Acusan desvíos en la Sagarpa

Ciudad de México— Oscar Octavio Olivares Plata y Carlos Vela Gómez, exdirector general y director de Administración de Riesgos de la Sagarpa, enfrentan un proceso penal por la autorización de un apoyo de 2 millones 300 mil pesos, a través de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que presuntamente no solicitó ni recibió una supuesta beneficiaria.

Los exfuncionarios están procesados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en la modalidad de otorgar autorizaciones de contenido económico, ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en esta ciudad.

Según la teoría del caso de la Fiscalía General de la República (FGR), Martha Pérez Almaraz solicitó a la Sagarpa un incentivo económico del proyecto de asistencia técnica para el desarrollo de los procesos de purificación y recuperación de acuíferos, manantiales y cuerpos de agua en los estados del norte, que permiten "rescatar el dinamismo de la producción de ganado, leche y granos".

La Secretaría autorizó los recursos el 16 de abril de 2015 y el mismo día la beneficiaria firmó en la Ciudad de México, ante Vela Gómez como testigo, la cesión de derechos de cobro de este beneficio de 2.3 millones en favor de la UAZ.

Pero, según la imputación de la FGR, Pérez Almaraz nunca estuvo en las oficinas de la Sagarpa para firmar esa cesión -como lo establece dicho documento-, tampoco recibió el dinero y mucho menos solicitó ese apoyo.

De hecho, un dictamen pericial señaló que su firma fue falsificada.

Cuando ella fue interrogada, declaró que nunca pidió dinero para ese proyecto.

"Pues la verdad yo no participé en ese proyecto, siendo éste el proyecto asistencia técnica ya multicitado, y no firmé ningún documento y pues no recibí absolutamente nada, ni conozco a las personas con las que según firmé esos papeles en Sagarpa y mi firma no concuerda con la de los documentos", declaró en una entrevista el pasado 29 de mayo de 2018.

"Una vez que se me puso a la vista el convenio de concertación y el contrato de cesión de derechos, no reconozco como mías las firmas porque yo no firmo así".

Sin embargo, Pérez Almaraz admite que sí entregó documentación a la Sagarpa para obtener un beneficio, destinado al equipamiento de una bodega en la comunidad de Caña Brava. Es decir, reconoce el trámite, pero no la obtención del beneficio que se presume desviado.

La beneficiaria hizo su declaración en mayo de 2018 no ante el Ministerio Público, sino ante la suboficial de la Policía Federal Ministerial, Violeta Hernández Aceves, sin presencia de su abogado, lo que eventualmente puede dar lugar a un debate sobre su nulidad.