Nacional

Ven fallas en política de comunicación

El vocero presidencial anunció que se programaron 4 mil 711 mdp para publicidad este año

Reforma

jueves, 18 abril 2019 | 18:01

Ciudad de México— Aunque reconocen que la nueva Política de Comunicación Social del Gobierno federal tiene algunos avances, organizaciones especializadas en la contratación de publicidad oficial advierten que perpetúa malas prácticas y no es suficiente para garantizar el mejor uso de los recursos públicos. 

Ayer, el vocero Presidencial anunció que se programaron 4 mil 711 millones de pesos para publicidad este año, un recorte del 50 por ciento con respecto a los 8 mil 988 ejercidos por Enrique Peña Nieto en 2018.

Sin embargo, las organizaciones Artículo 19 y Fundar señalaron que la nueva política, publicada en el Diario Oficial de la Federación, no pone topes presupuestarios.

"Uno de los problemas más graves que hemos documentado es el aumento injustificado en este gasto, basta recordar que entre 2013 y 2018 el Gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, lo que significa 89 por ciento más de lo aprobado", recordaron.

"Frente a esto, el nuevo Gobierno no ha establecido topes presupuestarios. Esta nueva política no los prohíbe, aunque su Artículo 11 obliga a las dependencias a anunciarlos. Si bien esto resulta positivo en términos de transparencia, sigue validando las malas prácticas de administraciones anteriores".

Señalaron también un alcance limitado de la nueva política, pues sólo tiene efecto para el Gobierno federal y no cambiará la relación entre los Gobernadores y los medios de comunicación locales.

"Esta política tendrá efectos limitados. Si bien es un avance, su contenido no acaba con todos los grandes males de la publicidad oficial, su aplicación es sólo a nivel federal, pero no podremos cambiar la relación entre medios y gobiernos", sentenciaron.

Por ello urgieron a abrogar la actual Ley General de Comunicación Social y legislar una nueva que cumpla con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y retome los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Impulsar un cambio real en la relación entre medios y Gobierno debe pasar por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales", plantearon.

Aclararon también que aunque el Artículo 12 de la nueva Política de Comunicación Social prohibe que un solo medio reciba más del 25 por ciento de recursos gastados en una campaña, la medida está acompañada de excepciones. 

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