Siguen los secuestros de migrantes en las fronteras

Organizaciones y Casas del Migrante del norte de México denunciaron que las personas en contextos de movilidad están viviendo casos de privación ilegal de la libertad y secuestro cuando viajan a la frontera con la intención de llegar a Estados Unidos, por lo que urgieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a que rinda cuentas sobre su estrategia de combate a dichos delitos.

“A través de testimonios detectamos un modus operandi que involucra a autoridades, crimen organizado y empresas de autobuses”, señalaron a través de un comunicado conjunto sobre los casos que les han sido narrados “de manera reiterada” en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Sonora. 

A través del documento firmado por albergues y agrupaciones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, los activistas pidieron a la FGR que en coordinación con las fiscalías estatales se cree una estrategia de monitoreo vinculado a los servicios de transporte de pasajeros que cruzan por el territorio del país. 

“Observamos con preocupación el incremento de casos de privación ilegal de la libertad y secuestro en estados del norte de México… personas en movilidad que viajaron del centro del país a distintas ciudades fronterizas con o sin permiso migratorio, o bien, con una cita agendada en la aplicación CBP One, han sido víctimas de desaparición y otros delitos”, denunciaron. 

Detenidos en retenes

Se dijo que las personas son privadas de la libertad en el trayecto de los camiones comerciales por Durango, Chihuahua y Sonora, en donde son instalados retenes supuestamente de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y otros cuerpos de seguridad, así como de grupos autodenominados como del crimen organizado.

En otros casos, la privación de la libertad ocurre mientras las personas se encuentran esperando abordar los autobuses hacia la frontera, debido a que “las instalaciones de las empresas de transporte son permanentemente vigiladas por miembros del crimen organizado, para monitorear el arribo de personas susceptibles de ser secuestradas. 

Denunciaron que algunos reportes evidencian la aparente colusión de los choferes con los secuestradores, mientras que las empresas de transporte han omitido reportar los incidentes en las fiscalías correspondientes o ante la Subsecretaría de Transporte de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

“En consecuencia, las familias de las víctimas (que se encuentran en los países de origen) pierden contacto con sus familiares por días, enfrentándose a los retos de buscar información sobre el paradero y/o localización de las personas desaparecidas”, señalaron las Casas del Migrante en Juárez en Tijuana, Frontera Digna, Maná y San Juan; Uno de Siete Migrando (1 de 7); Derechos Humanos Integrales en Acción; la Arquidiócesis de Tijuana; Casa Indi, Casa Monarca y Casa Nicolás, de Nuevo León; y el Desayunador Salesiano Padre Chava, de Baja California, entre otras agrupaciones. 

Piden investigar

A través del comunicado, también pidieron al INM que investigue cualquier indicio de involucramiento de sus agentes, así como a dar todas las facilidades de documentación migratoria a aquellas personas que reporten haber sido víctimas del delito de secuestro.

“Pedimos a los Consulados presentes en México, que alerten a sus connacionales acerca del riesgo presente, a fin de que, en la medida de sus posibilidades y contando con documentación migratoria vigente en México, puedan considerar rutas aéreas para arribar a las ciudades fronterizas, puesto que en algunos casos agentes de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en los Estados Unidos) en la frontera han rechazado a personas cuya fecha de cita ocurrió mientras se encontraban secuestradas, a pesar de contar con documentos públicos que acreditan su condición de víctimas”, señalaron.