Son migrantes víctimas de extorsión y secuestro

Ciudad Juárez.— Dentro y fuera de los albergues, los migrantes que llegan a Ciudad Juárez han sido víctimas de violencia e inseguridad, principalmente de delitos de extorsión y secuestro, señala el “Diagnóstico de necesidades de acompañamiento Ciudad Juárez, Chihuahua”, realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). 

El informe con datos de 2021 destaca además que los migrantes han sido víctimas de revisiones arbitrarias, lesiones, robos, intentos de secuestro, detención arbitraria, trata de personas, desaparición forzada, homicidio, abuso de autoridad y revisión forzada, y sus probables agentes agresores fueron principalmente las autoridades, el crimen organizado y los coyotes.

“La inseguridad y violencia no han sido ajenas a las personas en situación de migración que llegan a Ciudad Juárez. Incluyendo a quienes se alojaban en albergues, quienes en varias ocasiones estuvieron a punto de ser levantados por supuestos grupos del crimen organizado y autoridades de gobierno, particularmente integrantes de la Policía municipal. Hechos que no se concretaron”, señala el informe. 

“Enfrente del albergue tuvimos dos asesinatos. También hay casas del Infonavit ocupadas por migrantes pero controladas por los coyotes no sólo en El Valle, también alrededor de las maquilas”, relató uno de los migrantes a los activistas.  

Para el SJM, la situación es más alarmante respecto de las personas en situación de migración que viven fuera de los albergues, ya que generalmente los lugares en que lo hacen y en donde trabajan son de alto riesgo y están controlados por grupos del crimen organizado, el cual también puede llegar a ser una opción tentativa para las personas migrantes, ya sea por su historia personal, lazos con grupos delictivos en sus países de origen, o por las condiciones precarias de vida en que se encuentran en Ciudad Juárez.

Las personas en situación de migración por motivos de violencia fueron un perfil mencionado por la mayoría de las personas entrevistadas por SJM. 

“Cuentan que migraron porque quieren que sus hijos se metan a las pandillas y si no se meten los agreden o matan y a las muchachas hasta las han violado. Eso es lo principal. También por la necesidad de salir, de progresar, porque los trabajos son muy mal pagados y no les alcanza, ya que el dinero que ganan se los quitan las pandillas y las autoridades coludidas con ellos mediante extorsiones. Así que llegan aquí y no hay esperanza para regresarse”, relata el informe. 

Es difícil diferenciar entre crimen organizado y policía

Ante los delitos de los que se dijeron victimas las personas en movilidad, SJM destacó la falta de posibilidades de diferenciar claramente entre el crimen organizado y la policía. También se indicó un aumento en los casos de secuestro por parte de coyotes y crimen organizados. 

Respecto de los lugares de comisión de dichas agresiones, el 78 por ciento de las menciones refirieron a lugares fuera de los albergues, incluyendo inmediaciones, así como casas de renta, casas de seguridad, el aeropuerto, el desierto, el río Bravo y los centros de detención, en particular los secuestros, las extorsiones y las revisiones arbitrarias.

El 22 por ciento restante de los hechos tuvieron lugar al interior de los albergues, especialmente los intentos de secuestro, las revisiones arbitrarias y las revisiones forzadas. 

Las más afectadas

Entre las víctimas destacaron las agresiones y delitos contra mujeres, niñas y personas con orientaciones sexogenéricas no heteronormativas. De ellas, el 40 por ciento dijo haber sufrido violencia sexual, el 20 por ciento explotación sexual, el 20 por ciento violencia contra las mujeres, 10 por ciento trata de mujeres y 10 por ciento más agresión sexual. 

De acuerdo con las personas entrevistadas que pudieron referir los lugares de agresión, dos ocurrieron en el trayecto migratorio previo a llegar a Ciudad Juárez y dos una vez estando alojadas en albergues en esta ciudad.

En tres de los casos señalaron a la Policía municipal, dos a la Policía federal, una víctima al coyote, una más al Instituto Nacional de Migración, otra al crimen organizado y otra más a los propios migrantes.

“Respecto de las nacionalidades de las mujeres que han sido víctimas de trata de personas, especialmente con fines de explotación, destacan aquellas procedentes de Venezuela, Colombia y Cuba, así como de algunas procedentes del interior de México. Algunas de las cuales fueron obligadas a salir de sus lugares de origen mediante enamoramiento, engaños o promesas de mejores alternativas de trabajo o de vida en general pero metidas a actividades de explotación sexual”, señala el informe. 

Algunas más fueron deportadas a Ciudad Juárez y ante la falta de autoridades terminaron involucrándose en dichas actividades ya sea de manera forzada o como alternativa a las condiciones confrontadas, incluyendo el no poder llegar a sus lugares de destino, agrega. 

Sobresale la impunidad

“Entre las barreras de acceso a derecho referidas por las personas entrevistadas destaca la impunidad de los hechos confrontados por las personas en situación de migración. Misma que en ocasiones se debe a la falta de denuncia de estos, ya sea por temor de las personas a hacerlo o por falta de interés”, apuntó la organización.

Las principales razones de falta de interposición de denuncias encontradas fueron el que las autoridades no quieren aceptar casos, el que interponer una denuncia requiere demasiado tiempo y recursos económicos para acudir a hacerlo o porque no hay interés de las personas para interponen denuncias, y sólo lo hacen para obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias o tener un antecedente para su caso de asilo. 

Otra razón de los migrantes para no denunciar es que aunque se interponga una denuncia es muy difícil que avance y no se puede estar atrás de la fiscalía, y que en ocasiones es difícil señalar a la persona responsable y las fiscalías no pueden hacer darle seguimiento a los casos.

Por medio del Proyecto de acompañamiento en Ciudad Juárez, el SJM colabora con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones basadas en la fe para el desarrollo integral de las personas en situación de migración mediante la defensa y promoción de sus derechos humanos, particularmente los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).