Diario
Juárez
jueves, 23 mayo 2019 | 09:47
Ciudad Juárez— Un integrante de la administración del priista Héctor Murguía Lardizábal señaló a Enrique Serrano Escobar, sucesor de “Teto” en la alcaldía, de haber perdido alrededor de 250 millones de pesos por la falta de continuidad de diversas obras del Plan de Movilidad Urbana (PMU).
De acuerdo con Arcadio Serrano García, quien fue director de Obras Públicas de la administración municipal 2010-2013, tan sólo para lo que debería ser una prolongación del bulevar Teófilo Borunda se dejaron de utilizar 53.9 millones de pesos.
“Enrique Serrano canceló obras por órdenes de (el exgobernador) César Duarte”, dijo Serrano García.
En entrevista, y luego de que el Poder Judicial reactivó una revisión sobre las obras de pavimentación agrupadas en el PMU y contratadas en 2012, Serrano García aseguró que a esa administración le tocó únicamente el inicio del proyecto debido a que el Congreso del Estado se tardó más de un año en autorizarlo.
“¿Qué pasó después? (…) El dinero que iba a la Teófilo Borunda, porque no le dieron continuidad, a la continuación de la Jilotepec tampoco, al circuito Oro y Plata tampoco, y ese dinero, ¿pues dónde quedó? Se lo transaron”, dijo Serrano García.
Los dos tramos de la avenida Manuel J. Clouthier que no se construyeron se programaron en 35.5 millones de pesos, mientras que otros 20.8 millones serían para el circuito Pablo Sidar-Plata-Filomeno Mata, de acuerdo con el exfuncionario.
En febrero pasado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante el Poder Judicial una impugnación contra una resolución del Ministerio Público que, en diciembre de 2018, declinó seguir una investigación sobre el PMU solicitada por la ASE desde marzo de ese mismo año.
En su dictamen, de acuerdo con lo que reportó el pasado 20 de mayo El Diario, la Auditoría encontró que los servidores públicos responsables del proyecto en los gobiernos de Héctor Murguía, Enrique Serrano y Javier González Mocken, habrían incurrido en irregularidades por modificaciones de convenios sin autorización del Congreso.
Dentro de las anomalías observadas destaca el hallazgo de un beneficio futuro de casi 500 millones de pesos para la empresa contratada (Movicon) en perjuicio de las finanzas municipales, además de cambios en el concreto por material de menor calidad y precio, así como la cancelación de 16 obras.
Desde el pasado 20 de mayo, Enrique Serrano Escobar –alcalde de octubre de 2013 a diciembre de 2015– dijo a El Diario que su gobierno redujo la cantidad de obras por un ajuste derivado de un incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 2014.
“Como no podíamos gastar más allá de los autorizado, pues una solución fue reducir el volumen de obra y ahí de cancelaron algunas obras en pequeñas calles y eso es lo que está señalando la Auditoría, lo está señalando como una falta pero no había otra, si no hay dinero con qué pagar pues no se paga simple y sencillamente, y no se hace”, dijo entonces.
Como su suplente Javier González Mocken, Serrano Escobar señaló que a él sólo le tocó dar cumplimiento a un contrato hecho en la administración encabezada por Murguía.
Sobre el señalamiento de ayer, el exalcalde Serrano sólo agregó ayer que presentaría los datos técnicos ante el Poder Judicial.
Deuda de 5 mil millones, desde 2012
Los pagos mensuales de 22.5 millones de pesos por 20 años que se calcula dejará el PMU en más de 5 mil millones fueron establecidos desde la administración de Murguía, como se observa en el contrato PPS/415/2012.
“El Municipio constituirá el fideicomiso como fuente alterna de pago y afectará irrevocablemente al fideicomiso el derecho de percibir 270 millones de pesos anuales; esto es, 22.5 millones de pesos mensuales de los recursos que le corresponden al municipio (…) en el entendido que tales recursos deberán permanecer afectos al fideicomiso hasta que la empresa y/o sus cesionarios hayan cobrado la totalidad del valor ajustado de la inversión”, dice el contrato del PMU, firmado en septiembre de 2012.
Sobre el adeudo, Arcadio Serrano señaló que era el costo de evitar los constantes pagos de bacheo o repavimentación.
“Cuando se compra una casa del Infonavit, o pago renta o me endrogo por 25 años, que era lo que estaba pasando con nosotros: cada año le metíamos dinero al bacheo, cada año más de cien millones de pesos a esas vialidades principales”, dijo.
Una audiencia judicial sobre el PMU prevista para el pasado 20 de mayo, a la que fueron citados los exalcaldes, fue diferida para el 1 de julio.