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Nacional
lunes, 20 mayo 2019 | 16:40
Ciudad de México— La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la audiencia en la que hoy iba a imputar a dos exfuncionarios de la Sedatu, por delitos relacionados con un presunto desvío de más de 186 millones de pesos a través de la Universidad Politécnica de Chiapas.
José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, y Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de Coordinación de Delegaciones de la dependencia, no enfrentarán de momento un proceso.
Un acuerdo judicial al que se tuvo acceso establece que, a solicitud de la FGR, desde el jueves pasado el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia acordó cancelar la audiencia, aunque esto no significa que los exservidores públicos hayan librado delito alguno, pues los fiscales se reservaron el derecho de imputarlos más adelante.
"Se tiene por recibido el oficio del agente del Ministerio Público de la Federación... a través del cual se desiste de la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación respecto de los justiciables José Antolino Orozco Martínez y Marcos Salvador Ibarra Infante, señalada a las 13:00 horas del 20 de mayo próximo, reservándose el derecho de hacerlo con posterioridad", dice el documento.
"Así... se deja sin efectos la citada audiencia y se ordena a la Analista Jurídico SISE cancele la audiencia de referencia en el Sistema de Interconexión de Juicios Orales (Oraltis), precisando la razón que generó dicho actuar".
De acuerdo con informes judiciales, el delito que la FGR les pretendía imputar es el uso indebido de atribuciones y facultades, en la modalidad de haber otorgado autorizaciones de contenido económico, sancionado con 6 meses a 12 años de prisión y 30 a 150 días multa.
La solicitud de desistimiento fue presentada la semana pasada por el titular de la Agencia Vigésima Segunda Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.
El juez Fuerte Tapia dejó a salvo el derecho de la FGR a proceder en el momento procesal y de la manera en que lo estime procedente, conforme al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Y las hipótesis en las que puede proceder la Fiscalía son, según dicho apartado legal, volver a solicitar tanto la audiencia de imputación contra los ex funcionarios, como la orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, o incluso la orden de aprehensión.
De la cancelación de la audiencia fueron enterados los representantes legales de la Sedatu justo esta tarde, en el momento en que estaba programada, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La cancelación fue acordada después de varios intentos por llevarla a cabo, pues desde el 22 de marzo pasado han sido citados los ex funcionarios y nunca se pudo celebrar porque siempre faltó uno a la cita.
La última vez, hace dos semanas, Orozco Martínez se reportó con problemas de salud a raíz de una crisis de hipertensión y envió al juez una receta médica donde le indicaban reposo de al menos una semana.
La semana pasada el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que el caso conocido como la "Estafa Maestra" iba a ser reformulado para imputar a los presuntos responsables el delito de delincuencia organizada, el cual impide un proceso en libertad provisional.