Baja Federación 50% gasto de comunicación

Ciudad de México— El Gobierno federal programó una inversión de 4 mil 711 millones de pesos para publicidad este año, un recorte del 50 por ciento con respecto a los 8 mil 988 ejercidos por Enrique Peña Nieto en 2018.

Tras los excesos cometidos en gestiones anteriores, la actual administración agotará en un 100 por ciento los tiempos oficiales, dará prioridad a producciones propias en medios públicos y no ejercerá más de 5 mil 800 millones de pesos en 2019, monto que equivale a no rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos.

El vocero presidencial anunció ayer los lineamientos de su Política de Comunicación Social, en los que establece que se prohíbe premiar o castigar a periodistas y medios de comunicación a través de la publicidad gubernamental.

“No utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a ningún medio, que el presupuesto no sea un mecanismo de coerción, de castigo; al final somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al presentar las nuevas reglas, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, informó que se evitará la concentración del presupuesto en pocos medios, como ocurrió con las televisoras en sexenios anteriores.

“Queda prohibido que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor al 25 por ciento de la pauta publicitaria”, dijo.

Ven fallas en política 

Aunque reconocen que la nueva política de Comunicación Social del Gobierno federal tiene algunos avances, organizaciones especializadas en la contratación de publicidad oficial advierten que perpetúa malas prácticas y no es suficiente para garantizar el mejor uso de los recursos públicos.

Las organizaciones Artículo 19 y Fundar señalaron que la nueva política, publicada en el Diario Oficial de la Federación, no pone topes presupuestarios.

“Uno de los problemas más graves que hemos documentado es el aumento injustificado en este gasto, basta recordar que entre 2013 y 2018 el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, lo que significa 89 por ciento más de lo aprobado”, recordaron.

“Frente a esto, el nuevo Gobierno no ha establecido topes presupuestarios. Esta nueva política no los prohíbe, aunque su Artículo 11 obliga a las dependencias a anunciarlos. Si bien esto resulta positivo en términos de transparencia, sigue validando las malas prácticas de administraciones anteriores”.

Señalaron también un alcance limitado de la nueva política, pues sólo tiene efecto para el Gobierno federal y no cambiará la relación entre los gobernadores y los medios de comunicación locales.

“Esta política tendrá efectos limitados. Si bien es un avance, su contenido no acaba con todos los grandes males de la publicidad oficial, su aplicación es sólo a nivel federal, pero no podremos cambiar la relación entre medios y gobiernos”, sentenciaron.

Por ello urgieron a abrogar la actual Ley General de Comunicación Social y legislar una nueva que cumpla con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y retome los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Impulsar un cambio real en la relación entre medios y Gobierno debe pasar por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales”, plantearon.

Aclararon también que aunque el artículo 12 de la nueva política de Comunicación Social prohíbe que un solo medio reciba más del 25 por ciento de recursos gastados en una campaña, la medida está acompañada de excepciones.