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Agencia Reforma
Ciudad de México.- Un juez federal suspendió temporalmente cualquier orden de aprehensión que pudiera existir contra Gustavo Cárdenas Moreno, dueño de una de las empresas proveedoras de equipos de espionaje para la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), en tiempos de Genaro García Luna.
Erik Zabalgoitia Novales, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió al dueño de la empresa Obses de México S.A. de C.V., la suspensión provisional contra un posible mandamiento de captura en su contra.
De acuerdo con la lista de acuerdos, publicada por el juez, el próximo 2 de octubre se llevará a cabo la audiencia incidental en la que -ya con la certeza de la existencia o inexistencia de la orden de aprehensión- se determinará si le conceden o no la suspensión definitiva.
Este amparo es de los denominados coloquialmente como "buscadores", cuyo principal propósito es averiguar si efectivamente ha sido girado o no un mandamiento privativo de libertad.
Cabe decir que la suspensión concedida sólo impide la captura del quejoso cuando se trata de una imputación por un delito que no tenga prevista la prisión preventiva oficiosa.
Cárdenas Moreno es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que en abril pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunciara junto con excolaboradores de García Luna, por un supuesto lavado de dinero.
En la querella, el principal ex mando denunciado fue Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de varias divisiones de la Policía Federal y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, en julio pasado. El mando policiaco y el empresario no tienen ningún parentesco.
Durante la gestión de García Luna, la SSP le adjudicó por lo menos 37 contratos por 673 millones de pesos a Obses de México, desde lámparas eléctricas, rodilleras y detectores de metales, hasta transportadores blindados ligeros y equipos sofisticados de espionaje.
La empresa fue señalada por venderle a la SSP equipos de la firma británica Smith Myers para interceptar la señal de radios Nextel.
En el último año del sexenio de Felipe Calderón también vendió a la entonces Procuraduría General de la República el software malicioso Finfisher/Finspy y un geolocalizador de teléfonos inteligentes Hunter, en 202 millones de pesos.
El software en cuestión es un programa que en su momento fue empleado para la intrusión de equipos de cómputo y después como una solución para espiar aparatos móviles como la mensajería instantánea de Blackberry, en aquella época una de las más seguras.