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Nacional
martes, 04 junio 2019 | 07:53
Ciudad de México— La constructora Norberto Odebrecht denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a dos exfuncionarios de Pemex por presuntamente prefabricar un documento que fue utilizado para inhabilitar a la empresa brasileña por cuatro años y demandarla por mil 200 millones de pesos.
Se trata de Jorge Eduardo Kim Villatoro, ex director Jurídico de Pemex, y Martha Elvia Rodríguez Violante, ex titular de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, contra quienes pide iniciar una investigación y sancionarlos por la vía administrativa.
De acuerdo con la denuncia presentada el 23 de mayo, tanto la inhabilitación de 4 años como la demanda civil de Pemex contra Odebrecht se basa en un dictamen contable del 21 de agosto de 2017 aparentemente encargado por la empresa productiva del Estado al despacho Enrique Estrella y Asociados S.C.
El dictamen concluye que Odebrecht recibió un pago en exceso de 119 millones 718 mil 663 pesos por concepto de costos indirectos en el contrato para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
Con base en ese documento, el 1 de octubre de 2018 Rodrigo Loustanau Martínez, gerente jurídico de Derecho Privado de Pemex, presentó una demanda civil contra Odebrecht por el monto de dicho pago indebido.
Según la empresa brasileña, Pemex contrató al despacho contable el 16 de agosto de 2017, sin embargo, en las respuestas que dio a solicitudes de información de la propia constructora Pemex desconoció ese documento.
En una de las solicitudes de información, la SFP reconoció que la Unidad de Responsabilidades de Pemex, entonces a cargo de Rodríguez Violante, sí requirió el dictamen, pero no contaba con facultades legales para la licitación, adjudicación o contratación de un servicio de estos con un despacho contable.
Por la misma vía, Odebrecht también pidió a Pemex Transformación Industrial aclarar la adjudicación del contrato, pero la respuesta fue que en esa área específica era inexistente un contrato para dicho dictamen que consta de 3 mil 610 hojas.
"Dichas inconsistencias obligan a investigar una aparente simulación entre la titular de la Unidad de Responsabilidades de Pemex de la SFP y el director Jurídico de Pemex, en la entrega del dictamen contable de la SFP a Pemex, mediante el oficio UR-DPTI-79/2018, toda vez que está acreditado que fue Pemex precisamente quien solicitó, contrató y obtuvo dicho dictamen de Enrique Estrella y Asociados, S.C. y no al revés", dice la denuncia administrativa.
"Con base a lo anterior es que la denunciante considera que en el caso que nos ocupa, los funcionarios denunciados incurrieron en responsabilidad toda vez que sin facultades legales pueden haber hecho uso indebido de información confidencial, simulando actos jurídicos, fabricando pruebas inexistentes y encubriendo conductas ilícitas con el objeto de causar un perjuicio a Odebrecht".
Odebrecht apunta que Kim Villatoro y Rodríguez Violante habrían violado cinco artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos relacionados con el abuso de funciones al ejercer atribuciones que no tenían conferidas o incluso haberse valido de las que tenían para realizar o inducir actos arbitrarios.
Y van contra magistrados La empresa Odebrecht presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una queja contra tres magistrados de un tribunal colegiado por presuntamente desechar en forma ilícita los recursos contra las inhabilitaciones administrativas.
Pablo Domínguez Peregrina, María Elena Rosas López y Marco Antonio Bello Sánchez, adscritos al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, son los magistrados denunciados por denegación de justicia.
En particular, la constructora reclama la resolución que tomaron el pasado 6 de marzo, cuando desecharon el amparo en revisión que la firma brasileña promovió contra la inhabilitación de dos años que les impuso la Secretaría de la Función Pública.
"No queda duda alguna de que la sentencia analizada, hecho generador de la presente queja administrativa, se trata de una simulación. La materialización de la denegación de justicia formalizada en sentencia. Una maquinación jurídica con fachada de legalidad que conllevó a la ausencia total de estudio de la controversia planteada", señala la queja presentada el pasado 21 de mayo.
La queja presentada por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de Odebrecht, cuestiona a los magistrados por desechar el amparo sin considerar a la propia ley en la materia.
Uno de los argumentos de la sentencia del colegiado es que Odebrecht debió agotar todos los recursos legales para impugnar la inhabilitación y, en ese orden, primero debió recurrir al juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y después al amparo.
En este caso, la SFP emitió su fallo de inhabilitación el 7 de febrero de 2018 y la empresa sudamericana no presentó el juicio de nulidad, sino que recurrió al amparo el día 28 del mismo mes y año.
Odebrecht alega en su denuncia contra los magistrados que la propia Ley de Amparo y criterios de la Corte han establecido que no existe la obligación de agotar todos los recursos cuando se trata de impugnar la inconstitucionalidad de una norma, como ocurre en este caso.
"Los magistrados denunciados parecen haber negado la existencia de dicha posibilidad de ley, nuevamente, con el único afán de decretar el sobreseimiento (desechamiento)", indica el apoderado de la compañía.
La inhabilitación a que se refiere este litigio fue impuesta por la SFP a la empresa brasileña por un presunto cobro indebido por 2.5 millones de pesos por trabajos realizados en la refinería de Tula, Hidalgo.