‘Cárteles ya operan como insurgencia’

Ciudad Juárez— Los cárteles en México ya operan como insurgencia desde hace varios años, asegura Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia. 

Recientemente el Armed Conflict Location & Even Data Project (ACLED) en su último informe “Diez conflictos de los que preocuparse en 2020”, destaca de México que existe un alto riesgo de que el “mercado criminal” del cártel se convierta en insurgencia.

Según el documento de la organización sin fines de lucro, México enfrenta una situación de seguridad en deterioro y continúa experimentando niveles sin precedentes de violencia criminal relacionada con las drogas. 

Menciona que el 2019 ha registrado un número récord de homicidios, después de que 2017 y 2018 rompieron récords anteriores.

Además el Gobierno federal acaba de publicar datos que indican que más de 60 mil personas han desaparecido desde 2006. 

Buscaglia explica que el término insurgencia tiene connotaciones político-ideológicas y no estaría de acuerdo con usarlas, sin embargo, el ánimo del reporte de ACLED al utilizarlo es para definir a grupos criminales o actores no estatales que han desafiando el poder del Estado y reemplazando a las estructuras del Estado en vastas regiones de México.

“Eso es algo que ya viene sucediendo, según nuestra documentación, desde el año 2007”, refiere. 

Explica que estas estructuras paramilitares, que él señaló en su momento, tienen una dimensión política y social.

“Tiene una dimensión política porque colocan a sus candidatos en listas de los partidos ante la ausencia de controles patrimoniales del Estado; entran en las listas de gobiernos locales municipales; entran candidatos de la delincuencia organizada que reformatean al sistema político mexicano”, plantea.

También establecen sus propias prioridades y asignaciones de contrataciones públicas para satisfacer el lavado de dinero, con motivación económica pero con un enorme impacto político porque reformatean al Estado, agrega. 

En la dimensión social, refiere, los grupos criminales ofrecen bienes y servicios públicos.

Y ejemplificó: el cártel de Sinaloa ofrece agua en Durango, Sinaloa y  Sonora, tienen un rol social. También ofrecen resolución de disputas, mediación, arbitraje, entonces en ese sentido, sí se les puede llamar insurgentes.

Estos grupos presentan estructura política y social que reemplaza y desafía al Estado no sólo militarmente, como vimos en Culiacán, sino también desde el punto de vista de la estructura de sociedad civil y los bienes provistos por actores sociales que aumentaron con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, expone. 

Recuerda que recientemente hizo un recorrido en Colima y Jalisco donde personalmente observó que el cártel Jalisco Nueva Generación ofrece mecanismos de resolución de disputas a los poblados locales, ofrece formas de trabajo informales en comunidades donde no existe empleo. 

Otros servicios que ofrecen son el acceso al agua y a salud preventiva, eso los hace grupos insurgentes como fueron las FARC en Colombia, menciona. 

El informe del ACLED cita que en México además de los altos niveles de impunidad, las fuerzas de seguridad no capacitadas y la debilidad general de las instituciones públicas en México, la escalada de violencia puede atribuirse en parte a la fragmentación de los cárteles causada por las campañas policiales dirigidas principalmente a sus líderes.

“Un enfoque que se inició durante la llamada ‘guerra contra las drogas’ declarada por el expresidente Felipe Calderón en 2006. 

“Los grupos criminales previamente monolíticos se dividieron, aumentando el número de cárteles de seis a 37. Los grupos escondidos están compitiendo violentamente por la infraestructura existente del tráfico de drogas, pero también están en constante evolución y diversificación de actividades delictivas mediante el secuestro, la extorsión, el robo de combustible y el tráfico de personas”, agrega. 

El ACLED destaca en su informe una emboscada del cártel que mató a 10 mujeres y niños mormones mexicoamericanos, hechos ocurridos en la frontera entre Chihuahua y Sonora.

Para el fiscal César Augusto Peniche Espejel, en México no debe existir, bajo ninguna circunstancia, una fuerza armada distinta a la autoridad en el interior de un país.

“Eso representa ya una condición que en cualquier momento pueda darse, que esa fuerza tiene las capacidades para enfrentar a las instituciones”, dice.

Plantea que, por ejemplo, el aseguramiento de armas es fundamental para restar capacidades a la delincuencia.

“En esta administración tan sólo en tres años se tiene el aseguramiento por parte del Estado de más del doble de armas que en seis años de la anterior administración. La estrategia nacional debe estar orientada a disminuir las capacidades de la delincuencia. Dinero, armas, vehículos. Hoy por hoy la principal debilidad es que no hay suficientes acciones en contra del crimen organizado”, expone. 

Para ACLED la violencia estructural requiere soluciones a largo plazo, como el fortalecimiento de la policía, la justicia y los sistemas penitenciarios. México se enfrenta a un mercado criminal cada vez más complejo, fragmentado y multipolar y es poco probable que se resuelva estos problemas estructurales a corto plazo.

“Lo que aumenta la posibilidad de un conflicto intensificado en el nuevo año. Se espera que, en 2020, la brutal violencia cotidiana continúe sin cesar”, refiere el documento.

En enero, sólo en Ciudad Juárez han sido cometidos casi un centenar de asesinatos, pese que las autoridades estatales sostienen que “en Chihuahua estamos encaminados a disminuir las capacidades de la delincuencia”, asegura Peniche Espejel.