Destituyen a 10 funcionarios de Banco de Bienestar

Ciudad de México- Un total de 10 jefes y auxiliares de sucursal de Banco del Bienestar fueron destituidos e inhabilitados por obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones.

Lo anterior, de acuerdo con la relación de servidores públicos sancionados reportados de enero a octubre de 2021, última actualización disponible, de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En la Ciudad de México, Héctor Edu Velasco Gutiérrez, quien era jefe adscrito a la filial bancaria 128 en la Colonia San Felipe de Jesús fue destituido e inhabilitado por 10 años, al igual que José Luis Castañeda Serrano, auxiliar de la sucursal 195 en Tláhuac y José Farhit González Estebanes de la sucursal de Jamaica.

En Chiapas se destituyó e inhabilitó por 10 años a Juan Enrique Sánchez Castro, jefe de sucursal B en la filial 780, y a Juan Peralta Margalli, auxiliar de sucursal adscrito a la misma, muestra el detalle de sanción impuesta por el Órgano Interno de Control del Banco del Bienestar.

En San Luis Potosí se sancionó por 15 años a Rocío del Carmen Rodríguez García, jefa de sucursal B adscrita a la filial bancaria 415 de Matehuala.

En Tabasco se sancionó por 20 años a José Manuel Ruiz Aguilar, jefe adscrito a la filial bancaria 985, por obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones.

En Monterrey, Nuevo León, se expulsó a Juana Isela de la Rosa Huerta, jefa de sucursal A adscrita a la filial bancaria 225, y en Veracruz a Irma Rodríguez Hernández auxiliar adscrita a la sucursal 979 de Tantoyuca.

En Nayarit se removió a Martha Elena Arjona Inda, jefa de sucursal rural adscrita a la filial bancaria 949 de Santa María del Oro.

Todos ellos infringieron la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de Instituciones de Crédito.

Obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones es una falta administrativa y la inhabilitación temporal los priva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Algunos de estos servidores públicos ya habían cometido desde antes de la pandemia conductas que infringían la normatividad, como Juan Peralta, que realizó retiros indebidos en distintas ocasiones y el Órgano Interno de Control solo le puso sanciones económicas.

Rocío del Carmen Rodríguez fue otra que también estuvo implicada en la comisión de retiros indebidos en Banco del Bienestar, igual que Martha Elena Arjona e Irma Rodríguez.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas califica como una falta administrativa grave de los servidores públicos el que éstos exijan, acepten u obtengan, por sí o a través de terceros y con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración, misma que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles, entre otros.