Diario
Nacional
martes, 25 junio 2019 | 06:12
Ciudad de México— La Fiscalía General de la República (FGR) disputa con el Poder Judicial 6 millones 990 mil dólares en efectivo, equivalentes a 132.8 millones de pesos, que fueron asegurados en julio de 2018 al narco en Veracruz.
Para ello, la FGR hizo una solicitud, sin precedentes en el país, para que todos los jueces y magistrados federales con sede en Veracruz sean declarados impedidos para conocer del caso.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó esa solicitud el pasado 22 de mayo.
El dinero fue encontrado en un tractocamión que circulaba por la carretera Veracruz-Poza Rica y que era conducido por dos hombres que también llevaban un kilo de cocaína.
El pasado 31 de enero, un juez de control de Xalapa ordenó entregar el dinero al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia (FAAJ), controlado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tras declarar su abandono en favor del erario, pues nadie lo reclamó.
El juez aplicó el artículo 41 del Código Penal Federal, que ordena que el producto de los bienes decomisados por abandono se destine "al mejoramiento de la administración de justicia".
Pero, de inmediato, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, promovió ante otro juez de Veracruz una demanda de amparo para impugnar esta orden y logró que fuera suspendida.
En paralelo, Gertz planteó el impedimento de todos los jueces y magistrados federales de Veracruz.
"Al ser el CJF el órgano rector de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del País, es claro que la imparcialidad de los impartidores de justicia se puede ver afectada, en virtud de que dichos juzgadores tendrán un interés en velar por el patrimonio de su órgano rector, además de que al estar en una situación de subordinación respecto del CJF, los imposibilitaría para resolver las cuestiones efectivamente planteadas, afectando así la justicia imparcial", afirmó Gertz Manero.
La Primera Sala de la Corte rechazó, por unanimidad, que los jueces federales se ubiquen en alguna causa de impedimento de las previstas en la Ley de Amparo, pues no tienen interés personal en el dinero.
"Los bienes que fueron destinados al FAAJ no van a formar parte de su patrimonio", expuso la Corte.
El FAAJ, que es un fideicomiso, tenía al cierre de marzo un saldo de 3 mil 393 millones de pesos y usualmente solo gasta entre uno y dos millones de pesos mensuales para asuntos como capacitación del personal judicial.
Esto debido a que la mayor parte del dinero que se puede gastar son intereses generados por fianzas y otros depósitos o aseguramientos temporales, de los que no se puede disponer en su totalidad porque es posible que tengan que ser devueltos.