de transporte aéreo han promovido al menos 13 demandas de amparo contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, seis de las cuales ya fueron admitidas.
Los jueces Quinto, Octavo y Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, así como el Segundo Auxiliar, han admitido cinco amparos, por lo que el Gobierno está obligado a rendir informes y justificar la cancelación del NAIM, según registros oficiales del Consejo de la Judicatura Federal.
En un caso más, el Juez Segundo de Distrito admitió otro amparo, pero sólo contra el cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al tiempo que desechó el reclamo por la cancelación del NAIM.
Hasta ahora, sólo en dos casos se resolvió la petición de suspender el proyecto del actual Gobierno para un aeropuerto civil en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, misma que fue negada.
En cinco amparos, los jueces consideraron que la competencia corresponde a Juzgados de Ciudad Nezahualcóyotl por su cercanía con las obras, y dos más fueron desechados por improcedentes.
El trámite de los juicios tomará varios meses, o incluso años, y no afectará al proyecto de Santa Lucía, que implica mantener la operación del AICM, a menos que algún juez o tribunal colegiado conceda una suspensión.
Los quejosos -entre ellos la activista María Elena Morera- alegan tener interés legítimo para cuestionar la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues pagan TUA, que desde 2014 fue la principal fuente de financiamiento del NAIM.
Otro argumento es que, como contribuyentes, tienen derecho a que se respeten los principios del artículo 134 de la Constitución sobre eficiencia, eficacia y transparencia del gasto público.
También, se cuestiona la consulta pública convocada por López Obrador en octubre pasado para aprobar la cancelación, al margen de las reglas legales para dichos procesos.